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Opinión

  • | 2005/08/14 00:00

    ¿A qué juega Cáceres?

    Antonio Sanguino, director de la Corporación Nuevo Arco iris, responde a las acusaciones del senador Javier Cáceres respecto al proceso de paz con la Corriente de Renovación Socialista.

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El martes 9 de agosto el senador Javier Cáceres realizó en el Congreso de la República un anunciado "debate" sobre la reinserción de los años 90 del siglo pasado. A cambio de una polémica seriamente documentada que señalara aciertos, errores, limitaciones e irregularidades justamente ponderadas, presenciamos un monólogo cargado de acusaciones que se acompañaron de supuestas pruebas sobre la comisión de un descomunal robo al Estado colombiano. Fue un "concierto para delinquir" sentenció irresponsablemente el senador Cáceres.

En síntesis, Cáceres aseveró que los voceros del M-19, PRT, EPL, Quintín Lame, Corriente de Renovación Socialista y MIR - COAR, en contubernio con los funcionarios de los últimos cuatro gobiernos y al amparo del PNUD diseñaron una calculada estrategia para realizar un monumental fraude de trescientos mil millones de pesos, a través de ONG creadas con tal propósito y a lo largo de 14 años.

Pero hay que decir que resulta poco creíble que los doscientos diecisiete mil millones de pesos, para ser más exactos, destinados por el Estado colombiano para atender la reinserción de estos grupos y sus miembros se hubiesen quedado en los bolsillos de sus voceros y de los funcionarios gubernamentales sin que organismo de control alguno se percatara de ello, mientras a la población desmovilizada se le negaba sus beneficios de reinserción económica y social.

Hay que recordar además que los acuerdos de paz de los 90 tienen un especial sentido político. Estuvieron orientados a transformar organizaciones políticas armadas en actores políticos civiles y no se redujeron simplemente a la distribución, entre los miembros de los grupos, de todos los recursos acordados para la materialización de los pactos de paz. Los acuerdos contemplaron por lo menos tres componentes: favorabilidades políticas y beneficios jurídicos, atención de las zonas de presencia de la guerrilla desmovilizada y beneficios de reinserción económica y social de los excombatientes. Cada uno de estos aspectos implicaron recursos para su cumplimiento y el diseño de un dispositivo institucional compuesto por un programa gubernamental adscrito a la Presidencia de la República y unas organizaciones no gubernamentales creadas para servir de contraparte en la ejecución de los acuerdos.

Un solo caso, la Corriente de Renovación Socialista, demuestra el tamaño de la infamia proferida por el senador Cáceres. Además de los esfuerzos y recursos invertidos en el componente político de los acuerdos, el programa de desarrollo regional destinado a las zonas de su influencia como organización en armas, se ejecutó a través de 116 proyectos en 56 municipios con una inversión directa de tres mil doscientos millones y una cofinanciación de los entes territoriales y comunidades por mas de dos mil trescientos millones de pesos.

Y hablando de los propios beneficios de reinserción, 1.734 personas estuvieron afiliadas por cuatro años al sistema general de seguridad social y 34 lisiados de guerra fueron atendidos integralmente. Además, cerca de tres mil personas entre desmovilizados y líderes comunitarios se graduaron en educación básica y media, 80 personas obtuvieron créditos educativos para pregrado y posgrado; 5.029 personas, entre ellas, 287 reinsertados, se beneficiaron de los programas de vivienda; y 736 personas recibieron recursos de financiación y refinanciación para sus proyectos productivos de reinserción económica por una suma de cuatro mil cuatrocientos dieciséis millones de pesos.

Pero Cáceres no solo se negó a reconocer integralmente el alcance de los acuerdos, sino que abusó de la calumnia. Afirmó que la Corporación Nuevo Arco Iris se había robado trescientos cincuenta millones de pesos destinados al programa de vivienda "ciudad alegría" porque "constató su inexistencia en el municipio de Zipaquirá", cuando éste en realidad se encuentra ubicado en el municipio de Montenegro (Quindío) y beneficia a 800 familias. Dijo que hubo un sobre costo en la remodelación del Hotel Santa Mónica, mostrando como prueba un calculo parcial de las mismas, sin tomarse el trabajo de constatar en el informe final de ejecución que estas ascendieron a doscientos cuarenta y ocho millones de pesos. O mostrar un cuadro rutinario de control de ejecución de contratos que está sometido a permanentes actualizaciones como prueba de que estos no fueron ejecutados.

Me he preguntado por las razones que motivaron a Cáceres a promover este "debate" y realizar tamaña acusación que compromete a miembros de su propio partido. Me resisto a creer que esté convocado por una genuina defensa del patrimonio público alguien que goza en su Cartagena natal de una muy bien ganada fama de habilidoso en las mañas de la política tradicional.

Me inclino más bien por pensar que existe una singular y audaz combinación de varios propósitos. Por un lado, hacer política y buscar votos con el cuero ajeno posando de adalid de la anticorrupción, hacer coro en el ataque al patrimonio de paz más reciente de los colombianos y atacar desde adentro a un activo importante de la más caracterizada fuerza política de izquierda democrática. Ya era sospechosa la presencia de Cáceres en el Polo.

De otra manera no se explica por qué no planteó este debate al seno del PDI, no para aplicar aquello de que "la ropa sucia se lava en casa", sino para que sus acusados pudieran defenderse adecuadamente. Más bien escogió un escenario tremendamente desfavorable para sus víctimas y aplicó la máxima de Laureano Gómez " Calumnien, calumnien, que de la calumnia algo queda".

* Director Ejecutivo Corporación Nuevo Arco Iris.
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