Tema embarazoso

Los sonados casos de las estudiantes de Pamplona (Santander) detenidas la semana pasada por haber abortado y de la joven que fue condenada a 11 meses de prisión en Bogotá por la misma circunstancia pusieron de nuevo sobre el tapete el tema del aborto provocado. Un asunto que no es nuevo, en el que salen las mismas cifras y en el que el Estado termina, como en las últimas décadas, de espaldas frente a la realidad y escudando su incapacidad en el Código Penal, que condena de uno a tres años de prisión a las mujeres que deciden abortar, sin importar la causa. Cada vez más personas se han ido sumando a las voces de algunos líderes y grupos de mujeres que han pedido flexibilizar la legislación colombiana y permitir, como lo han hecho la gran mayoría de países del mundo, la interrupción del embarazo en casos excepcionales. Aunque parezca que es la misma discusión, en las últimas semanas se han dado pasos importantes que podrían terminar en un cambio. La mayor esperanza de los reformistas está centrada en la demanda que la abogada Mónica Roa, directora del proyecto Género y Justicia de Women?s Link Worldwide, interpuso ante la Corte Constitucional. La acción pretende que, siguiendo las recomendaciones que los comités de derechos de la ONU le han hecho a Colombia, se permita la legalidad del aborto en casos puntuales: cuando el embarazo es fruto de una violación, cuando la vida de la madre corre grave peligro o en el caso de malformaciones graves del feto que sólo le permitan vivir algunas horas o días después de nacer. La demanda es considerada como una carga de profundidad contra el artículo 122 del Código Penal, que criminaliza el aborto en todas las circunstancias. Alega que en estos casos se están violando los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad, a la igualdad y a la dignidad, entre otros. Roa dice que este es un problema de salud pública, equidad de género y justicia social porque ?en especial las mujeres más pobres que quedan embarazadas son las que sufren las consecuencias de un embarazo no deseado?. Así la Corte Constitucional ajuste la normatividad y permita el aborto en casos excepcionales, este problema de salud pública quedará todavía sin resolver. La mayoría de los estudios realizados entre las mujeres hospitalizadas por complicaciones relacionadas con el aborto demuestran que la razón principal para optar por esta decisión son económicas, personales y familiares, especialmente porque no podían tener o mantener un hijo. Aunque la ilegalidad de este fenómeno no permite tener información precisa, el estudio más serio y reciente, realizado el año pasado por la demógrafa Magda Ruiz Salguero, determinó que este año se realizarán 230.000 abortos, de los cuales, 70.000 tendrán complicaciones. Para afrontar este problema de raíz, esta semana en el Concejo de Bogotá la bancada peñalosista buscará que se apruebe un acuerdo que busca generar todos los mecanismos para que la salud sexual y reproductiva sea una política pública distrital. Ello significa que las EPS, ARS e IPS, así como la ciudad, deberán suministrar toda la educación sexual y los métodos de planificación y anticoncepción gratis. Incluso el acuerdo permite la interrupción del embarazo en casos de violación o acceso carnal a menores de 14 años, de malformación del feto y cuando existe riesgo de muerte. De ser aprobado, el acuerdo entraría en conflicto con las normas de carácter nacional. Pero sería un comienzo de llevar la discusión al campo de lo real. Finalmente, la senadora Piedad Córdoba ha presentado en cuatro oportunidades un proyecto de ley para definir una política de salud sexual y reproductiva y despenalizar la suspensión voluntaria del embarazo en ciertos casos. Ella advierte que ?es urgente y necesario hacer un debate de salud pública sobre el tema, pues las cifras de mujeres que mueren o asisten a los hospitales por abortos mal practicados son aterradoras y alarmantes?. Según el Ministerio de Protección Social, entre 1990 y 1995 los hospitales atendieron unas 80.000 mujeres con complicaciones médicas por abortos inducidos que le costarán este año al país 136.000 millones de pesos. Por eso, tras muchos años el aborto parece tomar el rumbo que corresponde: ser tratado como un problema de salud pública y no de moral religiosa. Los problemas relacionados con la sexualidad, como el temprano inicio de relaciones; los aumentos de embarazos en adolescentes, de las enfermedades de transmisión sexual y del número de hijos, entre otros, están cambiando la estructura social de Colombia, algo que debe ser afrontado con seriedad y prontitud. Así lo está entendiendo el Ministerio de Protección Social, que está desarrollando una importante política de salud sexual y reproductiva y que incluso tiene un par de planes piloto en hospitales para atender a las mujeres víctimas de violaciones y evitar sus consecuencias. Uno de los mayores problemas de salud es la mortalidad materna, generada por la mala atención de los hospitales, la falta de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, y el aborto. Por eso el gobierno y la sociedad no pueden seguir de espaldas a una realidad que seguirá presentándose, así las mujeres paguen con cárcel por decidir sobre su sexualidad y su cuerpo. Como lo advierte la ex ministra Cecilia López Montaño, Colombia es un país laico, lo que significa que si una religión prohíbe el aborto, aceptarlo o no es una decisión personal y no legal. La legislación es abierta para todos, pero cada uno debe decidir según sus creencias. Para concebir un hijo se necesitan dos, y seguir penalizando a las mujeres que abortan muestra que esta sigue siendo una sociedad machista y retrógrada. Al hombre que ayuda a concebir, que no responde por lo que hace, que patrocina y financia el aborto no le pasa nada, mientras que la mujer termina respondiendo con su cuerpo o en la cárcel, o si no dígame ¿en qué cárcel están los jóvenes que embarazaron a las estudiantes de Pamplona?", concluyó López Montaño.