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| 7/17/2012 12:00:00 AM

Alcaldía de Medellín: ¿En contravía del Estado laico?

El afán de las autoridades de la capital antioqueña de traer al Papa Benedicto XVI a Medellín ha llevado a crear estrategias que atentan contra la libertad de culto en las instituciones educativas públicas de la ciudad.

Cuando estaba pequeño, recuerdo un juego infantil, bastante aburridor por cierto, que profesores y profesoras se empeñaban en proponerlo cada vez que había una actividad lúdica en el aula. Se basaba en un coro que decía más o menos así: “¡Llegó carta! ¿Para quién? ¡Para Luis! ¿Qué dice? ¡Que debe ser mejor estudiante!”. Y de inmediato todos los participantes se reían porque entendían la ironía que contenía el mensaje para el alumno señalado.

Ese juego me volvió a la memoria luego de leer una tarjeta que la Alcaldía de Medellín le envió hace varias semanas a las instituciones públicas de la ciudad. Se trataba de una convocatoria para que, a través de dibujos, se invitara al Papa Benedicto XVI a visitar la capital antioqueña. En tal iniciativa está empeñado el mandatario local Aníbal Correa Gaviria casi desde el momento de su posesión y que espera se concrete para julio del 2013.

Tanto es el deseo del mandatario local que el pasado 19 de mayo le pidió al presidente Juan Manuel Santos que le ayudara en ese propósito a través del nuevo embajador de Colombia ante la Santa Sede, como si no hubiese problemas más graves que atender ni mejores solicitudes que hacer.

El mensaje que recibieron las instituciones educativas de carácter público en la ciudad comenzaba así: “¡Llegó carta! para el PAPA, desde Medellín…”. A un lado se leía la siguiente leyenda: “Queremos que el PAPA venga y para convencerlo, queremos hacerle miles de dibujos infantiles que le entregará nuestro alcalde. ¡Que ninguna institución educativa se quede sin participar!”. En otro párrafo se lee: “¡¡¡Los niños de Medellín te invitamos a nuestra Ciudad!!!”.

Hasta ahí no hay problema. El pasado 11 de julio se cerró la convocatoria y, al parecer, se está armando el viaje a Roma para que el alcalde le entregue al Papa o a uno de sus delegados los dibujos de los niños. Lo preocupante está contenido en la siguiente frase: “Todas las instituciones educativas deben participar con los dibujos de todos sus estudiantes”. Es claro que se impartió una orden de obligatoriedad, pues se recurre al verbo “deben”, y lo que es peor, se aplica a “todos”, lo cual permite inferir que no hay condiciones diferenciales.

Ese tipo de mensajes impositivos y generalizadores vulneran el derecho de libertad de cultos que quedó consignado en el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que dice textualmente: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Además, esa obligatoriedad va en contravía, de manera tangencial, del artículo 68 de la Carta, que establece que “en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa”.

A la desatención de la Constitución Política de 1991 se le suma la trasgresión de las normas consignadas en la Sentencia C-152 de 2003 de la Corte Constitucional que consigna en uno de sus apartados “la jurisprudencia constitucional sobre sobre pluralismo, diversidad y libertad religiosa”. Al respecto, se consignan dos obligaciones: a) “la igualdad ante la ley de las distintas iglesias y confesiones religiosas impide que el Estado le otorgue a una de ellas un trato preferente”; b) “el principio de separación entre las Iglesias y el Estado exige neutralidad de las autoridades frente a las manifestaciones religiosas e impide que el Estado adhiera o promueva una religión”. Al parecer, la administración municipal olvidó que antes que reforzar una creencia lo que debe hacer es proteger y tutelar la libertad cultos.

El apetito mercantilista de vender la ciudad ante el mundo no puede hacerse sobre la violación de derechos fundamentales. Esa tarjeta enviada a los centros educativos públicos parece salida de la Constitución Política de 1886, esa que, en su preámbulo, invocaba el nombre de Dios como “fuente suprema de toda autoridad” y reconocía la “Religión Católica, Apostólica y Romana” como de toda la nación. Eran otros tiempos, cuando el Estado era confesional y los conceptos católicos tenían un peso sustancial en los contenidos curriculares.

Afortunadamente el constituyente de 1991 fue amplio en sus consideraciones y estableció un Estado laico, con total libertad religiosa y caracterizado por una férrea separación entre el Estado y las diferencias iglesias existentes, no sólo la católica, y determinó la igualdad de derecho y jurídica de todas las confesiones religiosas. Hoy son otros tiempos.

No sé cuál sea el interés de la Alcaldía de Medellín de traer al Papa Benedicto XVI a Medellín. A quien lo promueve se le debería exigir que fundamente su propuesta, sin olvidar lo que han dicho las altas cortes al respecto y lo consagrado en la Constitución que nos rige. ¿Qué puede esperarse de una visita de esas? ¿Promovería la administración municipal la venida de un jerarca religioso de otra confesión, en aras del equilibrio religioso? ¿Se utiliza la fe católica para fines mercantiles?

Respeto la figura del Papa, su jerarquía y liderazgo al frente de la Iglesia Católica, pero no comparto que en un Estado laico los estudiantes de las instituciones educativas públicas sean obligados a participar de una iniciativa personal que viola derechos constitucionales y mucho menos acepto que los impuestos que pagamos los ciudadanos se inviertan en un evento afincado sólo en una creencia religiosa. Eso es una negación de la pluralidad confesional.

(*) Periodista e investigador
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