Todos contra todos

La decisión que tomó la Comisión Nacional de Televisión (Cntv) sobre la prórroga del contrato de operación para los canales privados y la adjudicación de un nuevo canal comercial armó un gran tierrero.

Los ánimos de todos en este negocio están exaltados. Las acusaciones y los reproches van y vienen y todo el mundo siente que tiene la razón. La última semana, en lugar de bajar la tensión en busca de una solución, se caldearon aun más los ánimos.

Caracol y RCN se fueron lanza en ristre contra Correval y Esfinanzas, que hicieron el estudio de valoración de la prórroga, y culparon a la Cntv por actuar como si fuera palabra de Dios y por usar procedimientos poco transparentes. Los abogados que contrataron los canales para defender su posición acusaron a las dos bancas de inversión de faltar a la independencia por tener un socio en común, y amenazaron con demandas.

Los banqueros al sentir que les caía toda el agua sucia, rompieron el silencio. Defendieron su trabajo y dijeron que los canales hablaron sin conocer el estudio de valoración y apuntaron el dedo hacia la Cntv. En su opinión, los comisionados se dejaron envolver por el escándalo y las presiones y mostraron una gran debilidad en el manejo de la información. Sienten que dejaron que las bancas de inversión aparecieran como las malas del paseo. Los desconcertó que la presidenta de la Cntv, María Carolina Hoyos, se sorprendiera en público por la presencia de socios comunes en las bancas de inversión, cuando la Comisión conoció esto oportunamente.

Es evidente que la Cntv cayó en demasiados errores a la hora de divulgar sus decisiones. Ni siquiera pudo explicar que las bancas habían trabajado separadamente en una primera etapa, pero luego produjeron una conclusión única, porque así lo establecía el mismo contrato. Además, no era cierto, como lo afirmaron muchos, que las bancas de inversión sacaron del sombrero la polémica cifra de los 82 millones de dólares y el 7,58 por ciento de los ingresos brutos que deberán pagar Caracol y RCN en los 10 años que dure la prórroga. Este valor surgió de un modelo de supuestos que la propia Comisión escogió como los más indicados, luego de meses de estudio de más de 28 variables macro y microeconómicas, así como los aspectos técnicos y jurídicos del negocio.

En este enfrentamiento de todos contra todos, algunos comisionados también han lanzado sus dardos. De manera oficial son discretos, pero en voz baja miembros de la Cntv dicen que están dando una batalla contra dos poderosos grupos económicos y lamentan que otros se pongan de lado de los grandes patrimonios, en lugar de respaldar al Estado.

Bajarle la temperatura a este conflicto no parece cosa fácil. Los canales privados presentaron sus objeciones al estudio de valoración y al proceso mismo de la Cntv. RCN y Caracol contrataron al banquero de inversión Luis Gallo, de la firma Estrategias Corporativas, para hacer una revisión de la valoración que hicieron las bancas de inversión contratadas por la Cntv, y la conclusión para ellos es contundente. Dicen que hubo una sobrevaloración de 1.000 millones de dólares en los ingresos de las compañías, durante los 10 años de la concesión, por efecto de errores en los estimativos que se hicieron de crecimiento de participación publicitaria. Además, señalaron siete observaciones jurídicas.

En la Comisión todavía no hay una posición unificada. Este lunes 15 hay junta directiva extraordinaria. Además de estudiar las objeciones de los canales privados, la Cntv recibirá el informe del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien fue contratado para revisar los modelos que las bancas de inversión usaron para fijar el precio de la prórroga de la concesión. Con estos dos insumos, los comisionados deberán tomar una decisión definitiva.

Todo indica que llegarán a la salomónica fórmula de buscar un mediador. De esta forma se dejaría de discutir si el estudio está sustentado o no, y se entraría al tema grueso: cuánto deben pagar Caracol y RCN.

Hay dos opciones entre los comisionados. Un 'amigable componedor', como recomendó el presidente Uribe, que siente a las partes y las acerque para que determinen el precio de la licencia. O un tribunal de arbitramento, que está contemplado en los contratos de la concesión. Este tribunal dirimiría el conflicto del precio.

La Comisión tendrá que mostrar mucha habilidad política para salir bien librada de este entuerto. Cualquiera que sea la salida que sea adoptada, probablemente quedará la sensación de que este proceso le quedó grande a la Cntv y les dará la razón a quienes han advertido que ha habido improvisación en un tema que define un gran negocio y la televisión que van a ver los colombianos en la próxima década.