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Opinión

  • | 2017/09/02 22:15

    Paramilitarismo (y II)

    En complicidad con él ha incurrido mucha gente poderosa en este país, como lo demuestran no solo las condenas, también numerosísimas, sino la vox populi: todos lo hemos sabido.

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En el fárrago de los nuevos escándalos de la Justicia parece que a todo el mundo se le olvidara cuál era el delito por el que se investigaba o juzgaba a los que se salvaron de esas investigaciones o esos juicios sobornando a los jueces (o siendo extorsionados por ellos, según sea el cristal con que se mire). Eran investigados por su contubernio con el paramilitarismo. Y resultaron absueltos,

o con sus procesos represados durante años y años en espera del vencimiento de términos, por el mismo motivo todos ellos: la aparición de falsos testigos.

Lo que nos devuelve al causante del enredo: el fiscal anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, tratadista del tema en su muy promocionado libro Los falsos testigos. Hace dos años resumía Moreno sus hallazgos en una entrevista para el portal Kien y Ke: “No solo existen falsos testigos, sino que hay empresarios de los falsos testimonios, personas que se lucran del falso testigo”. Y añadía: “En las cárceles se consiguen falsos testigos por 100.000 pesos”.

Puede leer: Paramilitarismo

Muchas veces he observado que una de las peculiaridades de la vida jurídica colombiana es que un delito nunca viene solo, como dice de las desgracias un proverbio popular. Siempre viene acompañado por otro, que suele servir para tapar el primero o al menos para desviar la atención. Así un robo suele encubrir un asesinato, y un cohecho un concierto para delinquir. En el momento actual estamos viendo cómo una extorsión encubre un soborno, y este a su vez distrae sobre el paramilitarismo, que por su parte está estrechamente relacionado con el delito del falso testimonio.

El fenómeno de la proliferación de falsos testigos es bastante reciente. Tiene su origen en la desmovilización de los paramilitares bajo el primer gobierno de Álvaro Uribe en el año 2003 y la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio en 2005. De inmediato los paras que no resultaron automáticamente amnistiados por la Ley de Justicia y Paz empezaron a acogerse a sus beneficios por delación, y por sus denuncias cayeron muchísimos políticos acusados de complicidad con el paramilitarismo, fueran esas denuncias ciertas o inventadas. El periodista Juan Gossaín, en una crónica del año 2015 dedicada justamente al libro de Gustavo Moreno, contaba que había entonces nada menos que 3.000 procesos en marcha (o represados) por falsos testimonios ante los juzgados del país.

Supongo que la mayoría de esos procesos, aunque no sé si lo dice Moreno en su libro, eran por parapolítica, como los que complican ahora a los extorsionados o defendidos por él: los senadores Musa Besaile y Julio Manzur, el exgobernador Luis Alfredo Ramos, etcétera. En todo caso el altísimo número de políticos de todos los partidos que en estos años han resultado incursos en pesquisas por parapolítica, y el altísimo número de ejemplos que corresponden a la especialidad de descubrir o inventar falsos testigos del hoy preso ex fiscal anticorrupción, explica el empeño actual de muchos en que no se subraye la gravedad del delito de paramilitarismo elevando su prohibición a nivel constitucional. Es que en complicidad con él ha incurrido mucha gente poderosa en este país, como lo demuestran no solo las condenas, también numerosísimas, sino la vox populi: todos lo hemos sabido.

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Y la defensa en tales casos ha consistido también muchísimas veces en la alegación de que los testigos son falsos; acompañada otras tantas de la acusación contra otro político de haberlos comprado en las cárceles (tal vez por 100.000 pesos). Ha sido el caso, por ejemplo, del expresidente Uribe contra el senador Iván Cepeda, o el de la exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez contra la también exsenadora Piedad Córdoba.

Otro asunto que habría que investigar es el de qué tiene que ver la DEA con todo esto. La tarea de la DEA consiste en perseguir los delitos de narcotráfico, no los sobornos ni las extorsiones. Y sin embargo han sido sus denuncias sobre los pagos de un exgobernador a un fiscal para sobornar a unos jueces de la Corte Suprema el detonante del escándalo. ¿Cuáles son esta vez, como diría san Francisco de Asís, los motivos del lobo? 

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