Bogotá no es Quitasueño

La vida tiene paradojas. El presidente Juan Manuel Santos todavía no ha acatado la decisión de la Corte Internacional de La Haya, que deja parte del territorio colombiano como un enclave en el mar nicaragüense, porque considera que se desconoció la soberanía del país sobre esa zona. Pero casi al tiempo, su propio gobierno trataba a Bogotá cual si fuera Serrana o Quitasueño.

Esta semana, en entrevista radial, Gina Parody le hacía “control previo” a la decisión del alcalde Gustavo Petro de entregarle al Acueducto de Bogotá la recolección de basuras, y casi en simultánea, la Superintendencia de Industria y Comercio, que llega tarde a todas partes, se adelantó a investigar si se estaba configurando un monopolio, un mes antes de los hechos. ¡Y encima se sorprenden de que sus intromisiones tengan consecuencias políticas!

Como es normal, el alcalde ejerció, como lo está haciendo Santos con la Corte de La Haya, su derecho al pataleo, y convocó a una concentración de recicladores y sindicalistas en la sede del Acueducto. Acudir a las “masas” es algo que suelen hacer los gobernantes cuando sectores poderosos se oponen a sus planes.
 
Basta recordar que a principios de este año, el presidente Santos se puso al frente de una marcha de campesinos en Necoclí, Antioquia, para demostrarles a los enemigos de la restitución de tierras que la cosa era no sólo con él, sino con el pueblo. Un gesto considerado valeroso por muchos de los que ahora ven a Petro como un populista barato.

Nadie niega que hay grandes dudas técnicas sobre cómo se logrará convertir el Acueducto en un operador de basuras en menos de un mes, ni que hay un debate jurídico en el que cada parte tiene argumentos de peso. Pero de ahí pasamos a un pulso ideológico y político de aguas profundas.
 
Hay un temor generalizado de que a finales de este año Bogotá huela a podrido y haya una epidemia de ratas, como ocurrió a principios de los 90. El tiempo apremia y ni el gerente del Acueducto, Diego Bravo, ni el propio alcalde han logrado explicarnos cómo recogerán siete mil toneladas diarias de basura a partir del 18 de diciembre. Bravo ha hecho referencias desafortunadas: que si toca, traerá volquetas, que hay muchas empresas con carros disponibles y que no descarta subcontratar a los actuales operadores (los mismos calificados de mafiosos por el alcalde). Pero su falta de claridad no puede ser la excusa para darle un zarpazo a la gobernabilidad del alcalde.

Cuando los funcionarios de Santos dicen que la ley obliga a garantizar la libre competencia, están tomando del ordenamiento jurídico lo que les conviene, según su posición ideológica. Y eso es tan legítimo como lo que hace Petro, quien alega, desde su posición ideológica, que el monopolio estatal es el único que garantiza el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que protege los derechos de los recicladores.

Hasta ahora la libre competencia no ha sido un esquema muy afortunado para garantizar servicios que constituyen, a su vez, derechos, como muy bien lo estamos viendo con la profunda crisis de la salud. Pero un esquema cien por ciento estatal, como el de Medellín, no se impone de un tajo y una empresa del tamaño y las capacidades que se necesita no es un conejo que se saca del sombrero de un mago.

Posiblemente lo mejor sea que el presidente Santos y el alcalde lleguen a un acuerdo para manejar la inminente emergencia, mientras Petro diseña el esquema adecuado para la ciudad, de acuerdo con su plan de gobierno, que, por cierto, es de izquierda, aunque las mareas en boga no lo sean.
 
Lo que urge es una nueva licitación que sea más justa para las finanzas de los bogotanos, incluyente con los recicladores y racional en lo ambiental. En eso todos parecen estar de acuerdo, por lo menos en teoría.

Claro que si el problema fuera sólo técnico y jurídico, la cosa sería fácil. Pero en el fondo es político y se devela en el argumento peregrino que usan los adversarios del alcalde cuando dicen que este fue elegido por una minoría y que por eso no puede poner en práctica su proyecto de ciudad. Eso es tan absurdo como decir que el presidente Santos fue elegido con votos endosados por Uribe y que en consecuencia no puede sacar adelante el proceso de paz.

Santos debe admitir que crear una Alta Consejería para la ciudad no fue su idea más brillante y que nombrar en ella a una opositora del alcalde, y seguramente futura candidata a ese cargo, es un desacierto. Sin funciones claras, y con un afán de protagonismo tan fuerte, Parody puede terminar quemada, cuando tiene por delante una carrera pública muy prometedora.

El presidente tampoco se puede equivocar con el mensaje político. Si Petro no puede gobernar con sus ideas, entonces ¿qué pueden esperar las FARC? ¿Que se les abran las rutas de la democracia para que gobiernen con las ideas ajenas?

Twitter @martaruiz66