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| 5/13/2017 10:15:00 PM

La hora de las protestas

¿Qué hay detrás de las manifestaciones que se tomaron al país en la última semana?

El chiste decía que Colombia se convirtió en un país protestante. Y no por el referendo de Viviane Morales ni por el auge de los movimientos evangélicos, sino por la cantidad de protestas que se están tomando las calles en todo el país. Miles de maestros saldrán en las principales ciudades para presionar al gobierno para que ceda en sus pretensiones sindicales. Idea que parece atraer a otros gremios y sectores, como los empleados de la Justicia, el Sena, el ICBF, el Inpec e incluso del Ministerio de Trabajo. El florecimiento de la protesta social refleja el difícil momento del país. Por eso sectores tan diferentes como los taxistas, los maestros, los empleados públicos o los habitantes del Chocó protestan al tiempo. Tienen sus propias razones, y no están manipulados ni por las Farc ni por la oposición uribista.

Al final de un gobierno de ocho años, desprestigiado y caído en las encuestas y con una oposición radical como la del uribismo, muchos quieren meterle presión para sacarle plata o concesiones. La experiencia indica que el gobierno Santos es dialogante y conciliador y además hay inconformidad porque el Estado ha incumplido acuerdos pactados en anteriores protestas.

Esto, en parte, explica lo ocurrido el miércoles pasado cuando los colombianos vieron a miles de taxistas detener sus largas jornadas para pedirle al gobierno que le ponga fin a Uber. A la vez, en Quibdó los habitantes comenzaron un paro cívico para reclamar las inversiones anunciadas por el gobierno. Y los de Buenaventura alistan otra protesta similar para el próximo martes.

Y si el panorama ya era complejo, el jueves los maestros públicos, agremiados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), comenzaron un cese de actividades para presionar al gobierno para que les resuelva sus demandas salariales, de salud y garantías sindicales. A la que se sumarán otros sectores.

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Todos los gobiernos terminan señalados de ser incumplidos. Algunos porque pactan o heredan acuerdos difíciles de realizar que en su momento sirvieron para ganar tiempo frente a sus interlocutores. Es el caso de los taxistas, gremio que lleva un par de años tratando de frenar la operación de Uber. Tras muchas presiones, el Ministerio de Transporte expidió en mayo del año pasado una reglamentación, que obliga a esta y otras empresas a convertirse en un servicio de transporte que cumpla requisitos similares a los que deben asumir las empresas de taxis, pero esto no ha ocurrido. A pesar de que para el gobierno Uber es ilegal, miles de carros trabajan al día mediante esa plataforma. De ahí que en el gremio exista una sensación no solo de incumplimiento, sino de “inacción del Estado”, como aseguró Hugo Ospina, uno de los líderes de los taxistas en Bogotá.

Algo similar ocurre con el paro cívico que arrancó el miércoles en Quibdó. En ese departamento, los habitantes le piden al gobierno cumplir los compromisos que adquirió en infraestructura, salud, educación y saneamiento básico, consignados en el acta firmada ante la comunidad el 24 de agosto de 2016 para levantar otro paro. Pero esta no es la única vez que los chocoanos han protestado. Ellos tienen un largo historial de marchas y huelgas que por lo general se resumen en expresar su inconformismo por el abandono del Estado.

Los chocoanos han protestado, protestan y probablemente protestarán por dos de sus casos más emblemáticos: las trochas que unen a Quibdó con Medellín y Pereira. Aseguran que en la primera carretera faltan 47 kilómetros por pavimentar y el contrato se terminó en diciembre de 2016. En la segunda vía aún faltan 23 kilómetros por construir, el contrato culmina este 30 de mayo, no están garantizados los 720.000 millones de pesos requeridos para terminar estas obras debidamente pavimentadas, y, de paso, cumplir las promesas que el Estado les ha hecho desde hace más de 50 años.

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Tras un cese temporal el viernes pasado, los chocoanos continuarán protestando indefinidamente desde el lunes. “El presidente Santos debe cumplir con 720.000 millones de pesos para vías, 700.000 millones de pesos para construir 170 sedes educativas y realizar las mesas de concertación para definir el presupuesto en agricultura, deporte y servicios públicos”, dijo Freddy Lloreda Palacios, miembro del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó.

Otro de los líderes, César García, afirma que “en salud nos prometieron que además de mejorar el hospital de Quibdó iban a construir tres subregionales en Istmina, Bahía Solano y Riosucio, pero en dos de ellos solo existen los lotes y en todos faltan los recursos para construirlos”.

Si bien las protestas de los chocoanos obedecen al abandono del Estado, no muestran, por un lado, el trabajo que ha hecho el gobierno en este departamento para dotar a todos los municipios con acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento; modernizar todos los aeropuertos o entregar cientos de viviendas gratis. Y tampoco hablan de la responsabilidad que tiene buena parte de la clase política que se ha robado sistemáticamente al departamento. De hecho, este gobierno puso en marcha el Plan Pacífico con un fondo de 400 millones de dólares para invertir en obras de saneamiento básico en las cuatro capitales del litoral (Tumaco, Nariño; Guapi, Cauca; Buenaventura, Valle; y Quibdó, Chocó).

Gilberto Paneso, profesor universitario y uno de los líderes del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, explicó que si bien reconocen que muchos de esos proyectos requieren tiempo, “las alarmas se dispararon porque en la mayoría no se han definido los mecanismos de financiación; es decir, el dinero no está asegurado”.

