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| 7/25/2017 9:01:00 PM

Revocatoria: la estrategia de Petro que terminó usando Peñalosa

En un hecho paradójico, el fallo de una tutela interpuesta por el exalcalde cuando enfrentaba su propia revocatoria le da ahora tiempo al actual mandatario para el mismo fin.

El 20 de junio pasado parecía que la llegada de la revocatoria de Enrique Peñalosa a las urnas avanzaba sin mayores contratiempos. Ese día, la Registraduría avaló 473.000 firmas presentadas por el comité Unidos Revocamos a Peñalosa para llevar a la ciudadanía la pregunta de si el alcalde debe o no continuar en el Palacio Liévano. En el trámite ante la Registraduría, la defensa del alcalde pidió, entre otras medidas, una segunda revisión de las firmas por parte de grafólogos y peritos.

Este martes la autoridad electoral denegó varias de las peticiones que hizo el exmagistrado Humberto Sierra Porto, apoderado del alcalde, pero accedió a permitir el nuevo estudio de las firmas. Lo paradójico del caso es que la autoridad electoral aceptó la petición basándose en el fallo de una tutela interpuesta por el exalcalde Gutavo Petro -a quien los peñalosistas acusan como el cerebro detrás de la revocatoria- cuando en 2013 él enfrentaba un proceso similar.

La determinación de la Registraduría le da 15 días de plazo a los defensores del alcalde para que dispongan del grupo de expertos y, con la supervisión del ente, analicen los archivos en busca de posibles fallas que se hayan colado en la revisión oficial. Así fue la tutela de Petro que hoy le da unas semanas más a Peñalosa.

La tutela

En abril de 2013, la Registraduría recibió 628.500 firmas con las que se buscaba sustentar la revocatoria del entonces alcalde Gustavo Petro. La autoridad electoral estaba a punto de comenzar la revisión de esos apoyos para constatar su autenticidad, pero antes de que lo hiciera, Petro solicitó que se le permitiera a un grupo de grafólogos designados por él la participación en esa revisión.

Le recomendamos: Grafólogos revisarán las firmas de la revocatoria de Peñalosa

La respuesta de la Registraduría llegó firmada por Jaime Suárez, director de Gestión Electoral. El funcionario le dijo al entonces alcalde que los grafólogos que designara podían revisar las firmas pero sólo cuando la Registraduría hubiera emitido su informe sobre la validación de las mismas. El mandatario consideró eso como una violación al debido proceso y puso una tutela que llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Al analizar el caso, el magistrado Alfonso Sarmiento Castro encontró dos irregularidades en las actuaciones de la Registraduría. Por un lado, la decisión con la que se negó las pretensiones de Petro la tomó director de Gestión Electoral, y no los registradores distritales, que eran los competentes para tal fin, según el Tribunal. Solo ese error constituía un motivo suficiente para anular la actuación de la Registraduría.

Pero el magistrado continuó el análisis y llegó a la decisión de la que hoy está agarrada la defensa de Peñalosa. En su criterio, se violó el derecho al debido proceso. El togado citó el Código de Procedimiento Administrativo cuando dice que los interesados en el proceso pueden conocer las pruebas antes de que se tome la decisión de fondo.

En ese sentido, para el magistrado no era admisible que se tomara una determinación final sobre la validez de las firmas sin que Petro conociera las pruebas practicadas unilateralmente, y más cuando lo que estaba en juego eran sus derechos políticos. En ese escenario, consideró el togado, el entonces alcalde no tenía las garantías para defenderse.

En contexto: "Seguiré trabajando": Peñalosa sobre aval de firmas para revocarlo

Tras esa exposición, el Tribunal le dijo a Petro que conformara un equipo de 10 grafólogos, costeados por su cuenta, para que analizaran las firmas y el archivo electoral. Y le ordenó a la Registraduría que permitiera y vigilara la revisión que haría ese equipo en un plazo de 15 días hábiles, tras los cuales el ente debía determinar definitivamente si las firmas cumplían o no los requisitos legales.

El 31 de julio de 2013, los grafólogos desginados por Petro certificaron que las firmas validadas superaban el umbral necesario para convocar las votaciones. Pero el proceso se embolató en medio de los recursos jurídicos interpuestos por el entonces alcalde y luego pasó a un segundo plano cuando fue destituido por la Procuraduría.

Sin embargo, el fallo del magistrado Sarmiento quedó ahí, como un antecedente que ahora retomó la Registraduría para el caso de Peñalosa. El alcalde tendrá ahora la oportunidad de poner a sus propios grafólogos a revisar las firmas gracias a la jurisprudencia que sentó la tutela del hombre que, se dice en los círculos peñalosistas, está moviendo su salida.

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