Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 1996/03/25 00:00

PUNTO FINAL

COMIENZA A AGITARSE LA TESIS DE PERDON Y OLVIDO PARA LOS IMPLICADOS EN EL PROCESO 8.000 CUALES SON SUS POSIBILIDADES?

PUNTO FINAL

Nadie sabe muy bien de dónde salió la idea. Pero el hecho es que en medio de la tormenta política que vive Colombia, de un momento a otro la gente dejó de discutir tanto sobre si el presidente Ernesto Samper debe o no retirarse del cargo, y comenzó a debatir con igual o incluso mayor fervor, si debe dictarse una ley de punto final.Como suele suceder en estos casos, la mayoría de quienes se han enfrascado en la discusión lo han hecho sin tener en claro en qué consiste la mentada ley. Y es que como nadie ha planteado formalmente una propuesta al respecto y todo el asunto se ha limitado a un par de columnas de opinión sin mayor detalle, al anuncio de algunos parlamentarios de un proyecto aún no definido y a algunas frases más bien generales del fiscal Alfonso Valdivieso, no es fácil determinar con exactitud cuál es el debate. Sin embargo, en medio de la confusión, la idea ha ido tomando forma. Se trataría de una ley que pondría a todo parlamentario y, eventualmente, a todo dirigente político y funcionario que hubiera recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña, ante la posibilidad de confesar ese hecho, renunciar a su cargo y a cualquier opción de volver a ser nombrado o elegido por varios años o incluso de por vida para, a cambio de ello, no ir a la cárcel.
En principio la idea puede sonar absurda, pues el público no entiende muy bien por qué los políticos deberían recibir un trato preferencial y no ir a la cárcel a pesar de haber delinquido, siendo que la Constitución establece el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley o como quien dice, coloquialmente hablando, que la cárcel no debe ser sólo para los de ruana. Sin embargo, existe un marco conceptual que puede llegar a justificar la propuesta. El primer elemento de ese marco es que quienes cometieron ese delito _que la Fiscalía y la Corte Suprema han tipificado como enriquecimiento ilícito_ lo hicieron en un país en el que reinaba la tolerancia frente a los dineros calientes. Según Gabriel García Márquez, una de las figuras que en estos días más se ha interesado en el tema del punto final, "se generó un ambiente nacional de relajación moral y ética, tanto en la actividad política como en muchos otros sectores". En efecto, durante muchos años no sólo los dirigentes políticos sino también industriales, banqueros, constructores, profesionales independientes, periodistas, empresarios deportivos y artistas aceptaron jugar el lucrativo papel de socios o beneficiarios, directos o indirectos, de negocios alimentados por el narcotráfico. Aunque es difícil medir la dimensión exacta de la infiltración de estos dineros en la economía colombiana, es evidente que una parte importante de ciertos desarrollos industriales, de la solidez de algunos bancos, de las sucesivas bonanzas de la construcción y de los años de oro de algunos deportes como el fútbol, se debe a la plata de los carteles.
Lo sucedido en la política no es diferente. En un país donde muchos electores se han acostumbrado a vender su voto y donde la apertura de los medios electrónicos de comunicación a la propaganda política _en especial la televisión_ encareció dramáticamente las campañas, era inevitable que los políticos terminaran acudiendo a los narcotraficantes para financiar su actividad proselitista. Al principio, como sucedía en tiempos de Pablo Escobar, el fenómeno fue más excepción que regla. Pero con el tiempo y en especial desde el momento en que el cartel de Cali decidió buscar leyes claramente favorables a sus intereses, la práctica se extendió masivamente a tal punto que hoy se calcula que más o menos un tercio de los actuales congresistas recibieron ayuda de los hermanos Rodríguez Orejuela o de sus socios.