Una situación parecida ocurre en Buenaventura, donde esta semana se realizará una protesta para pedirle al gobierno más inversión y que cumpla sus promesas. El propio obispo Héctor Epalza emitió un comunicado en el que apoya la protesta cívica y hace un recuento de los incumplimientos en los ocho ejes temáticos acordados. Además, dice que Buenaventura merece un mejor tratamiento del Estado, porque sus puertos le reportan al gobierno nacional 5,47 billones de pesos anuales.

La paradoja de estas protestas es que si bien hay evidencias claras en el sentido de que esta vez el gobierno está cumpliendo lo pactado, no lo hace al ritmo esperado y eso termina por aumentar la desconfianza. Pero otros elementos han favorecido este tipo de movimientos.

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Una pequeña primavera

Mauricio Archila, profesor titular de la Universidad Nacional y coordinador del equipo de movimientos sociales del Cinep, asegura que estas protestas no tienen un denominador común. Tampoco ve que detrás haya algún grupo político que trate así de crear las bases de la campaña política de 2018 ni otros que quieran poner al gobierno aún más contra las cuerdas. Son, simplemente, las protestas que se presentan en una democracia en la que los ciudadanos o sectores le reclaman al gobierno cumplir su palabra o escuchar sus peticiones. Protestas que, gracias al acuerdo de paz, hoy pueden florecer con mayor facilidad.

Para Carlos Julio Díaz, director de la Escuela Nacional Sindical, el aumento de la protesta social se explica por varias razones. Por un lado están las negociaciones de paz, que acabaron un conflicto de más de 50 años en el que la protesta era criminalizada y señalada de estar infiltrada. Ahora la ciudadanía tiene más confianza para protestar.

Los investigadores del Cinep comparten esa posición. De acuerdo con Archila, “preveíamos que con la firma del acuerdo de paz de La Habana iba a haber un incremento de las protestas, no solo porque hay más libertades para hacerlo, sino porque hay otros grupos y sectores cuyas reivindicaciones no quedaron enmarcadas dentro de los intereses negociados por la insurgencia y el Estado. Esto, unido a un gobierno que está terminando y al talante que ha mostrado el presidente frente a las protestas y peticiones, hacen previsible la efervescencia social que se está viendo”.

Por otro lado, hay inconformismo por las políticas económicas del gobierno porque no cumple los acuerdos que ha firmado en paros anteriores con los distintos sectores sociales y porque ha dejado a un lado el tema social. El movimiento sindical, que apoyó el proceso de paz, está descontento porque el gobierno se echó para atrás en algunos temas que les había prometido, como las horas extras o los aumentos salariales. A esto se suma el talante conciliador del presidente Santos, “que lo lleva a tratar de quedar bien con todo el mundo: con las Farc y el neoliberalismo, con las empresas y el gran capital, con las víctimas, los campesinos, los obreros…”, dice Archila.

La incertidumbre sobre el futuro político también se ha convertido en un bacilo que ha ayudado a fermentar la protesta social. Muchos quieren sacar lo más que puedan al Estado frente a la posibilidad de que la derecha o la extrema derecha ganen las próximas elecciones. Frente al temor de ser reprimidos de nuevo o de enfrentar posturas rígidas, sindicalistas y movimientos sociales le exigen a Santos medidas que les aseguren en el futuro ciertas peticiones, como lo demuestra la solicitud de Fecode de acordar el aumento salarial que tendrán a partir de 2020.

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La gran pregunta es cómo responderá un gobierno desprestigiado, sin plata ni recursos políticos. Los indicadores del Cinep auguran que habrá más movilizaciones, protestas y paros, algo nada extraño ni disruptivo en democracias sólidas en donde la lucha política, la búsqueda por mantener o adquirir derechos o enfrentar decisiones del Estado se hace en las calles.

Y eso es lo que se ha visto en los últimos años en Colombia. Cada vez más personas se manifiestan contra las políticas municipales, departamentales y nacionales. Estas van desde la prohibición en un pueblo al mototaxismo o la reglamentación del espacio público hasta grandes temas como la nueva Ley de tierras.

Las protestas actuales en el país no tienen un denominador común ni proceden de organizaciones políticas. Pero sí están en la mira de partidos que creen que allí pueden encontrar una base para lanzar sus campañas para el año próximo. Es innegable la relación entre Fecode, el Polo y ciertos sectores de izquierda, y las intenciones del Centro Democrático de canalizar el descontento popular para obtener réditos políticos. Quien logre posicionarse en estos paros sabe que tiene una poderosa herramienta electoral. El politólogo Gustavo Duncan dice que “la estrategia política que usarán las Farc una vez dejen las armas será la de recurrir a la protesta legal”.

Para Ana María Restrepo, investigadora del equipo Movilización, territorio e interculturalidad del Cinep, “estas protestas son una forma de participar en política, pero no necesariamente están influenciadas por dirigentes políticos. En otros casos se ha dicho que los grupos armados sacan a la gente a movilizarse. Eso es pensar que la gente no tiene autonomía para reclamar sus derechos”.

Todo indica que las protestas sociales serán el pan de cada día. Nada raro que el próximo paro de las Farc ya no sea armado, sino civil, en las calles, para reclamar los incumplimientos por lo firmado en el proceso de paz.

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