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Opinión

  • | 2015/04/07 08:00

    Al oído del Ministro Juan Carlos Pinzón

    Necesitamos una política de las armas construida con el involucramiento ordenado pero atendido de los diferentes sectores de la sociedad.

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Muchos colombianos  tenemos o construimos una opinión en relación con varias de las políticas de los gobiernos que han pasado con más pena que gloria, en los últimos 50 años. Opinamos de manera suelta sobre las políticas de salud, educación, agraria, vivienda, infraestructura vial y transportes, etc. 

Sin embargo, la política que más ha marcado la vida de la Colombia del último medio siglo se convirtió en tema de resorte exclusivo de las Fuerzas Militares. En especial de los miembros del Ejército Nacional y de sus “amigos”. Y así, por arte de magia, la política de las armas en Colombia ha permanecido en manos de un pequeño círculo de poder y cooptada por estrategias internacionales que son corresponsables de buena parte de la violencia que hoy se busca superar en la mesa de negociaciones de La Habana. 

Desde las década de los 50 un pequeño círculo habló y definió la política  de las Fuerzas Militares; impidió que el conjunto de la sociedad se convirtiera en interlocutor válido a la hora de definir doctrina, rumbos, objetivos, estrategias de complemento a tareas del Estado en el corto, el mediano y el largo plazo. Amparados en la “Seguridad Nacional” hicieron imposible construir interlocución sincera, fluida, productiva entre civiles y militares en Colombia.

No hubo, no ha habido, diálogo.

¿Imagina un diálogo sincero y fluido entre el alto mando militar y la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT)?  o ¿ entre el alto mando militar y  la Federación Nacional de Educadores (FECODE)?, o ¿entre el Partido Comunista, los mandos militares y el ministro de la Defensa? Imagine por un segundo una reunión sincera, respetuosa, entre la Unión Patriótica de los 80, liderada por Jaime Pardo Leal o Bernardo Jaramillo, y los militares de la época o, piense en una entre los sobrevivientes actuales de la Unión Patriótica y el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Esto es tan inimaginable como el “milagro” que pronto presenciaremos, cuando veamos a hombres de las FARC y miembros del Batallón de Desminado BIDES trabajando juntos con comunidades de Antioquia y Meta para la limpieza de minas, munición sin explotar, artefactos explosivos improvisados y remanentes explosivos de guerra con el acompañamiento de la organización internacional Ayuda Popular Noruega, APN.
 
Nadie que haya vivido los recientes 25 años en Colombia llegó a imaginar que esto sería posible.
La ausencia de este diálogo nos ha costado sangre y dolor a todos los colombianos y creo que las negociaciones de La Habana brindan una oportunidad enorme para que todos participemos en la construcción de una política nacional de las armas.

Por ello estoy convencido de que, como han afirmado el general (r) Jorge Enrique Mora y el propio presidente de la República, esta política, la de las armas, no se discute ni se ha de discutir en La Habana. 

Un importante salto cualitativo que permite la negociación es que se desarrolle un ambiente favorable para que discutamos entre todos los colombianos la política de las armas. Esta no puede seguir siendo un tema misterioso. Necesitamos una política de las armas construida con el involucramiento ordenado pero atendido de los diferentes sectores de la sociedad.

El futuro de los más de 450.000 miembros de las Fuerzas Militares, el de sus recursos técnicos y el conocimiento que tienen del país y de sus problemas no puede ser discutido sólo internamente de manera endogámica. Allí nos estamos jugando buena parte de la sostenibilidad de la superación de la guerra con las FARC y, esperamos, también con el ELN. Más que eso, nos estamos jugando la posibilidad de recuperar visiones adquiridas por las Fuerzas Militares en décadas y que pueden ser útiles para la construcción integral del Estado y de la nación que todos queremos.

Una buena parte de los dirigentes nacionales y regionales no conoce el territorio y las complejas contradicciones que allí se albergan. En contraste con ello, muchos de los oficiales y mandos de la Policía, Ejército Nacional, Armada e incluso la Fuerza Aérea las han vivido y pueden aportar en un proceso de ampliación y fortalecimiento democrático de la presencia estatal.

Para abordar los retos de inclusión social regional, de desarrollo de las zonas de la frontera agrícola nacional, de las líneas de frontera territorial con otras naciones, requerimos la capacidad intelectual, los recursos humanos, los desarrollos técnicos y tecnológicos que poseen las Fuerzas Militares. El camino fácil es pensar en el casi medio millón de hombres y mujeres armados sólo como factor de control territorial, o que sean desminadores, o que desarrollen acciones cívico-militares, o que hagan un puente, o que sigan adelantando lo que llaman Acciones Especiales de Operación Sicológica, en zonas con presencia de BACRIM y aquellas otras bandas que surgieran.

Todo ello corresponde a una visión caduca e instrumental de la Fuerzas Militares, ese lenguaje corresponde a una doctrina envejecida que mantiene separados a civiles y militares. El reto es construir juntos una visión para la posguerra. Esta es una apuesta necesaria para fortalecer y reconciliar a la sociedad y a las Fuerzas Militares en democracia.

Habrá, desde luego, que enfrentar temas complejos porque  aquí, y en todas las sociedades, la guerra ha sido camino para la corrupción y abuso en estamentos que por la excepcionalidad de su función, no tienen controles externos y las Fuerzas Militares colombianas no están exentas de ello. Tampoco se debe olvidar que actores civiles de gobierno incurren en ese tipo de conductas en situaciones extraordinarias como las atenciones de emergencias y desastres, para poner un ejemplo.

Por ello el diálogo ha de ser franco, sincero. Un diálogo más de futuro que de pasado. No es el escenario para cobrar, es un diálogo para construir un futuro con todos, con reglas claras. En ello el lenguaje y las formas serán importantes. Por todo lo anterior, se debe decir que es fundamental el liderazgo que adelante este proceso: el proceso de construcción de una política estatal de las armas de Colombia que rija a cada uno de los hombres y mujeres que integran a las Fuerzas Militares. Desperdiciar la oportunidad para hacer esta construcción con todos sería repetir lo que se ha hecho por décadas o lo que es lo mismo, definirlo en la mesa de negociaciones de La Habana en conciliábulo, como acusan los enemigos del proceso, entre ellos algunos de los privilegiados que decidieron por años el quehacer de las armas del país, en grupos ausentes de la fuerza del pueblo, donde reside el poder soberano de la Nación, como dice el preámbulo de nuestra Constitución.

El ministro Juan Carlos Pinzón tiene la palabra.

@alvarojimenezMi
ajimillan@gmail.com

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