El anterior cálculo es justamente el segundo elemento del marco conceptual de la propuesta de punto final. Si más de un tercio del Congreso está metido en el lío, el fenómeno no sólo indica que buena parte de la clase política está enferma sino que algo anda muy mal en el conjunto de la sociedad colombiana. En otras palabras, que la infiltración del narcotráfico no obedece solo a una falla moral sino a una realidad socioeconómica. Como dijo la semana pasada un representante liberal a la Cámara que discutía acaloradamente el asunto en un corredor del Capitolio "cuando cerca de la mitad de los alumnos se rajan en un salón, algo anda mal no sólo con ellos sino con el profesor y con todo su curso". Y así como en estos casos los profesores suelen anular el examen en el que hubo tantos rajados o subirle a todo el mundo un punto en la nota, en el caso de los parlamentarios también se justificaría un tratamiento especial.
Un tercer elemento a tener en cuenta es que, sin desconocer para nada que lo sucedido con las campañas políticas es, como lo dijo hace pocos días el canciller Rodrigo Pardo, "una catástrofe", no hay que olvidar que el país tiene muchos otros problemas profundamente graves como la violencia y la miseria, que han sido dejados de lado en el debate político por cuenta del proceso 8.000. Y para que el país se vuelva a ocupar de esos problemas se necesita que de alguna manera la crisis actual encuentre una salida definitiva. La ley de punto final podría facilitar esto " a ver si por fin _dice García Márquez_ este país se dedica a resolver tantos otros asuntos que tiene pendientes".
El principal problema que tiene una ley de punto final es que si el tema es la penetración de dineros calientes en la sociedad, no puede ser el punto final. El narcotráfico es una realidad económica de 5.000 millones de dólares al año de utilidades y por lo tanto el negocio más rentable del país. Mientras esto sea así, será imposible aislarlo de la política. Las elecciones siempre las financian los ricos. Y los ricos más ricos de Colombia son los narcotraficantes. Por lo tanto aunque es probable que en ninguna campaña presidencial en el futuro cercano se vuelva a repetir lo que se vió en la campaña de Ernesto Samper, lo más seguro es que a nivel de provincia la financiación de la mafia siga siendo una práctica. Ningún candidato a la presidencia se expondrá nuevamente a que lo denuncie el Consejo Electoral, lo investigue la Fiscalía o le monten un escándalo como el que ha padecido Samper. Pero no pasará lo mismo con los candidatos al Congreso. Si en Pasto, en Riohacha o en Pereira un narco le ofrece 10 millones de pesos en efectivo a un amigo político es poco probable que los rechace. En esos lugares sin la lupa de la DEA, la Fiscalía y la prensa encima, es difícil que alguien se entere, fuera de las dos personas que hacen la transacción.
Por todo esto una ley de punto final puede ser viable y hasta necesaria, pero no es la solución definitiva del problema de los dineros calientes en la política. Estas medidas de perdón y olvido generalmente buscan amnistiar situaciones concretas ya superadas. Ese fue el caso de los excesos cometidos por las dictaduras en Argentina, Uruguay y Chile (ver recuadro) . En el caso de Colombia se estaría amnistiando un fenómeno que subsiste: el del narcotráfico. Esto implica que más que solucionar un problema estructural, se estaría abordando uno político coyuntural. Sin embargo, este último es tan grave, que una ley de punto final puede ser la única solución.
