Regresan las listas negras

En las últimas dos semanas se ha desatado una ola de amenazas electrónicas. Han empezado a circular listas negras y otras formas de terrorismo sicológico, que tienen alarmadas a las autoridades. El caso más grave es el de la Universidad de Antioquia, donde una supuesta autodefensa, que firma como comando Carlos Castaño, publicó una lista de estudiantes, profesores y empleados a quienes declaran objetivo militar.

Aunque los organismos de inteligencia reportan que en esa universidad no hay presencia de paramilitares, la intranquilidad reina en las aulas y los pasillos. Todavía están en la memoria los hechos ocurridos hace ocho años, cuando un pasquín como este fue desestimado por las autoridades y, sin embargo, ocurrieron tres asesinatos dentro del claustro. Y en los años 80 se vivieron situaciones similares, cuando la polarización sirvió de caldo de cultivo para una guerra sucia que acabó con la vida de importantes catedráticos, como Héctor Abad Gómez.

Algunas directivas de la Universidad creen que el documento es apócrifo y que podría haber sido elaborado por activistas que quieren recuperar el protagonismo que han perdido en la Universidad.

No obstante, las amenazas se extendieron a ONG en varias ciudades. Tres cartas diferentes, firmadas por una organización que dice ser el brazo armado de las ex AUC llamada "Colombia Libre de Comunistas", han causado intimidación entre defensores de derechos humanos. Los comunicados hablan abiertamente de la reelección del presidente Álvaro Uribe y anuncian que van a "limpiar la tierra de improductivos como ustedes", y que "las camisas amarillas serán teñidas de otro color", en clara referencia a quienes apoyan al Polo Democrático Alternativo.

¿Son serias estas amenazas? Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia dice que "son muy graves. El Gobierno las toma muy en serio y les pidió a los organismos de seguridad que lleguen hasta el fondo para identificar el origen de estos comunicados". En particular, preocupan los panfletos que tienen destinatarios específicos, como los recibidos por Iván Cepeda, columnista de El Espectador, quien preside una organización nacional de víctimas; o las que le han llegado al Colectivo de Abogados José Alvear.

Otros comunicados que amenazan en general a las ONG, aunque son preocupantes, parecen más orientados a crear zozobra. Incluso echan mano de las palabras usadas por Uribe en una intervención reciente, y hablan de "comunistas disfrazados" para señalar a quienes trabajan en derechos humanos o son de izquierda.

No sería la primera vez que sectores de extrema derecha crean un ambiente de miedo para las elecciones. Esta vez, con el objetivo de frenar la creciente popularidad del candidato del Polo, Carlos Gaviria.

Tampoco se descarta que los comunicados sean parte de una estrategia de la extrema izquierda, para polarizar aun más al país. Franco dice que están redactados de tal manera que hacen quedar muy mal al gobierno, y parecieran hechos para tal fin, con frases como: "el único camino que nos queda a todos los colombianos es apoyar incondicionalmente la política de seguridad democrática" o "arriba nuestro legítimo presidente por 4... 8... o muchos años más".

Aunque los mensajes se divulguen con el propósito de atemorizar, no dejan de ser preocupantes. Centenas de muertes han ocurrido después de que circulan listas negras y se profieren amenazas. Tampoco hay que olvidar que genocidios como los de la Unión Patriótica (UP), y magnicidios políticos, como los de Jaime Pardo Leal y Álvaro Gómez, por mencionar apenas dos casos, se han dado en contextos de polarización incontrolada. Tienen razón los casi 100 académicos que la semana anterior hicieron un llamado a frenar la guerra de epítetos en las que cayó la campaña electoral. Alentar a los extremistas es un riesgo muy alto para un país donde violencia y política han caminado juntas desde hace varias décadas.