Al corazón de Ralito

Dice el periodista español Álex Grijelmo en su bello libro La seducción de las palabras que "el verbo 'acordar' significó en otro tiempo 'hacer que alguien vuelva a su juicio', que reencuentre su corazón, metáfora antigua de la conciencia". Nunca mejor que en el caso de Santa Fe Ralito cabe apelar a esta vieja acepción. Llegar a un acuerdo para que reine la concordia -otra herencia de la palabra corazón- en el futuro de Colombia implica que los señores de la guerra vuelvan a su juicio y escojan el camino que realmente conduce a una paz duradera. En el momento tienen dos caminos: uno que les abre un futuro más o menos cierto, donde ellos lograrán minimizar varios de los temores que los acechan, pero que conlleva un auténtico desprendimiento de los múltiples poderes que hoy detentan. Y otro que, si bien les puede parecer más conveniente porque los preservaría poderosos, ricos e impunes, está minado de traición e incertidumbre. Mirémoslos con detenimiento, empezando por el segundo, que es el que hoy parece más probable. Han sido bastante eficaces en imponer su real voluntad en este proceso. Han logrado que el gobierno -y el país- acepten una desmovilización de sus ejércitos ilegales aparatosa y propagandística, pero incompleta. De manera que siguen violando el cese del fuego en todas partes, sus negocios de extorsión en campo y ciudad prosperan (no es si no ver los últimos informes de SEMANA y El Tiempo para ver cuánto), el del narcotráfico está boyante, y tienen el camino despejado para seguir imponiendo representantes y senadores en algunas regiones del país en las próximas elecciones. Así mismo, en la discusión de la ley de justicia y paz que está en curso, muchos congresistas están más preocupados por producir una legislación aceptable a los paramilitares que una que les haga justicia a las víctimas. No obstante, este aparente 'éxito' de las AUC en hacer valer sus intereses inmediatos los está conduciendo a un mundo de tierras movedizas. Si no se hace un esfuerzo real por castigar los crímenes de lesa humanidad de Mancuso, Castaño, Adolfo Paz, Macaco, Jorge 40. todos quedarán a la deriva, esperando en qué momento una corte colombiana o una internacional o la fiscalía estadounidense los llame a rendir cuentas. Aun si la nueva ley les da finalmente el rótulo de 'delincuentes políticos', no será una barrera protectora contra la posibilidad de acabar en una cárcel extranjera. No será difícil para la justicia global desconocer una norma que los blindó, pero que tenía escasa legitimidad política. Es decir, una ley y un proceso que no plasmen un auténtico esfuerzo de desmonte del fenómeno paramilitar sería poco duradera. El país conoce ejemplos similares para los casos de sometimiento a la justicia: Fabio Ochoa, los Rodríguez Orejuela, etc. Por eso los señores de Ralito necesitan que haya un empeño real de hacer justicia. Pero hay algo más de fondo. En una cofradía de enemigos, como es las AUC, solamente unas reglas de juego transparentes, firmes e iguales para todos pueden darles la certeza de que su desmovilización no beneficiará a un 'competidor' que ocupará su territorio. ¿Quizás fue esto lo que le costó la vida a Arroyave? Sólo la seguridad de que todos estarán en el suelo (o en la cama) desincentivará que alguno explore tratos secretos con el gobierno o con los gringos, y les quitará el miedo a todos de que esto suceda ¿No fue ese temor el sacó del juego a Carlos Castaño? Por eso los señores de Ralito necesitan que el Estado garantice que todos están desmontando todos sus negocios ilegales y no habrá tratos diferenciales. Y hay todavía algo más contundente. Sólo una reparación a las víctimas en toda su dimensión puede llegar a reconciliarlas con el Estado que no las protegió, y eventualmente hasta con sus victimarios. Como explica el experto Pablo de Greiff en el primer Cuaderno del conflicto que acaban de sacar Ideas para la Paz y Semana, un esfuerzo sincero de reparación a las víctimas de un conflicto armado tiene dos fines fundamentales. El primero, reconocer a las víctimas "no sólo en cuanto tales, sino en tanto ciudadanos, en tanto que titulares de derechos iguales a los del resto de ciudadanos". El segundo, "dar una razón a las víctimas para confiar en las instituciones del Estado". La reparación incluye ayudar a la rehabilitación de las víctimas, compensarles el daño sufrido, restituir los bienes usurpados, garantizarles que no van a volver a sufrir agresiones y otros gestos simbólicos, como por ejemplo actos públicos de perdón o levantar monumentos en honor a los asesinados. Entre más completa sea la reparación, mayor será la probabilidad de que la paz con los señores de la guerra sea reconocida como legítima por la sociedad colombiana y la comunidad internacional, y por tanto los acuerdos sean respetados en los años venideros. Entre más rápido las víctimas dejen esa condición y sean acogidos como ciudadanos con derechos, será más fácil sanar las heridas del pasado y acoger también a los victimarios. Por eso los señores de Ralito necesitan que el Estado promueva y administre con eficiencia una reparación amplia de sus víctimas, base de una reconciliación sostenible y creíble. * * * Por todas estas razones, se equivocan Adolfo Paz, Jorge 40 y demás negociadores de las AUC cuando creen que la certeza de su futuro es conseguir que la ley de justicia y paz expresamente impida su extradición o su juzgamiento por una corte internacional y que les haga pagar lo menos posible en plata y cárcel. La autenticidad de la justicia y la legitimidad del acuerdo no se ganan en un artículo legal que pronto puede quedar en letra muerta. Insistir en cuidar el pequeño interés particular de cada uno en el plazo inmediato pone en riesgo la posibilidad de que, para usar la frase mockusiana, si todos ponen hoy, mañana todos podrían gozar una paz duradera. Y lo más grave. Esta miopía política los está llevando precisamente a donde menos quieren ir estos señores: a convertirse en chivos expiatorios de toda la horrible y larga guerra sucia colombiana. Es cierto que han sido crueles protagonistas y de ella han sacado grandes réditos, pero hay otros señores de cuello blanco (y verde) que los empujaron y financiaron. Deberían verse en el espejo de Pablo Escobar. El Estado le hizo normas a su medida, y como esta alternativa fracasó, lo culparon de cuanto crimen sucedió y quienes lo usaron para enriquecerse quedaron a buen resguardo. La suerte de los señores de Ralito no depende del Congreso, ni del Presidente (Uribe o Bush), está en sus manos. Tienen una oportunidad de oro para hacer un auténtico acuerdo, aquel que nos trae a la memoria eso de reencontrarse con el corazón.