Antes de tiempo
Esta fórmula no es en todo caso muy popular. Para el común de los colombianos resulta indignante que los padres de la patria reciban un trato privilegiado y no paguen con cárcel sus delitos. Así lo demuestran los distintos sondeos sobre el tema (ver encuesta). Por el contrario, entre la clase dirigente, aunque hay feroces opositores como el senador Enrique Gómez, la idea se ha abierto camino. Sin embargo, todo el mundo parece convenir en que la ley sólo será viable si impone severas condiciones a los beneficiarios del punto final.En general entre los analistas existe la impresión de que el tema ha sido planteado prematuramente. Para el ex ministro Fernando Cepeda "quienes propusieron esta idea en el Congreso pueden haberla abortado" . De acuerdo con Cepeda antes de hablar de punto final es necesario que se conozca toda la verdad "para que sepamos qué es lo que se va a perdonar, para que todo el país comprenda y asuma la crisis y para que haya una catarsis completa". El politólogo Eduardo Pizarro coincide con esta idea: "Una ley de punto final sólo puede darse después de que se llegue al fondo del proceso, se conozca toda la verdad y haya una condena moral ". Otro analista, el argentino nacionalizado colombiano Juan Tokatlián, comparte esta idea y cita el ejemplo de su país natal "donde la comisión Sábato en su labor de desentrañar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar sirvió de catarsis previa a la ley de punto final "
Según el columnista de El Tiempo, Hernando Gómez Buendía, reconocido como uno de los más agudos analistas de la actual crisis, "no puede haber perdón basado en la mentira y aquí todavía hay mucha mentira" . Para Gómez también "el tema es prematuro y huele mal, porque no es la sociedad civil la que está planteando el perdón a los que deben ser sancionados, sino los propios candidatos a la sanción los que están empujando el tema".Cepeda va más allá y agrega que uno de los grandes inconvenientes de la idea es que haya sido planteada en el Congreso "antes del juicio al Presidente, antes de que la crisis presidencial tenga un desenlace definitivo". Para el ex ministro la opinión pública podría llegar a pensar que el primer mandatario y el Congreso están avanzando hacia una negociación consistente en que Samper apoyara la ley de punto final que favorecería a los congresistas y que a su vez los congresistas salvaran al Presidente en el juicio. Gómez Buendía y Cepeda coinciden en que el tema no debería avanzar sino después de que se resuelva en términos definitivos la crisis presidencial. "Entre otras cosas _agrega Gómez_ porque este Presidente no podría sancionarla, sea porque la ley lo cobije a él o porque cobije a sus juzgadores". A este respecto los analistas coinciden en que la ley solo sería políticamente viable en el ambiente de reconciliación nacional que surgiría de llegar a producirse una transición en la jefatura del Estado. Es a todas luces impensable una ley de punto final si el Presidente sobrevive la crisis pues su elección se convirtió en el símbolo de la tolerancia del país con los dineros calientes. Esto genera un círculo vicioso: no puede haber perdón y olvido para el Congreso si el Presidente de la República no se retira del poder.
El ex presidente Alfonso López Michelsen también piensa que el tema es prematuro. "Esta ley sería muy buena pero aprobada por otro Congreso, no por el actual, pues de lo contrario se trataría de una especie de autoabsolución", asegura el ex presidente. Para López esto es lo que justificaría una anticipación de las elecciones, aunque reconoce que dicha anticipación requeriría una reforma constitucional que se demoraría más o menos un año en estar lista y para entonces ya faltarían muy pocos meses para las elecciones de 1998.
Cepeda cree en cambio que la manera de suplir el problema de que los actuales congresistas podrían estar legislando en causa propia es utilizando la vía del referendo o la consulta popular. De esa manera, aunque el Congreso tendría que aprobar la base de la propuesta legislativa, sería finalmente el pueblo con sus votos el que otorgaría o negaría el perdón a los acusados, tal y como sucedió con la ley de punto final uruguaya, que fue refrendada por los electores de ese país, quienes de ese modo perdonaron a los violadores de los derechos humanos.
No sólo zanahoria
Pero aún si el tema es prematuro es probable que más tarde o más temprano terminará por abrirse paso. Y ya que se va a abrir se paso es mejor que la idea vaya tomando la forma correcta. Según los analistas consultados por SEMANA la validez de la ley se definiría en buena medida poniéndole no sólo una buena zanahoria (la no cárcel), sino mucho garrote. Para Cepeda el perdón tiene que suponer cuando menos cinco condiciones: · La plena confesión por parte del político de que recibió dineros del narcotráfico e incluso de cuánto y cómo lo recibió.· Un arrepentimiento público que implique el reconocimiento por parte del acusado de que esa fue una conducta indebida, pues la idea es que al público en general le quede de esto una lección.· El dirigente tiene que ser condenado por un procedimiento sumario basado en su confesión.· Una vez condenado, el juez condonará la pena de prisión y el procesado podrá irse para su casa.· En todo caso debe haber castigo: en vez de ir a la cárcel el condenado perderá los derechos a ser elegido o nombrado en cualquier cargo público. La Fiscalía y el juez tendrán en cuenta que no todos los casos son iguales y que por ejemplo hubo quienes recibieron mucho más dinero que otros. Con base en ello podrían decidir que en los casos menos graves la pérdida de derechos fuera sólo de 10 años y que en los más graves fuera de toda la vida. Este punto es muy importante, pues si no se permite que la justicia estudie cada caso individualmente, la ley se convertiría en una amnistía o indulto y eso la haría inconstitucional, ya que la Carta del 91 limita la amnistía e indultos a los delitos políticos y el enriquecimiento ilícito no lo es.Cepeda plantea además que en la medida de lo posible el dinero que los arrepentidos hayan recibido de los narcotraficantes debería ser reintegrado a un fondo destinado a favorecer a las víctimas de la violencia originada en el narcotráfico. Considera además, y en ello coincide Eduardo Pizarro, que hay que ponerle una fecha límite. De tal manera que los candidatos arrepentidos no se queden toda la vida esperando a que aparezcan pruebas en su contra para acogerse a la ley de punto final, sino que lo hagan aun aquellos que no hayan comenzado a ser investigados, pero que teman que en cualquier momento les aparezca un cheque.
