La maldición de investigar al registrador

Nadie duda que en el proceso que la Fiscalía le abrió al exdiputado Sigifredo López, señalado de ser uno de los autores del secuestro de sus colegas en la asamblea del Valle, se cometieron errores y probablemente abusos.

Por eso hoy nadie cuestiona que el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) investigue el proceder de los funcionarios implicados. En esas pesquisas se acaba de tomar una decisión que dejó con la boca abierta a más de uno: esa corte le formuló pliego de cargos a Martha Lucía Zamora, coordinadora de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y excandidata a la Corte Constitucional. Para la época del escándalo por el caso Sigifredo, Zamora era vicefiscal.

Sin embargo, lo que llama la atención es que el magistrado encargado de formularle esos cargos a Zamora es Henry Villarraga Oliveros, amigo y exsocio del registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez Torres. 

Esta misma revista contó en una investigación, que tituló 'El chofer del registrador', que Sánchez Torres y el magistrado Villarraga no sólo compartieron vecindad en su natal Purificación, Tolima, sino que además fueron socios de dos polémicas firmas de asesorías: Procesos Electorales y Abogados Consultores.

La suspicacia surge porque hasta hace tres semanas la fiscal Zamora tenía en su poder una delicada investigación contra el registrador, por su presunta participación en el escándalo de las firmas invalidadas que avalaban candidatos para las elecciones a la alcaldía de Cali en el 2011.

Otra curiosidad es que después de que el proceso estuvo varios meses en su poder, justo el pasado 30 de mayo, Zamora decidió archivarlo, aunque dejó la puerta abierta para que la investigación se reactive en cualquier momento si aparecen nuevas pruebas.

Pero ¿qué hay de malo en esa coincidencia?. En principio, nada, pero cuando se mira en contexto lo que está ocurriendo se puede deducir que el magistrado Villarraga al menos debió declararse impedido para investigar y tomar cualquier decisión contra la fiscal Zamora.

La propia fiscal dijo este martes en una entrevista que concedió a Semana.com: “Espero que esto no sea una retaliación en mi contra” (Ver entrevista).

En defensa del magistrado Villarraga se podría decir que la formulación de cargos contra la fiscal Zamora, por el contrario, demuestra que su decisión nada tiene que ver con la investigación que ella llevaba contra el registrador, ya que lo archivó antes que se conociera su llamado a juicio verbal.

Más delicado habría sido lo contrario, que la fiscal Zamora archivó la investigación contra el registrador y el magistrado Villarraga, por su parte, se abstiene de formularle cargos.

Pero cualquier abogado sabe y entiende que un archivo no es motivo de tranquilidad para un investigado, ya que, como lo advirtió la propia fiscal en el documento donde tomó esa decisión, “la indagación se puede reanudar, como lo señala la Corte Constitucional, en el evento de que surjan nuevos elementos probatorios”.

Como se recordará, en el 2011 el propio presidente Juan Manuel Santos denunció que en las elecciones para Alcaldía en Cali “había algo torcido”, luego de conocerse que a los candidatos Rodrigo Guerrero y Susana Correa les pidieron dinero para validar las firmas con las que apoyaban sus candidaturas y hasta les ofrecieron ganar las elecciones si pagaban la suma de 2.000 millones de pesos.

En su momento la Fiscalía 95 de delitos contra la Administración Pública de Cali envió copias a su delegada en la Corte Suprema de Justicia para que se investigara la conducta del registrador, ya que, al parecer, había elementos que lo comprometían a él; a su director del Censo Electoral, Hollman Ibáñez, y al delegado de Asuntos Electorales, Hernán Portela.

Todo estaba basado en un rastreo de llamadas telefónicas que hizo la Dijín para la época de los hechos, en las que aparecieron coincidencias entre las personas que hicieron la oferta delictiva a los candidatos y el registrador.

El primer fiscal delegado ante la CSJ en asumir la investigación contra el registrador por ese escándalo en el Valle fue Julio Ospino, un curtido funcionario que venía del Tribunal Superior de Bogotá.

Ospino también sintió la presión del CSJ, donde le abrieron un proceso disciplinario por supuestos abusos en la investigación contra Carlos Ariel Sánchez. Lo llamativo es que el magistrado Villarraga participó en esas votaciones.

En su momento el fiscal Ospino le confesó al periódico El Espectador que “En realidad esta situación, denuncia penal, queja disciplinaria ante el CSJ, acciones de tutela y variadas solicitudes en los procesos obedecen al interés del registrador y su defensor de acceder a las evidencias conseguidas en un momento procesal que no corresponde, tal como lo refirió la Corte Suprema”.

Lo curioso es que el propio hijo del magistrado Villarraga, el abogado Henry Fernando Villarraga Palacios, también quiso conocer los detalles de la investigación que llevaba la Fiscalía 95 de Cali y en septiembre del 2011 logró, a través del CSJ del Valle, que un magistrado le permitiera acceder al expediente, argumentando que su padre y sus hermanas estaban siendo objeto de interceptaciones.

De hecho, personas allegadas al caso dijeron a esta revista que sienten una especie de 'matoneo judicial disciplinario' por parte del CSJ. Explicaron que en la actualidad al menos ocho investigadores de la Dijín que participaron en el proceso contra el registrador son investigados por la Judicatura, “cuando el ordenamiento jurídico claramente dice que la autoridad competente para investigarlos es la propia Policía o la Procuraduría”, dijo la fuente que pidió omitir su nombre.

Frente a la polémica surgida, el magistrado Henry Villarraga fue enfático en precisar que no saldrá a dar explicaciones de sus actuaciones a través de los medios, “los jueces sólo hablamos a través de nuestras providencias”, argumentó un poco alterado.

Pese a su postura tajante, despejó algunas dudas. Primero, dijo que no está impedido para formularle pliego de cargos a la fiscal Zamora y “es tan claro que ni siquiera ella puso una denuncia en tal sentido”. Y en cuanto a la investigación contra el fiscal Julio Ospino, aclaró que aunque se declaró impedido para votar en su caso, sus colegas de sala se la rechazaron.

Tal vez se esté hilando muy delgado y todo obedezca a simples coincidencias, pero lo que no se puede negar hasta ahora es que el proceso contra el registrador Carlos Ariel Sánchez es una maldición para los fiscales.