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Opinión

  • | 2017/02/15 09:22

    Odebretch y otros demonios del sistema electoral colombiano.

    El escándalo de corrupción ha escalado de tal manera que ahora están salpicadas las campañas electorales de Juan Manuel Santos y Óscar Ivan Zuluaga.

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Se ha dicho muchas veces: mientras el sistema político colombiano funcione como lo hace, mientras las reglas de juego estén a disposición y acomodo de la vieja clase política, nada va a cambiar. De Odebretch no quedará más que la anécdota. El fiscal general de la Nación, amparado en una supuesta legalidad, transfirió la responsabilidad de investigar los hechos relacionados con los sobornos que presuntamente recibieron las campañas de Santos y Zuluaga al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad con bajísima capacidad administrativa y nula voluntad política para investigar estos hechos. El CNE es probablemente el organismo de control más politizado del sistema político colombiano.

Dos hechos han puesto la lupa sobre el CNE. El primero tuvo que ver con las declaraciones del magistrado Armando Novoa en relación con la inscripción de la señora Nubia Stella Martínez Rueda como nueva directora y representante legal del Centro Democrático. El magistrado aceptó la inscripción (ver documento 1), pero advirtió las irregularidades que existen en los estatutos del Centro Democrático. Según el consejero, estos no responden a los principios democráticos y tienden a favorecer un partido unipersonal, algo así como un partido monárquico. Los estatutos determinan que todas las decisiones son tomadas por el presidente fundador (el monarca), es decir, el expresidente Álvaro Uribe, según los estatutos designa al director, veedor, convoca asambleas y es el único con puesto vitalicio, a todas luces una estructura que viola los principios democráticos de la Constitución política. Esto significó una ofensiva del uribismo para acabar con la imagen de Novoa.

El segundo hecho fue el escándalo de corrupción con la firma brasileña Odebretch. Lo primero que se debe advertir es que el fiscal Néstor Humberto Martínez se lavó las manos cuando trasfirió la responsabilidad de la investigación al CNE. De hecho, el fiscal aún tiene competencia, está claro que sobre el caso Odebretch, el delito no culmina con la supuesta entrega de dinero a Giraldo o con el no reporte del pago total de los servicios de Duda Mendonça en la campaña de Zuluaga. La investigación penal no excluye la investigación electoral.

El funcionamiento de la firma Odebretch es similar al de una estructura criminal internacional sofisticada, la cual tiene la capacidad de mover millonarias sumas de dineros por medio de operaciones transnacionales, creación de empresas ficticias, lavado de activos, todo esto con la máxima de no dejar rastro.

Por su parte, el CNE es un órgano politizado donde los partidos políticos eligen a los agentes que los van a controlar, es decir, no hay control. Además, su estructura administrativa es pequeña, no tiene capacidad investigativa, su nómina depende de la Registraduría y no tiene la experticia para hacerlo.

Las primeras de cambio indican que cuando el furor mediático se ahogue y no haya más qué decir sobre el caso, el CNE en un día cualquiera emitirá resolución en la que asegure que ya todo pasó. Aquí la nómina que va a engavetar la investigación.

El actual presidente de CNE es Alexánder Vega, del Partido de la U, el hombre de Miraflores Guaviare es muy cercano de los ñoños y en los pasillos de la corporación se dice que no da un paso sin la aprobación de ellos. El otro consejero con el aval del Partido de la U es Bernardo Franco, quien en teoría debió salir en el 2016, año en que cumplió la edad de retiro forzoso, sin embargo, desde el 2010 sigue apostado en la silla del CNE; sobre Franco se cuestionó la cercanía que tuvo con Carlos Fernando Sánchez, quien fue candidato a la gobernación de Santander del parapolítico Hugo Aguilar.

La cuota del Partido Liberal esta en cabeza de Héctor Elí Rojas, conciencia jurídica del clientelismo liberal. La llegada de Rojas al CNE resultó ser un premio de consolación por parte de la colectividad, recordemos que se quemó para el Senado y semanas después fue nombrado magistrado. El segundo representante liberal es Emiliano Rivera, este se hizo célebre porque decidió no investigar la campaña de Óscar Iván Zuluaga en el caso del hacker Sepúlveda.

Por parte de los conservadores, encontramos a Carlos Camargo, hombre cercano al exregistrador Carlos Ariel Sánchez, yerno de la senadora conservadora Nora García Burgos y primo de David Barguil, además fue candidato a la personería de Bogotá en el 2012, para esa elección se denunció que tanto Sánchez como el exprocurador Alejandro Ordóñez le estaban haciendo campaña. La segunda conservadora es Ángela Hernández, ficha del exprocurador Ordóñez.

Por el Centro Democrático está Felipe García, quien un mes antes de posesionarse como consejero ejercía como abogado del Centro Democrático, por supuesto este no da un paso sin la aprobación del partido. Por Cambio Radical esta nada más y nada menos que Yolima Carrillo, familiar del representante a la Cámara Antenor Durán Carillo y mujer cercana a la casa política del condenado por homicidio Kiko Gómez. Carrillo fue la protagonista en pasarle la pelota a la Sección Quinta del Consejo de Estado la decisión sobre el aval de Oneida Pinto, recuerden que esa decisión permitió que ella ganara las elecciones para que seis meses después fuera destituida.

Finalmente, encontramos a Armando Novoa, magistrado que llegó con el apoyo del Partido Verde, el Polo y el Mira: Novoa desde su ingreso a la entidad ha sido crítico con el papel de la misma, y es desde adentro uno de los principales promotores de la reforma política, la cual a su juicio incluye la transformación estructural del órgano electoral, es el único que salvo de ese grupo.

La posición del magistrado Novoa provocó que el Centro Democrático y Cambio Radical le frustraran la participación en la Misión Especial Electoral y en los últimos días le ha servido para recibir toda clase de insultos por parte del Centro Democrático. Pero sobre esto no hay que sorprenderse, la estrategia del uribismo siempre ha sido deslegitimar a su opositor. Con insultos pretende minimizar las acusaciones, siempre seguidos del espíritu en el cual, cualquier indicio irregular sobre la conducta de los integrantes del partido hace parte de una estrategia de persecución.

Y es que ante los graves hechos que se han presentado, tampoco se puede desconocer el nivel de responsabilidad que posiblemente tuvo cada uno de los implicados. Por un lado está Oscar Iván Zuluaga, quien de comprobarse que recibió dinero de Odebretch para terminar de pagar los servicios de Duda, sería directamente responsable, él, el gerente de la campaña (David Zuluaga) y el director programático del partido (Iván Duque, el otro presidenciable). Ellos fueron a reunirse en Brasil, sin ningún intermediario. En la campaña de Santos, hasta el momento se involucra únicamente al gerente de la campaña. Pero para ambos lados, aún hay mucha tela por cortar.

En el CNE prima la lógica; “yo no te investigo y tú no me investigas”, por eso será muy difícil que las pesquisas sobre las campañas de Zuluaga y Santos avancen. Las primeras acciones indican que primará la dilación para que las elecciones del 2018, el debate electoral, oculte ante la opinión pública lo podrido del sistema electoral colombiano.

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