La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme la condena de 5 años de cárcel que la Corte Suprema de Justicia dictó en contra del exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, durante la época de Álvaro Uribe Vélez, relacionada con el escándalo de la yidispolítica.
Moreno acudió a una tutela en la Corte Constitucional para dejar sin efecto la condena en su contra, alegando que durante el caso judicial se le habrían violado sus derechos al debido proceso, a la favorabilidad, a la libertad y al acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad.
Sin embargo, los magistrados de la Sala Plena se reunieron durante la tarde de este miércoles 25 de marzo para dejar en firme la condena y declarar “improcedente” la tutela que Moreno radicó en contra de la Corte Suprema de Justicia.
Desde la Corte Constitucional confirmaron “las sentencias proferidas el 12 de febrero y el 26 de marzo de 2025 por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, por medio de las cuales se declaró la improcedencia de la acción de tutela instaurada por el apoderado de Bernardo Moreno Villegas contra la Sala Especial de Primera Instancia y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
En total fueron ocho magistrados los que votaron a favor de declarar “improcedente” la tutela que Bernardo Moreno pretendía dejar sin efectos dicha condena. SEMANA conoció que la magistrada Lina María Escobar fue la única que no participó en esa discusión.
Este caso generó un choque entre el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés, de la Corte Constitucional, y los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, quienes en su momento le enviaron un oficio asegurando que fue “equivocado” que decretara pruebas técnicas de carácter jurídico, con destino a un juez que tiene las competencias para decidir sobre los alcances de la decisión final.
El exsecretario de la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez tendrá que pagar la condena de 5 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias de servidor público por el escándalo de la yidispolítica. El exfuncionario habría contratado personas cercanas a la excongresista Yidis Medina para formar un bloque de legisladores que aprobara la reelección de presidente en Colombia.