Cuestión de presentación
Las anteriores condiciones pueden parecer muy severas o utópicas y difíciles de aceptar para parlamentarios que hasta ahora, y a excepción de María Izquierdo, se han mostrado más bien arrogantes ante la justicia. Sin embargo, tanto ellos como los distintos promotores de la idea deben entender que la única manera de legitimarla ante la opinión pública es que todo el mundo entienda que no se va a tratar simple y llanamente de decretar la impunidad.
Esto no es sólo importante a nivel nacional. También, y mucho, a nivel internacional. En Estados Unidos el asunto ya ha sido muy mal recibido y según fuentes de la embajada colombiana en Washington ha contribuido muy poco al proceso de la certificación. El titular con el que el New York Times presentó el tema en un extenso artículo el martes de la semana pasada lo dice todo: "Los legisladores en Bogotá quieren amnistiarse a sí mismos". El asunto internacional es tan delicado que, en opinión de Eduardo Pizarro, la única manera de sacar adelante la ley es acompañarla de un mensaje muy fuerte para que en el exterior no la vean como un intento por institucionalizar la impunidad. Y ese mensaje, según Pizarro, no puede ser sino la reimplantación de la extradición a partir de una determinada fecha, antes de la cual, todo el que se someta a la justicia tendrá garantizada la no extradición. La misma garantía de no extradición favorecería a los que ya están detenidos y han confesado sus delitos. Hablar de extradición en Colombia hoy es un tema muy espinoso y es por eso que la sugerencia de Eduardo Pizarro no parece muy viable. Sin embargo refleja la dimensión del 'garrote' que se requiere para que la comunidad internacional acepte una ley de punto final.
Algo que también contribuiría a la legitimidad de la medida, es que el proyecto de ley no surgiera del Congreso ni del gobierno, sino por ejemplo de la Fiscalía o de una comisión de notables. Una vez conocido el proyecto, los parlamentarios tendrían que comprometerse a no colgarle micos ni ningún tipo de trampa que abriera las puertas a la impunidad. Otro compromiso que tendría que surgir es el que no se volvería a dictar en muchos años una ley similar, pues de lo contrario, la iniciativa se 'perratearía' como ha sucedido con las amnistías tributarias.
Todo lo anterior demuestra los grandes escollos que tendrán que superar los promotores de esta ley. Y eso que el debate apenas comienza y se está dando de manera anticipada, pues se está hablando ya del punto final de una novela que apenas va por la mitad.


PUNTO FINAL: EXPERIOENCIAS DE OTROS PAISES


El principal objetivo de las leyes de punto final propuestas en otros países ha sido el de facilitar la transición después de momentos de profunda crisis. Esa era la finalidad que buscaba el proyecto de ley conocido como 'Borrón y cuenta nueva' presentado en Octubre de 1994 por el Ministro de Justicia, Alfredo Biondi, ante el parlamento italiano. La iniciativa proponía darle a los acusados dentro de la operación 'Manos Limpias' que hubieran cometido delitos con penas no mayores de tres años de cárcel como corrupción, concusión y financiación ilegal de campañas, 180 días de plazo para que se autodenunciaran. Quienes lo hicieran no serían enviados a prisión pero les quedaba prohibido de por vida volver a ocupar cargos públicos. La propuesta, que sólo requería la aprobación del Congreso, fue derrotada por la opinión pública que consideró inmoral ayudar a los corruptos, cuyos juicios apenas comenzaban, a evadir el peso de la ley y fue determinante en el proceso de desprestigio que finalmente llevó a la caida del Primer Ministro Silvio Berlusconi.
