18 julio 2013

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Se aplaza la ronda de conversaciones en Cuba

Proceso de paz El Gobierno y la guerrilla decidieron mover la próxima reunión para ocho días después de lo planeado.

Se aplaza la ronda de conversaciones en Cuba. Humberto de la Calle e Iván Márquez.

Humberto de la Calle e Iván Márquez.

Foto: SEMANA

Aunque la ronda número 12 de diálogos entre las FARC y el gobierno nacional estaba prevista para el día 22 de julio, comenzará el 28 del mismo mes, como se explica en el comunicado conjunto que se emitió este jueves.

Una de las razones del aplazamiento es que el 26 de julio se celebra en Cuba el aniversario del cuartel Moncada. Este hecho se rememora puesto que Fidel Castro, su hermano y algunos militantes más fracasaron en la toma de ese lugar, pero, desde entonces, comenzó la revolución que ubicó en el poder a Fidel Castro. 

Además, el 25 de julio la Corte Constitucional de Colombia hará una audiencia pública sobre el marco jurídico para la paz y en ella participará Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz y uno de los negociadores del Gobierno en La Habana. 

Cuando la guerrilla y el Gobierno se reúnan de nuevo en Cuba, se tratará el primer subpunto del segundo ítem de negociación, la participación política. Este subpunto habla de los derechos y garantías que tendrán los nuevos movimientos para el ejercicio de la oposición política y el acceso a medios de comunicación, en caso tal de que se firme un acuerdo final para la paz.

El marco jurídico en la Corte

Además de la presencia de Jaramillo, en esta diligencia se oirá a las instituciones del Estado, órganos de control, ONG, universidades y a la población civil, con el propósito de tener diferentes puntos de vista en el momento de decidir sobre el acto legislativo.

La norma, que ya fue expedida por el Congreso y será revisada por la Corte Constitucional, establece los instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política de Colombia.

Este tema ha enfrentado al procurador Alejandro Ordóñez y al fiscal general, Eduardo Montealegre. El primero le señaló a la Corte Constitucional que con la reglamentación del proyecto no se obtendrá una justicia efectiva. Mientras que Montealegre ha reiterado en múltiples ocasiones que existen decisiones para aplicar la justicia transicional en el marco de conflictos internos sin que se llegue a la impunidad.
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