Listo para la firma

El martes de la semana pasada Bogotá dio un paso de trascendencia histórica. Ese día, el presidente Álvaro Uribe y el alcalde Samuel Moreno no sólo acordaron hacer la primera línea del metro, sino que el primero se comprometió a seguirle entregando a la ciudad, a partir de 2017, los recursos que le viene transfiriendo para financiar las troncales de TransMilenio. El gobierno definió que la ciudad podrá usar bajo su discrecionalidad y prioridades técnicas esos recursos, que cada año ascienden a más de 100 millones de dólares, y son conocidos como vigencias futuras.

Este acuerdo cambia definitivamente las relaciones entre la Nación y Bogotá, y podría marcar un punto de quiebre en el desarrollo del país. Hasta ahora la capital definía las troncales de TransMilenio o las grandes obras que quería hacer con recursos de la Nación, y ésta, como si fuera el papá, le decía cómo, cuándo y bajo qué medidas hacerlas. Esto significa que por fin el Distrito, que ha demostrado su mayoría de edad con seriedad y responsabilidad en el manejo de los recursos, acaba de recibir la confianza del gobierno para que pueda priorizar las obras que más necesita.

Lo cierto es que el encuentro del martes, el cuarto que sostienen los dos mandatarios, fue tan fructífero, que por fin parece despejarse el futuro de la movilidad en la ciudad. Por un lado, con el convenio el Presidente se comprometió no sólo a financiar la primera línea del metro, sino a permitirle a la ciudad estructurar además el tren Metropolitano y demás elementos del soñado Sistema Integrado de Transporte. Un esquema que ve en la unión de varios sistemas, y no sólo en TransMilenio, la forma como se debe enfrentar esta problemática. Y por otro lado, sirvió para sellar un acuerdo que se venía cocinando desde hacía varios meses y que es una prioridad para la ciudad: la ampliación de la Autopista Norte entre la calle 190 y La Caro.

En los próximos días el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) firmarán un convenio por el cual la ciudad le entregará la administración del tramo de la autopista. De esa manera, el Inco podrá entregarle al concesionario Devinorte el contrato para que rehabilite y amplíe la vía. Las obras, estimadas en unos 400.000 millones de pesos, abarcarán dos nuevos carriles en cada sentido y varios cruces nuevos. Adicionalmente, la concesión construirá una nueva variante en Chía. Estas obras se pagarán con un aumento de la vigencia de la concesión, que estará entre ocho y 12 años, y un nuevo peaje que se instalará en el carril de entrada a la capital y que tendrá una tarifa de unos 2.900 pesos.

El gobernador de Cundinamarca, Andrés González, se opuso al nuevo peaje a ser instalado en Chía, con lo que reavivó las rencillas que imposibilitaron que hace dos años se hiciera la misma obra y puso obstáculo al plan de consolidar la Región Capital. Pero la Nación ya decidió hacer la obra.

Si este esquema funciona, el próximo año se podrían abrir otros dos cerrojos que tienen los bogotanos para entrar y salir de la ciudad. La calle 13 al occidente y La Calera. El director del Inco, Álvaro José Soto, anunció que el próximo año se hará una nueva vía hacia ese municipio, a la altura de la calle 187, con la que se podría ampliar y rehabilitar una parte de la carrera séptima.

Por ahora, Uribe y Moreno han logrado superar sus diferencias y llegar al punto de alcanzar acuerdos que pueden cambiar el rumbo de Bogotá y la Región Capital. Esta semana se firmarán los documentos, lo que pondrá fin a muchas palabras y pocas obras.