Martes, 24 de enero de 2017

| 2016/08/10 23:25

Por cartillas de la discordia, procurador le pide explicaciones a Santos

Para Alejandro Ordóñez, el jefe de Estado debe explicarles a los padres de familia por qué, según él, se les está quitando a los padres el derecho a formar a sus hijos en materia de sexualidad.

El alto funcionario dijo que es el presidente Juan Manuel Santos quien debe explicarles a los colombianos qué busca realmente el Gobierno con esa iniciativa. Foto: Fotomontaje SEMANA

Hasta ahora Ordóñez era el gran ausente en la controversia que tiene en el ojo del huracán a la ministra de Educación, Gina Parody, por su intención de promover un freno a la discriminación sexual y de género, a pesar de que la Procuraduría ha sido protagonista de excepción en esa disputa. El jefe del organismo público no se aguantó las ganas de terciar.

El alto funcionario dijo que es el presidente Juan Manuel Santos quien debe explicarles a los colombianos qué busca realmente el Gobierno con esa iniciativa que, para él y los críticos del trámite, busca imponer lo que califican como “ideología de género” en los colegios y las familias.

Representantes de sectores conservadores, entre ellos el concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, invitaron a padres de familia y a educadores a pronunciarse en contra de la iniciativa y a censurar los procedimientos institucionales de la cartera de Educación en defensa del respeto por quienes profesan orientaciones distintas a la heterosexual.

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Lo que en realidad se había venido gestando dentro del Ministerio era la preparación de una política pública que era producto de un fallo en el cual la Corte Constitucional determinó que el Gobierno y demás instituciones deberían orientar a los colegios para que en la elaboración de sus manuales de convivencia no se siguieran introduciendo medidas discriminatorias, especialmente aquellas que atentan contra la libertad de formación sexual de los alumnos.

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Algunos con argumentos serios y transparentes, y otros a través de la guerra sucia, acusaron a la ministra de promover una serie de cartillas en las que aparecían hombres desnudos y otras imágenes parecidas, pero que en realidad no eran de autoría de la entidad al mando de Parody ni hacían parte de su gestión.

Poco tiempo tardó la ministra en aclarar la situación, al precisar que ese material era ajeno a la tarea que venían cumpliendo. Sin embargo, en ese mismo propósito de desenmascarar a los culpables, terminó señalando a la Procuraduría de estar detrás de ese complot.

En realidad, esa respuesta obedecía a que la exministra Cecilia Álvarez había sido testigo directo de una conversación de whatsapp, en la cual el delegado del Ministerio Público, Carlos Mesa, había compartido una caricatura de un bebé en la cual se sugería, jocosamente, que con las nuevas tesis de Gina Parody habría que esperar el dictamen del Ministerio para conocer el sexo de ese recién nacido.

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Al alto funcionario le tocó aclarar el tema y desmentir que la entidad estuviera liderando algún tipo de persecución o guerra sucia contra Parody y su iniciativa. En lo que sí estuvo muy activa la Procuraduría, principalmente la delegada de Infancia y Adolescencia, Ilva Miryam Hoyos, fue frente a las marchas que se efectuaron este miércoles como acto de protesta contra el proceso que trata de adelantar el Gobierno.

Hasta ahora, el gran ausente de la discusión había sido Ordóñez. Pero ese silencio se rompió en la tarde de este martes, cuando el funcionario le pidió al presidente Juan Manuel Santos que marchara con los miles de padres que se oponen a que se les imponga la manera como deben educar a sus hijos.

Según él, no es la ministra sino el mandatario quien debe hacerse responsable de esta decisión. Además, acusó al Gobierno de excusarse en el cumplimiento de un fallo judicial para querer adoctrinar a jóvenes y niños en toda Colombia, en contra de los deseos de las comunidades educativas y contrariando incluso la voluntad de sus propios padres.
Dijo que habla como papá y como abuelo, que se indigna al saber que las instituciones le están impidiendo decidir, como es su derecho, sobre la educación moral de nietos e hijos.

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