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| 11/3/2003 12:00:00 AM

Qué es el Plan B

Luego del hundimiento del referendo los colombianos se deben preparar para una avalancha de impuestos, menos inversión y más despidos. ¿Por qué tan duro el ajuste?

Luego del naufragio del referendo llega un Plan B que va a poner a sudar la gota gorda a los colombianos. La situación no da espera: el hueco fiscal es demasiado grande, el gobierno ya no se puede endeudar más, los ingresos no crecen y los gastos son difíciles de reducir por las restricciones que impone la Constitución. Conclusión para los años que vienen: apretar, apretar y apretar.

El referendo habría ahorrado un billón y medio de pesos en 2003 por la congelación de salarios. Faltando dos meses para acabar el año no hay tiempo de compensar la caída del referendo con la creación de nuevos impuestos y por eso la única salida es el recorte de gastos. Así las cosas, la semana pasada el gobierno anunció un recorte de un billón de pesos. ¿Qué cortó? Lo poco que quedaba de inversión pública, puesto que la ley y la Constitución impiden echarle más tijera a los gastos de funcionamiento.

Para el año entrante las cosas serán mucho más difíciles, pues el referendo ahorraría en 2004 cerca de tres billones de pesos. Para compensar este faltante el gobierno tiene previstos más recortes y un largo catálogo de nuevos impuestos.

En su alocución televisada el presidente Alvaro Uribe habló de ampliar el número de productos cobijados por el IVA, excluyendo "el corazón de la canasta familiar". Esto también implicaría nivelar por lo alto la tasa del impuesto a aquellos productos que hoy tienen un IVA menor a 16 por ciento. Con esta medida se podrían recaudar, según cálculos preliminares del gobierno, entre un billón y un billón y medio de pesos.

Alvaro Uribe también mencionó la creación de un impuesto a las pensiones, que se aplicaría únicamente a las mesadas superiores a los cuatro salarios mínimos. La tasa de este nuevo tributo sería progresivamente más alta cuanto mayor sea la pensión. Adicionalmente a esto, el gobierno estudia el establecimiento de un impuesto de entre 20 y 25 por ciento a la mesada 14, que es una especie de ñapa o prima que reciben los pensionados. De hecho, el gobierno asegura que seguirá pagando esta mesada adicional a los actuales pensionados, pero no tiene claro que pueda seguir haciéndolo para los nuevos trabajadores que se vayan jubilando. Por el lado de las pensiones, en todo caso, los nuevos recaudos tributarios deberían ser del orden de medio billón de pesos.

En su discurso el Presidente también habló de limitar la exención de las rentas laborales para las personas de ingresos altos. Hoy en día los trabajadores tienen una exención de 25 por ciento, que se desmonta gradualmente para quienes ganan más de 16 millones de pesos mensuales. La idea sería rebajar este último tope.

Por último, el Presidente hizo algunas propuestas que tienen que ver con el impuesto de renta, pero no fue muy concreto al respecto. Tan sólo mencionó tres posibilidades: revivir el impuesto al patrimonio, extender por más años la sobretasa 'temporal' que este año se aplica al impuesto de renta, y la suscripción obligatoria de bonos por parte de los contribuyentes.

El hecho es que los nuevos impuestos deberían traerle al gobierno cerca de dos billones de pesos adicionales en 2004, lo que sería una reforma tributaria más o menos del mismo calibre de la que se aprobó a fines del año pasado. El resto del ajuste del año entrante se haría mediante recortes adicionales del gasto. En este punto la propuesta del gobierno es modificar la Ley 715, que regula la participación de las regiones en los ingresos de la Nación, y la Ley 756 de regalías petroleras, para sacar de ahí recursos y destinarlos al pago de pensiones.

La intención de la administración Uribe es adicionar todo este paquete de medidas a la ley antievasión, que se estudiará en breve en el Congreso, para lograr su aprobación antes de que acabe este año. Esto es fácil decirlo, pero hacerlo resultará ser una carrera de obstáculos.