En los casos de los países del Cono Sur, con excepción de Chile, las Leyes de Punto Final se dieron siempre en la transición de la dictadura a la democracia y se aplicaron después de que comisiones de notables realizaran investigaciones para esclarecer los hechos. Cuando Raúl Alfonsín asumió el poder en Argentina en 1983, después de seis años de gobiernos militares consecutivos, ordenó el juzgamiento de los altos mandos castrenses por violaciones a los derechos humanos. Como consecuencia del juicio se condenó al general Jorge Rafael Videla, ex comandante en jefe del Ejército , al almirante Emilio Massera, ex jefe de la Marina, y al brigadier Orlando Agosti, ex comandante de la Fuerza Aérea, a cadena perpetua. El general Roberto Viola y el almirante Armando Lambruschini, de la segunda junta, recibieron penas de 17 y 8 años de prisión, respectivamente. Sin embargo, después de condenar a los responsables de más alto rango, continuar los juicios a los demás militares se convirtió en un imposible político pues significaba involucrar a una buena parte de la oficialidad. Es por esto que en 1986 Alfonsín, después de conocer el informe de la llamada Comisión Sábato, propuso una Ley de Punto Final. La norma, que fue aprobada en el Congreso, fijó un plazo de tres meses para iniciar nuevos procesos. Esto significaba que los casos de los militares acusados que no estuvieran condenados antes de los tres meses, quedaban anulados. Aunque muchos sectores aceptaron la ley como un paso necesario para la reconciliación, otros como las Madres de la Plaza de Mayo la consideraron una burla a la justicia.
En Uruguay, tras once años de dictadura, los militares finalmente le entregaron el poder en 1984 a Julio María Sanguinetti. La izquierda más radical, encabezada por los tupamaros adelantó entonces una campaña para que los militares fueran juzgados por los crímenes cometidos durante la dictadura. Sin embargo, los oficiales consiguieron que los partidos políticos tradicionales promovieran una propuesta de Punto Final, aprobada en el Congreso en 1986. La Ley tenía como objetivo indultar a todas las personas que hubieran cometido delitos comunes, militares y políticos, entre el primero de enero de 1962 y el final de la dictadura. En 1989, los uruguayos sometieron a un referéndum la decisión de ratificar o mantener esta ley. El 53 por ciento estuvo a favor de la amnistía y el 42 por ciento en contra. Este resultado dejó a muchos insatisfechos pues, según los uruguayos, los crímenes que se cometieron durante los 11 años de dictadura se podrán olvidar pero nunca perdonar.
En el caso chileno, cuando la ley se expidió los militares aún mantenían el poder. La Ley de Amnistía fue aprobada por la propia Junta de Gobierno y cobijaba a los civiles y militares que en calidad de cómplices, hubiesen incurrido hasta 1978 en delitos contra los derechos humanos. Después de aprobada la medida, el General Augusto Pinochet buscó la forma de seguir garantizando su seguridad y la de los militares que lo habian acompañado. Es por esto que, cuando perdió el plebiscito en 1988, dictó las llamadas 'Leyes de Amarre' cuyo objetivo era mantenese en vigencia aún después de la transición a la democracia y garantizar su permanencia en el Consejo de Seguridad Nacional. El presidente Patricio Aylwin creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación como respuesta a la necesidad de esclarecer los casos más dramáticos de violaciones de los derechos humanos. Sólo después de que se conocieron los resultados de esta comisión, los chilenos aceptaron finalmente que la Ley de Punto Final fue un paso definitivo hacia la transición democrática.

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