El Bronx de Medellín: así es la calle donde viven 600 personas bajo el poder del bazuco

Al menos 600 personas se apoderaron de una vía en pleno centro de Medellín. Viven bajo el sol y el agua, dominados por los efectos del bazuco, un polvo blanco que se recicla del procesamiento de la cocaína y se altera con sustancias tóxicas de bajo costo.

Los habitantes en condición de calle se adueñaron del sector, entre Cúcuta y La Paz, el 30 de agosto de 2018. Al estilo de Bogotá, bautizaron la toma como “El Bronx”. La invasión tomó fama en el país y, en cuestión de semanas, se multiplicaron sus ocupantes.

La Personería ha censado a sujetos de diferentes departamentos que quedaron atrapados cuando fumaron la droga. También ha registrado a ciudadanos de Costa Rica, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, Albania, Noruega, Argentina, Bolivia, Chile, Cuba y Brasil.

La cuadra está llena de cambuches improvisados donde pasan los días los más privilegiados. Ellos tienen un plástico que los cubre del invierno y la intensidad del sol, también esquivan las miradas ajenas sobre sus cuerpos cuando están en las citas amorosas.

Sin embargo, la mayoría se amontona en las aceras para dormir, comer, orinar, defecar y sostener relaciones sexuales. Allí se concentran múltiples olores y riesgos biológicos que, además de los efectos nocivos que deja el bazuco, ponen a tambalear la salud.

Una banda delincuencial es la encargada del mercado de la sustancia. Un par de gramos los vende por $ 3.000. Los consumidores lo pagan con las ganancias que les deja el reciclaje, los robos y las donaciones. En un solo día, una persona puede fumar hasta 20 papeletas.

Esa misma organización controla el orden. Al interior de la cuadra hay un manual de convivencia que regula la conducta y toma justicia por mano propia cuando se violan las reglas. Los ataques frecuentes se dan con armas blancas y objetos contundentes.

El Bronx de Medellín es un laberinto donde pocos sujetos han encontrado la salida, a pesar de que sus familias y cientos de organizaciones sociales tratan de arrastrarlos hacia puntos seguros. Están amarrados al poder del bazuco y a la cuestionada calma que les da la calle.

Las quejas

Antes del 2018, este sector era un importante pasaje comercial que dejaba millones en ventas. No obstante, los ingresos se desplomaron con la expansión del bazuco. Se quebraron los arrendatarios y los propietarios de restaurantes, parqueaderos y tiendas.

También se esfumó la tranquilidad de los vecinos. Bajo reserva, detallaron que en el día no hay paz porque el sol despierta los malos olores, mientras que la noche no hay quién frene la algarabía de la gente: “Siempre hay escándalo, no dejan dormir, es un infierno tremendo”.

El Tribunal Administrativo de Antioquia acogió una acción popular que advertía de la vulneración de los derechos al goce de un ambiente sano, la salubridad y la seguridad. En efecto, llamó a varias instituciones a recuperar el orden y atender a los protagonistas.

Hace quince meses se pidió poner en marcha un ‘plan integral focalizado’. Se pidió censar a los habitantes en condición de calle y buscar “estrategias que se puedan adoptar para invitarlos a que se acojan a la oferta pública existente para atender sus necesidades”.

A esa tarea fueron llamados la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Empresas Varias de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, quienes recibieron el ultimátum de cuatro meses para atender la orden del Tribunal.

Superado el tiempo, los magistrados concluyeron que las entidades no cumplieron con el fallo y multó con el pago de tras salarios mínimos mensuales vigentes a Daniel Quintero; a Isabel Cadavid, secretaria de Inclusión social; y a Martha Ciro, coordinadora del ICBF.

La administración distrital contrarió esta medida y aseguró que, junto a los demás convocados, ha caracterizado a los ciudadanos, tiene una persecución contra el microtráfico y ha establecido medidas para recuperar el espacio público.

Todo esto, “en el marco de protección de los derechos fundamentales de toda la población que converge en el lugar”. Lo mismo dijo la Policía: “Es una población protegida y brindamos todas las atenciones. Recogemos basuras e incautamos sustancias alucinógenas”.