Gobernar al debe

Las primeras dudas surgen en torno a la viabilidad política de estas medidas, en momento en que las relaciones del Presidente con el Congreso están bastante tensas. Hay que recordar que en la reforma pensional del año pasado el gobierno intentó, sin éxito, gravar las pensiones. También intentó limitar la exención de la renta para los asalariados que ganaran más de cuatro millones de pesos mensuales pero el Congreso sólo permitió el desmonte progresivo de este beneficio para quienes ganan más de 16 millones. Da la casualidad que senadores y representantes ganan 14 millones al mes y a la mayoría de ellos no les gusta aprobar medidas tributarias que los afecten a sí mismos. Es difícil imaginar porqué los mismos congresistas habrían de cambiar de mentalidad este año.

De otro lado, el paquete de reformas que propuso Uribe ya empezó a recibir una lluvia de críticas por parte de los congresistas. Algunos han señalado la contradicción del Presidente, que el año pasado creó una serie de nuevas exenciones al impuesto de renta y por otro lado quiere establecer nuevos impuestos. Señalan, no sin razón, que sería más sano eliminar muchos de los huecos que hoy existen en el impuesto de renta antes que crear nuevos tributos o subir las tasas de los actuales.

Más allá de esto, el ajuste que plantea el gobierno tiene un problema de fondo, y es que se apoya demasiado en los impuestos y muy poco en el recorte de gasto. Es menos recesivo y perjudicial para la economía cortar los egresos del gobierno que aumentar la carga tributaria. En este punto, sin embargo, hay que reconocer que Uribe la tiene difícil porque la Corte Constitucional le está bloqueando las salidas.

La semana pasada este alto tribunal cambió de parecer, por tercera vez en tres años, sobre el tema de los incrementos salariales del sector público. Antes había dicho que a aquellos que ganaran menos de dos salarios mínimos se les tendría que aumentar el sueldo anualmente en un porcentaje equivalente a la inflación. A los que ganaran más, de acuerdo con la doctrina anterior, sí se les podría congelar la remuneración.

Pero el jueves pasado la Corte decidió que a éstos últimos también se les tendría que reajustar el sueldo en un porcentaje equivalente, como mínimo, al 50 por ciento de la inflación. ¿Por qué 50 por ciento y no 45 o 70? Nadie se explica cómo hace la Corte para 'interpretar' números en una Carta que no tiene ninguna indicación aritmética.

Es bien sabido que el gobierno gasta más de lo que le entra. Cuando ya no se puede endeudar más la única forma de solucionar el problema es subiendo ingresos o recortando gastos. Lo segundo es más deseable que lo primero, porque los impuestos son más recesivos. Ahora bien, de cada 10 pesos que gasta el gobierno para funcionar siete se van en nómina. Si ni siquiera los salarios altos se pueden congelar, ¿qué salida queda para bajar el gasto? ¿Botar más gente?

Calma chicha

Si el paquete de medidas que presentará el gobierno se hunde, el país quedará expuesto a una tormenta financiera similar a la que se vivió a mediados de 2002, que estuvo marcada por una devaluación desbocada y la famosa crisis de los TES. Los más escépticos señalan que antes de las elecciones el gobierno había pronosticado una crisis similar en caso de que no pasara el referendo. Este se hundió y no se han visto hasta ahora las consecuencias apocalípticas.

Es cierto que la reacción de los mercados ante la noticia del referendo fue bastante más moderada de lo que muchos esperaban. Es afortunado, además, que le hayan dado un compás de espera al país para que resuelva su situación fiscal. Pero el hecho de que la situación haya estado calmada la primera semana no quiere decir que lo siga estando hacia adelante.

Los mercados financieros son caprichosos y volátiles. En momentos de calma, como el actual, pueden perdonar una crisis fiscal como la que vive Colombia. Sin embargo, cuando llega un sobresalto internacional, como el de la crisis asiática de 1997 o el que hubo el año pasado ante el inminente triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, sencillamente dejan de prestarles a los países que no tienen en orden sus finanzas públicas. Colombia ya pasó por ese susto en 1998 y en 2002.

Y si no saca adelante el Plan B antes de diciembre quedará expuesto a repetir la historia en cualquier momento, pero esta vez sin la garantía de un final feliz.
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