Se mueve caso por fraude electoral en el Valle

Los escándalos electorales en Valle del Cauca que hoy investiga la justicia colombiana siguen dando que hablar.

Por un lado, una de las exfuncionarias de la Registraduría implicadas en la investigación aceptó cargos y decidió acogerse a sentencia anticipada este jueves, y por el otro, el proceso matriz que avanzaba en una fiscalía caleña y prometía develar la presunta complicidad de altos funcionarios de esa entidad fue trasladado súbitamente a Bogotá.

Como se recordará, en esa región del país se registraron dos penosos escándalos que pusieron en la picota la fragilidad del sistema electoral frente a la corrupción.

Hace dos años estalló el primer escándalo, cuando la Registraduría invalidó las firmas que avalaban la candidatura del actual alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero; luego se supo por boca del propio presidente Juan Manuel Santos, que al candidato le estaban pidiendo dinero no solo para validar las firmas, sino para ganar las elecciones.

Aunque finalmente Guerrero pudo participar en la contienda electoral y ganó, el caso motivó una investigación en la que salieron a relucir desde altos funcionarios de la entidad, hasta un familiar del registrador Carlos Ariel Sánchez. Este caso se conoce como el proceso matriz. 

Sin embargo, esa investigación, que avanzaba a buen ritmo en la unidad de Delitos contra la Administración Pública de Cali, fue trasladado súbitamente a Bogotá, el pasado 29 de octubre. Hoy el expediente está en manos de la Fiscalía 41 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. La razón concreta de ese cambio se desconoce.

Por cuenta de ese proceso matriz que involucra a personas con fuero (entre ellos el registrador nacional), al menos media docena de investigadores de la Policía y tres fiscales se han visto envueltos en investigaciones por parte de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La judicatura es la misma entidad donde laboraba hasta hace unas semanas el magistrado Henry Villarraga Oliveros, el amigo y exsocio del Registrador Carlos Ariel Sánchez.

Incluso, uno de esos investigadores policiales denunció que es objeto de un proceso ante una magistrada del Consejo seccional de la judicatura en Bogotá, “cuando mi juez natural para la investigación que se surte, lo es la institución a la que pertenezco o la Procuraduría”, dijo la fuente oficial que pidió omitir su nombre.

Mientras el proceso matriz cambiaba de fiscal, el otro escándalo relacionado con el intento de fraude electoral durante las votaciones atípicas para elegir gobernador del Valle en julio de 2012 avanzaba a pasos agigantados.

La razón, una de las exfuncionarias implicadas en el caso aceptó cargos y se acogió a sentencia anticipada para hacerse al beneficio del 50 % de rebaja en su condena.

Se trata de Ana Lucía Beltrán, una exfuncionaria de la Registraduría Nacional que antes de ser capturada en septiembre del 2012, laboraba en la dirección de identificación de esa entidad. La señora Beltrán tiene 48 años de edad, es soltera y cursaba segundo semestre de Derecho. 

Un investigador allegado al caso le dijo a esta revista que el acuerdo alcanzado con Beltrán en el juzgado 14 penal de conocimiento, donde se le imputó por los delitos de cohecho propio y tentativa de alteración de resultados electorales, “es un golpe de gracia para los otros ocho involucrados en el escándalo, de los cuales seis eran funcionarios de la Registraduría”.

En efecto, por el intento de fraude electoral en las elecciones atípicas del Valle hay nueve personas involucradas, de las cuales siete están en prisión y dos enfrentan el juicio bajo detención domiciliaria. Todo el escándalo se conoció a como la 'Registraduría paralela'. 

En su momento el caso llamó la atención no sólo por la tecnología y la logística con las que contaban para cometer el presunto fraude, sino porque entre los implicados habían funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría y además estaba el polémico exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien para entonces apoyaba al candidato Francined Cano.

Además, en la operación que realizó la Dijin el mismo día de elecciones fue capturada María del Pilar Yangana Cubides, secretaria general del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), partido que avalaba al candidato de Martínez.

Por ahora habrá que esperar si la aceptación de cargos de una de las implicadas servirá para avanzar en la tesis sobre la existencia de una 'Registraduría Paralela' que altera elecciones con cómplices al más alto nivel.