El fogueo de la justicia de cara al proceso de paz

En una reciente visita del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco Henríquez, al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), el funcionario aprovechó para examinar el funcionamiento de la justicia transicional en Colombia. Tras el ejercicio, ambas instituciones se mostraron confiadas de que el aparato judicial colombiano está en condiciones de juzgar las más de 110.000 nuevas violaciones a los derechos humanos que estaría obligado a conocer.

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Unos 22.000 procesados, casi la mitad de ellos guerrilleros de las FARC, tendrían que vérselas con los jueces y magistrados que harán parte del nuevo esquema de justicia transicional que opere a través del Tribunal Especial para la Paz, que según ambos organismos tendría en Justicia y Paz un interesante espejo retrovisor.

Según el presidente del CSJ, José Agustín Suárez Alba, ese esquema de justicia alterna –que funcionó a partir de la desmovilización de los paramilitares, pero que también fue puesto al servicio de quienes decidieran abandonar otros grupos ilegales como las FARC y el ELN– ha permitido procesar a 32.000 excombatientes.

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A través de Justicia y Paz, dice, han sido investigados y juzgados 57.000 hechos delictivos que han sido confesados por los desmovilizados en sus versiones libres ante la Fiscalía. Así mismo, precisó que de los 5.050 desmovilizados postulados, 1.336 han sido objeto de formulación de imputación de cargos, lo que explicaría el porqué del convencimiento que tienen los representantes de la justicia sobre la capacidad del país para afrontar el juzgamiento de los hechos delictivos de las FARC, luego de su desmovilización.

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Para el relator especial de la CIDH, la experiencia de Colombia juzgando casos de graves violaciones a los derechos humanos es positiva. Según él, así lo demuestra la labor formativa de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla a jueces que han sido destinados de manera exclusiva a atender causas del conflicto.

Entre los logros de la Escuela se cuenta la capacitación de 12.000 servidores judiciales, entre ellos 818 en derechos humanos, 1.509 en restitución de tierras, 1.856 en perspectiva de género, 183 en asuntos laborales en la OIT y 318 en ética judicial.

El CSJ espera que estas cifras sean el reflejo de una buena experiencia del país en materia de justicia transicional, ya que el eventual sometimiento de procesados al Tribunal Especial para la Paz implicaría juzgar a 10.400 guerrilleros de las FARC, 7.500 agentes de la fuerza pública y 4.350 civiles.

Quejas

Sin embargo, esa actitud optimista parece contrastar con algunas quejas que han llegado a la Corte Suprema de Justicia por el supuesto bajo rendimiento de algunos despachos responsables de la puesta en marcha del esquema de Justicia y Paz.

Por eso, en días pasados se supo que la Sala Penal de ese alto tribunal le pidió cuentas a presidentes de las salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores de Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla.

Para la máxima instancia de la justicia ordinaria, era preocupante el balance de algunos despachos que en 10 años de este esquema especial de juzgamiento no habían dictado todavía su primera sentencia.

Por eso, mientras el CSJ confía en que la jurisdicción de Justicia y Paz sea un aliciente para cumplir eficientemente los acuerdos logrados con la guerrilla en materia de Justicia, la Corte Suprema de Justicia está a la espera de conocer con certeza cuántas víctimas se han visto beneficiadas por la expedición de sentencias contra desmovilizados, lo que refleja una cierta desconfianza hacia el funcionamiento del sistema.

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