Rápidos y furiosos

En octubre de 2003, un grupo de taxistas se tomó pacíficamente las vías de Cartagena. Lo mismo hicieron, a principios de año, las empresas de transporte público de Cartago y los taxistas de Sincelejo. Todas las manifestaciones tenían como fin protestar por las enormes pérdidas que le genera al transporte público legal la proliferación de mototaxis, esas motos de poco cilindraje que por 500 pesos llegan a transportar hasta cuatro pasajeros a la vez.

Pero problemas generados por la proliferación de las mototaxis no afectan sólo a estas tres ciudades. En otras, como Palmira, Buga, San Andrés y Cartago, los transportadores también sienten que las mototaxis les montaron una competencia desleal.

Aunque estas llegan más rápido a su destino y transportan puerta a puerta a la gente a un bajo costo, tienen más riesgos que ventajas. Además de quitarle clientela e ingresos al transporte público legal, son inseguras para usuarios, peatones y conductores. Es un medio de transporte que a todas luces va en contravía del transporte masivo que se busca en las ciudades modernas: seguro, digno, que no contamine el aire ni haga ruido y que cumpla con la ley.

Así lo demuestran las cifras. Aunque en 2003 la accidentalidad vial se redujo en el país en un 9,4 por ciento, en las ciudades donde funcionan las mototaxis esta se disparó. En Buga, el número de accidentes aumentó el 75 por ciento; en Sincelejo, 38,8 por ciento y en Cartagena, el 36 por ciento. Y según una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, la mayoría de heridos y muertos se debe a que sólo el 15 por ciento de los motociclistas conocen las normas de tránsito.

Para contrarrestar estos indicadores, el 30 de marzo de este año el Ministerio de Transporte ordenó a todos los alcaldes adelantar acciones para erradicar ese servicio ilegal. Por eso, en Bogotá su uso fue prohibido, en Palmira se prohibió llevar a mujeres de parrilleras, en Barranquilla se empezó a carnetizar a los motociclistas (quienes tienen que registrar las personas que habitualmente llevan como pasajeros) y en Cartagena se aumentaron los operativos policiales y se puso en marcha una campaña pedagógica para que los ciudadanos entiendan el peligro que conlleva utilizar este medio de transporte.

A pesar de los riesgos y desventajas del mototaxismo, en el Congreso avanza un proyecto de ley para reglamentar las mototaxis en los lugares que el gobierno determine. "Es una posibilidad para los reinsertados y para los estratos 1 y 2 que están creando empresa y empleo", señala Pedro Pardo, representante a la Cámara y autor de la iniciativa.

Pero por más que se crea que reglamentando esta actividad sea más fácil controlarla, de legalizarla se terminarán favoreciendo intereses particulares sobre el general. Es claro que el transporte público en la mayoría del país funciona de manera desordenada, pero detrás de las mototaxis hay empresarios informales que sacan sus réditos sin pagar impuestos. Los mototaxistas casi nunca son dueños de las motos y, en promedio, le entregan 10.000 pesos diarios a los propietarios. Para hacerse al salario mínimo, trabajan largas jornadas y participan de la guerra del centavo, lo que aumenta los niveles de accidentalidad. En Cartagena, los empresarios irregulares del mototaxismo han llegado al punto que uno de ellos tiene hoy ingresos diarios del trabajo de 500 motos.

Los vendedores de estos vehículos también tienen interés en legalizar este tipo de transporte inseguro. "En Cartagena se comercializan 18 motos diarias y hay empresas dedicadas al mototaxismo. El gobierno tiene que tomar medidas al respecto", señala el alcalde de esta ciudad, Alberto Barbosa.

Y es que la crisis social y el desempleo no deben ser argumentos para justificar la informalidad ni para poner en riesgo la vida de peatones, pasajeros y motociclistas. Así ya sentenció la Corte Constitucional cuando en 2003 negó una tutela interpuesta por un mototaxista de Leticia porque "el derecho al trabajo debe estar sujeto a las reglas del ordenamiento jurídico y el Estado de derecho, para poder ejercerse sin entrar en litigios con el interés general que prevalece sobre el particular".

El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, ha dicho que el gobierno no legalizará el transporte público de dos ruedas. Y aunque en el consejo comunitario del pasado 11 de septiembre en Puerto Colombia, el presidente Álvaro Uribe propuso al Ministro liderar la búsqueda de concertaciones entre los transportadores formales y los mototaxistas, también reconoció los abusos de empresarios informales que acumulan motos para que sean explotadas por jóvenes a cambio de remuneraciones muy bajas.

Por eso se espera que el gobierno siga teniendo una posición firme frente al tema. De lo contrario, el funcionamiento de los 'motorratones' seguirá expandiéndose, los gremios de propietarios de taxis y buses seguirán tomándose las calles para protestar por la competencia desleal y, en palabras del propio Ministro de Transporte, miles de motoristas se convertirán en "los nuevos esclavos de los empresarios informales que compran 100 ó 200 motos y las entregan a la esclavitud por 10.000 ó 20.000 pesos diarios".