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| Foto: Cortesía. Portal Kienyke.com

DENUNCIA

El asalto al carro del veedor

Pablo Bustos fue víctima de un robo en el que perdió parte de su material investigativo.

12 de septiembre de 2013

A Pablo Bustos, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia y quien desde hace más de 20 años se ha batido a fondo con políticos de todo tipo para denunciarlos por irregularidades, le ha pasado de todo.

Hace años se tuvo que ir del país por serias amenazas contra su vida pero regresó para seguir dando la pelea. En el último año, se le ha visto enfrentado a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que han abusado de recursos públicos en viajes no laborales, ha revivido aspectos del proceso 8.000, ha insistido en la pérdida de investidura de congresistas  involucrados en el ‘carrusel de la contratación’ y, ahora, prepara una nueva denuncia por presuntas irregularidades en al Gobernación de Cundinamarca.

Desde su regreso, el trabajo había transcurrido en completa normalidad pero este jueves en la mañana nuevamente se vio vulnerada su seguridad. Hacia las 8:30 a.m., cuando se encontraba en una diligencia en la calle 127 con carrera 9, en el norte de Bogotá, su carro fue asaltado. En el robo, se llevaron una maleta que contenía un iPad, un computador portátil y documentos físicos sobre sus más recientes denuncias. 

Una de ellas tiene que ver con la presunta irregularidad de la Contraloría por haber firmado un millonario contrato para el arrendamiento del edificio donde actualmente funciona el organismo de control. 

En comunicación con Semana.com, Bustos asegura que las amenazas contra su vida regresaron en las últimas semanas y que su esquema de protección es deficiente. Justamente por ello, su carro fue asaltado puesto que uno de los dos escoltas que tiene cumple con las labores de conducción pero debe abandonar el carro en algunos momentos para acompañar a Bustos en sus diligencias de fiscalización. 

El veedor denuncia la pérdida de sus fortín investigativo y, por ahora, no se conocen reacciones de las autoridades que se encargan de la protección de este personaje público.