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| 10/21/2016 4:57:00 PM

Los peros a la propuesta de cárcel para evasores

El fiscal Néstor Humberto Martínez y los penalistas más reconocidos del país critican este punto de la reforma tributaria. Aseguran que no es la solución para luchar contra este delito.

La Reforma Tributaria puede ser el proyecto del Congreso que más les interesa a los colombianos. Después de su radicación, en la opinión pública se han discutido múltiples temas: el aumento del IVA (que pasaría del 16 % al 19 %), la limitación de beneficios tributarios, y los eventuales impuestos a la gasolina y a las gaseosas.  

Sin embargo, hay un tema distinto que de mucho peso y con grandes implicaciones: la cárcel para los grandes evasores de impuestos. El artículo 289 de la reforma plantea adicionar al Código Penal el delito de "omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes". Con esto se pretende judicializar a quienes evaden más de 5.000 millones de pesos. Estas personas, según la propuesta, podrían pagar entre cinco y nueve años de prisión.

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El proyecto de reforma, sin embargo, aclara que la acción penal contra estas personas se extinguiría "cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes y realice los respectivos pagos". Es decir, que para salvarse de la cárcel hay una vía: pagar.

Los peros del fiscal Martínez

La iniciativa tiene grandes críticos. El principal es el fiscal general quien señaló que tenía serias "preocupaciones" frente a lo que discute el Congreso. Martínez le envió una carta al presidente del Senado, Mauricio Lizcano. En esta le explica que el Congreso está a punto de crear un “delito imposible” pues con la forma cómo se declaran hoy los impuestos no es fácil determinar cuál es la información “inexacta” lo cual hace muy difícil tener un referente para saber si las personas están cometiendo ese delito o no.

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El fiscal asegura que el proyecto es "un saludo a la bandera". Martínez sostiene que la omisión de activos o la creación de pasivos ya constituyen un delito que está penado con entre uno y seis años de prisión y en el que "no hay beneficios como los que establece la propuesta del Gobierno".

"Esos beneficios que establece la norma generarían favorabilidad frente a investigaciones que tenemos en curso, y es muy importante evaluar el impacto frente a hechos que ya tenemos muy adelantados y que van a ser objeto de imputación próximamente", dijo el fiscal. 

En el documento agrega que es contraproducente entregar este tipo de alivios pues puede anular el efecto disuasivo de la norma. Tampoco está de acuerdo con establecer una cuantía (de 7.250 salarios mínimos) a partir de la cual se configura el delito pues no solo hay que buscar evitar la evasión en esos grandes contribuyentes.

Penalistas no la ven conveniente

La propuesta no sólo genera reservas en el fiscal general. Para el penalista Jaime Lombana la iniciativa es contraria a la política criminal. El abogado considera un error considerar la cárcel para esa conducta en un país con tan altos niveles de corrupción pública. “En un país en el que los escándalos como Conalvias, Reficar y Fiduprevisora cuestan casi cinco veces una reforma tributaria y quedan en la impunidad absoluta, no resulta correcto político criminalmente mandar a la cárcel a los evasores”, sostiene. Agrega que cuando el contribuyente tiene conciencia de que sus aportes serán fruto de apropiaciones y despilfarros corruptos, resulta desproporcionado penalizar la conducta.

Con él concuerda el abogado Juan Carlos Prías, quien manifestó que el ciudadano de a pie siempre ha tenido una especie de precaución contra los impuestos y el tributo porque cree que el Estado no le da un buen manejo a esos recursos.

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Según Prías, esta no es una propuesta novedosa, pues ya se ha hecho el intento por penalizar la evasión de impuestos en el pasado. Sin embargo, resaltó que lo exótico de la iniciativa podría ser la pena y que este no sería considerado un delito contra el orden social, sino contra la administración pública.

"Dogmáticamente esto sí tiene algún valor porque están diciendo qué está pensando el Estado en relación con este delito y qué se ve más afectado con la evasión de impuestos", explicó. Para Prías, la propuesta aunque es viable, no es práctica pues el derecho penal no se puede utilizar para recaudar los impuestos y la DIAN es mucho más efectiva en eso que la Fiscalía.

Abelardo de la Espriella considera que una propuesta así sería viable en un país como Estados Unidos, pero no en el país en el que con la “corrupción disfrazada de "mermelada" y el despilfarro habitual, no tiene sentido”.

El abogado Iván Cancino además asegura que "en Colombia se abusa del derecho penal para corregir cualquier falla o tema social". Si bien reconoce que la evasión de impuestos es una cultura que se debe corregir, él considera que se debe encontrar una manera distinta de hacerlo a la cárcel.

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Francisco Bernate agrega que "en Colombia tenemos una justicia colapsada que hace que año a año los ciudadanos tengan que ver cómo sus demandas de justicia nunca avanzan. Y por eso tenemos una percepción de impunidad. La gestión de la DIAN es muy eficiente y con las medidas administrativas existentes es más que suficiente", aseguró Bernate.

Se sabe que el gobierno está pensando en ajustar el artículo para que se ajuste a las críticas del fiscal Martínez. La iniciativa será uno de los puntos esenciales que discutirá hoy el Congreso.

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