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| 11/16/2002 12:00:00 AM

Sitiados

Más de 7.000 indígenas paeces del resguardo Kwet Wala, asentados en la zona rural de Pradera, Valle, se ven obligados a dejar sus tierras ante la constante agresión de autodefensas y guerrilla.

Hace dos años los habitantes del resguardo indígena de Kwet Wala, o Piedra Grande, vieron con sorpresa cómo una columna móvil de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), conformada por 500 hombres, llegaba a las estribaciones de la cordillera Central, donde se encuentra el resguardo, con la firme intención de disputarle al sexto frente de las Farc, comandado por alias 'Harvey', el control sobre la zona agroindustrial que comprende los municipios de Palmira, Pradera, Florida y El Cerrito. En esta zona están varios de los grandes ingenios azucareros y además es un estratégico corredor de comunicación entre el centro y el sur del país.

La sorpresa se convirtió en indignación después de la primera masacre. Cinco miembros de una misma familia aparecieron muertos, con dramáticas señales de tortura, antes de que se cumpliera un mes del arribo a la zona de este grupo de las AUC. Los líderes de la comunidad de Kwet Wala buscaron al jefe de la columna paramilitar para preguntar el motivo de la masacre pero las AUC se desentendieron, diciendo que no habían sido ellos, que seguramente habían sido los guerrilleros. Además aprovecharon para enviar un mensaje que los llenó de miedo: "Venimos para luchar y acabar con la guerrilla de las Farc, los colaboradores, los milicianos, los narcotraficantes y la delincuencia común".

El caos

Ahora las cosas empeoraron. Una fuente del gobierno comentó a SEMANA que la anarquía se ha apoderado de este grupo paramilitar, con una tropa descompuesta por el vicio, que ahora se dedica al pillaje sin Dios ni ley. Las cifras son contundentes: en lo que va corrido de 2002 les han robado a los campesinos e indígenas 300 cabezas de ganado, 50 bestias de carga y por lo menos 1.500 gallinas. Además en su traslado desde Tuluá hasta Pradera sembraron el terror en toda la región, cometieron tres masacres, que le costaron la vida a nueve campesinos, y se robaron varios vehículos.

Luis Angel Perdomo, miembro del comité de derechos humanos de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac) y vocero del resguardo de Kwet Wala, denunció la semana pasada ante el personero de Pradera, Gustavo Hernández, la muerte de 50 personas y la desaparición de otras 10, entre campesinos e indígenas, en los últimos dos años a manos de los grupos armados que operan en la zona; así como el desplazamiento forzado de 1.200 personas. "Nuestra comunidad ha venido soportando las continuas agresiones que cada bando efectúa, asesinando nuestra gente acusándola de cualquier cosa o robándose nuestros animales, dejándonos en la ruina", dijo Perdomo. También denunció que el grupo paramilitar es abastecido con un moderno helicóptero que se ha visto en repetidas ocasiones aterrizando en la zona para entregar víveres y el dinero de la nómina. Varios comerciantes de la región dijeron que una vez despega el helicóptero algunos miembros de las AUC se dejan ver en cantinas, tiendas y bares gastando dinero a chorros. Estas denuncias fueron recibidas por el coronel Leonardo Pinto, comandante del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, de Palmira, quien confirmó la versión del helicóptero y anunció una mayor presencia de las tropas para proteger a la población indígena y campesina. También expresó la necesidad que tiene el Ejército de recibir este tipo de denuncias con mayor prontitud para reaccionar a tiempo.

Ahora la comunidad entera, más de 7.000 personas, adelantan un inventario pormenorizado de sus bienes y han anunciado que lo entregarían a la Personería de Pradera en caso de que los hostigamientos se repitan, para luego desplazarse hasta dos casas que tienen en el casco urbano de la misma ciudad. El personero, Gustavo Hernández, dijo que si se llega a presentar un éxodo masivo la capacidad de acción de esa oficina se vería desbordada ya que el despacho sólo cuenta con dos funcionarios para responder por los bienes que se dejarían en custodia en la zona rural. Si bien la comunidad espera una acción más decidida del gobierno para protegerla, a la vez teme quedar en medio del combate.
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