Carta al embajador gringo

Como sé que debe andar aún revisando los cabos sueltos que dejó su antecesor, un embajador simpático, un poco payaso para mi gusto, voy al grano. La intención de esta misiva tiene por objeto ponerlo al tanto de una promesa incumplida por su antecesor y por su gobierno, en el sentido de que Washington había concertado un acuerdo con el gobierno colombiano para salvaguardar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de los jefes narcoparamilitares que fueron extraditados a su país en 2008.
 
En ese acuerdo se establecían los protocolos necesarios para que los jefes paramilitares que no habían reparado a sus víctimas pudieran contar la verdad desde las cárceles norteamericanas. Se nos dijo que desde ese instante se permitiría judicializar en Colombia toda información relativa a hechos de corrupción o a delitos de lesa humanidad cometidos en el país, que proviniera de las declaraciones dadas ante los fiscales norteamericanos por los jefes narcoparamilitares. Aún recuerdo la seguridad y la convicción con que no solo su antecesor sino el entonces ministro del Interior y de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe, Fabio Valencia Cossio, le informaron al país en sendas ruedas de prensa sobre la importancia y el alcance de este histórico acuerdo logrado entre los dos gobiernos.
 
En un momento dado, su antecesor fue más allá y dijo que el acuerdo era tan en serio que hasta las víctimas de los señores paramilitares podían ir a Estados Unidos a reclamar sus derechos y a asistir personalmente a las audiencias de sus victimarios (¿les darían la visa?).
 
Tal sería el vigor con que su antecesor hizo esta promesa que llegó al extremo de empeñar su palabra, actitud que me pareció un tanto fuera de tono y sobreactuada. Y aunque en su momento fuimos muy pocas las voces que expresamos nuestras reservas sobre las posibilidades reales de un acuerdo de esta magnitud, la mayoría de la sociedad colombiana -al igual que sus víctimas- sí le creyó.
 
Desde entonces han pasado dos años y la promesa hecha por su antecesor no se ha cumplido. Y no se ha cumplido por una razón muy simple, embajador: con el paso del tiempo, ha quedado al descubierto que ese acuerdo bilateral entre Washington y Bogotá nunca existió.
 
Así lo afirman no solo los abogados de los propios jefes paramilitares en Estados Unidos, como Joaquín Pérez, quien de manera categórica ha dicho que ese acuerdo nunca existió, sino los fiscales norteamericanos que no lo conocen y que son los únicos que deberían saber de su existencia. En cuanto al intercambio de información judicial que su antecesor prometió, nunca se ha dado, y hasta el momento ni la Fiscalía ni la Corte han podido judicializar ninguna información proveniente de declaraciones dadas por los jefes paramilitares ante los fiscales norteamericanos.
 
Los pocos avances que se han hecho en estos dos años son gracias a la buena voluntad que hay entre la Corte Suprema de Justicia y algunos fiscales norteamericanos -no todos, aclaro-. Solo un año después de que estos señores fueron extraditados se autorizó el viaje de los primeros magistrados auxiliares de la CSJ a Estados Unidos, con el propósito de que fueran a verlos a las cárceles. Y gracias a estos contactos se han podido realizar las pocas audiencias que se han hecho -en un año, no más de cuatro.
 
Sorpresivamente el gobierno de su país suspendió la audiencia de Mancuso prevista para el pasado 16 de septiembre, en la que se le iba a escuchar por el caso de Mario Uribe, el primo del ex presidente Uribe, investigado por sus vínculos con los paramilitares. La razón que adujo para suspenderla fue la de que en esa semana se iba a trasladar al reo a otra cárcel y que lo mejor era reprogramarla para el 30 de este mes.
 
Señor embajador, la verdad sobre lo que ha sido el narcoparamilitarismo en el país está en esas cárceles norteamericanas. Si se le sepulta, el monstruo del narcoparamilitarismo seguirá penetrando nuestras instituciones hasta llegar a las suyas.