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Opinión

  • | 2017/07/08 22:15

    Te hablo desde la prisión

    Un presidente del Congreso advirtió con fingida solemnidad a sus colegas: “o cambiamos o nos cambian”. Ni cambiaron ellos, ni los han cambiado, y se subieron el sueldo.

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En materia de corrupción parecería que fuera imposible caer más hondo de lo que ha caído Colombia hoy. Hace 30 años el presidente Julio César Turbay aconsejó reducirla “a sus justas proporciones”: pero no trató, o no se pudo. No era un asunto exclusivamente presidencial, aunque desde las presidencias se fomentara, en vez de combatirlo. Creció. Y desde entonces ha seguido creciendo.

Sí, de acuerdo, la corrupción ha existido siempre. Y con ella, la denuncia de la corrupción. Para no apartarnos de este estrecho ámbito geográfico que hoy es Colombia, ha sido denunciada sin cesar, y sin éxito, desde los primeros conquistadores españoles y sus primeros corregidores del temprano siglo XVI. Lo cual no significa que no la hubiera antes, entre los españoles venidos de España en España, y aquí entre los chibchas o los quimbayas o los taironas: solo que no tenemos las crónicas locales que nos informen al respecto. Los negros traídos como esclavos no tenían la posibilidad de ser corruptos; pero sí la tuvieron sus jefes en el África, que los vendieron como esclavos. La corrupción, la corrupción entendida como la utilización del poder político para lograr ventajas económicas, no ha tenido en la historia excepciones étnicas.

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Ni políticas. No es de derecha ni de izquierda. La hemos visto aquí entre los realistas y entre los patriotas en los tiempos de la Independencia, y después entre los conservadores y los liberales, de acuerdo con cuáles tuvieran transitoriamente el poder nacional o local. Tampoco existen las distinciones religiosas. Corruptos han sido en este país (unos sí, y por supuesto no todos: otros no) los curas y los pastores, los católicos y los masones y los protestantes recientes de tantas denominaciones como han surgido al amparo –justamente– de la corrupción: hay 5.000 Iglesias cristianas no católicas registradas en Colombia que han brotado de la nada por el solo hecho de que al estar registradas como “Iglesias” y no como tiendas, no pagan impuestos. Gracias a las investigaciones estudiosas de los historiadores hemos conocido los altos picos de la corrupción en Colombia: cuando el oro del Dorado en el siglo XVI, cuando el auge de la trata de esclavos en el XVII, cuando los empréstitos ingleses de principios del siglo XIX, cuando las compensaciones norteamericanas de la Danza de los Millones de principios del XX, cuando los altos precios del café de los años cincuenta, cuando la bonanza de la marijuana y después de la coca y de la cocaína de los años setenta para acá. Es decir: cada vez que ha habido dinero para repartir. Tal vez sea desagradable reconocerlo, pero lo cierto es que la sociedad colombiana ha sido honesta cuando ha sido pobre; y si no, no.

Y cuando ha sido pobre, tampoco: desde hace siglos suena el dicho popular (popular desde abajo hasta arriba) de que “aquí se roban hasta un hueco”. Se roba el hueco el que puede. Y no le pasa nada. ¿Por qué? Lo explica el poeta satírico Martinón, en Colombia, a la que para el caso llama Caconia: “Al caco en Caconia lo juzgan sus pares”.

Ahora vemos que en escándalos de corrupción de diversa índole – porque no toda la corrupción es robo: como señala Martinón en su poema, a veces el robo no es robo sino hurto, y por eso los jueces absuelven al culpable -están hundidos desde los más rasos hasta los más conspicuos representantes de los tres poderes del Estado. Del Ejecutivo, los últimos candidatos presidenciales (incluido el actual presidente de la república), varios ministros y muchos exministros, algunos presos, otros huidos, dos docenas de gobernadores, presos o huidos también, más de un centenar de alcaldes; y pasando a su brazo armado, varios generales del Ejército y de la Policía, para no hablar de soldados rasos ni de agentes de tránsito. En el Legislativo se suman a puñados del presidente del Senado para abajo los senadores y representantes, de los cuales no se sabe si son tantos los que todavía están presos como los que han sido soltados de la cárcel por la presión de sus pares; y nadie lleva la cuenta de los diputados de las Asambleas o de los concejales municipales. Hace algunos años otro presidente del Congreso les advirtió con fingida solemnidad a sus corruptos colegas: “O cambiamos, o nos cambian”. Ni cambiaron ellos, ni los ha cambiado nadie. Y se acaban de subir el sueldo.

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Y el Poder Judicial… El nudo, la nuez, la raíz de la corrupción está ahí. En las alturas, un magistrado de la Corte Constitucional se vende. Por abajo se venden unos cuantos centenares de jueces promiscuos municipales (que a lo mejor ya no se llaman así), de jueces de ejecución de penas, de jueces de … Se venden los fiscales. En estos días saltaron a las noticias tres casos extremos y caricaturescos: el fiscal anticorrupción resultó ser corrupto (pese a que de los ocho aspirantes al cargo había sido el único que superó la prueba anticorrupción del polígrafo); el secretario de Seguridad de Medellín resultó ser socio de la criminal Oficina de Envigado; y resultó que el director de una cárcel –la de Guaduas– vendía cupos de presos. Esto puede parecer un detalle insignificante. Pero cómo estará de podrida la pirámide de la Justicia colombiana, desde las Altas Cortes en la cúspide hasta el aparato carcelario en la base, para que a los delincuentes les convenga comprar cupos para que los reciban presos, porque les resulta más cómodo delinquir desde la prisión.

Dije al principio que era imposible caer más bajo. Pero se puede: leo en el periódico que cursa ante la Corte Constitucional una demanda para que los condenados por corrupción no sean castigados con la prohibición de negociar con el Estado. Porque pobreciticos. ¿De qué van a vivir si no?

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Nota: todo lo anterior es mera suposición: nada me consta. Respeto la presunción de inocencia de todos los jueces, legisladores, presidentes, etcétera. Me excuso de antemano por lo arriba escrito. No quiero verme atropellado por el carrusel de la corrupción, que permite que el acusado demande al acusador, y gane el pleito. 

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