Censo nacional agropecuario

Para ponerle orden al sector agropecuario, se requiere de un censo, no solo de sus habitantes rurales sino de los predios productivos, encadenándolos con las alianzas estratégicas, con el fin de promover programas de industrialización y comercialización. 

En las condiciones en que se encuentra, está totalmente desarticulado, allí mete la mano todo el que quiera y finalmente nada pasa. 

No existe una política clara que permita hacerlo viable. Ni el actual gobierno, ni los anteriores, han cumplido con lo ordenado en las Constituciones Políticas: del 91, ni tampoco los gobernantes de la Constitución del 1886.

Los problemas del agro, vienen de décadas atrás. Nuestros campesinos siempre han sido el caballito de batalla de políticos mentirosos e irresponsables, sin escrúpulo para  promesas incumplidas. Menos mal que en el paro que realizan se muestran con mucha consciencia, ya no son los campesinos del siglo pasado. Ahora viven mejor informados, leen la prensa, escuchan radio, ven televisión y lo más importante, entraron en la era de la informática. Conocen a la perfección sus deberes y derechos. 

De allí que sobren muchas de esas agremiaciones agropecuarias que pululan por las principales ciudades. Para lo único que sirven es para sostener a un gerente perezoso y arrogante, con sueldo extravagante y un séquito de burócratas aduladores que se comen buena parte del presupuesto asignado por el gobierno  para  planes y programas de desarrollo.     

Ya que se está hablando de un gran acuerdo agropecuario, es muy importante que tanto gobierno como legisladores cumplan con lo ordenado en los artículos 64 y 65 de la Constitución del 91, pero teniendo en cuenta su real ordenamiento jurídico. Es decir, dotándolos de todos los elementos básicos para el desarrollo de sus actividades. Además, proveyéndolos de una vivienda digna, servicios básicos domiciliarios, salud, educación y prestaciones sociales, para la cabeza de hogar,  cónyuge e hijos.

El seguro de cosecha y comercialización de los productos es otro cuello de botella que el gobierno debe incluir dentro del gran acuerdo que se piensa firmar en muy breve tiempo. De nada nos sirve que el campesino produzca si muchas veces sus cultivos son arrasados por los vendavales, tan comunes en estas épocas de sorpresivos cambios climáticos. De otro lado, para lograr éxito en la comercialización, se requiere que se organicen programas de agroindustrialización, es decir, que le den valor agregado a los productos primarios y, lo más importante, que se empiece a cultivar con agricultura orgánica con miras a los mercados y a los TLC  de Estados Unidos, Canadá y Europa. 

No olvidemos que todas las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; partiendo desde el Ina, Idema, Inderema, Incora, Inpa, Caja de crédito Agrario, flota mercante gran – colombiana, entre muchas otras fueron liquidadas, puesto que sucumbieron bajo la administración de delincuentes de cuello blanco, que hoy disfrutan a sus anchas de las mieles del poder u ocupando altos cargos públicos. 

Para evitar que todos estos desmanes se repitan, el gobierno está en la obligación de manejar con mucho criterio de orientación campesina, las instituciones que regulan sus actividades pero sin  caer en los errores del pasado, como el endosar su manejo a personas que son totalmente ajenas a sus actividades.

Si en estos días de paro nacional agropecuario nos detenemos a analizar cada una de las instituciones que regulan sus subsectores convertidos en federaciones, fundaciones, cooperativas y asociaciones, que en solo Bogotá son más de 250, en su mayor parte todas se rajan, puesto que los beneficios que reciben para el pequeño y mediano productor por lo regular no les llega o a lo sumo llegan con injustificados recortes.     

El Estado está en su deber de establecer cual es en realidad la población campesina activa, es decir, los que viven en el campo, derivan su sustento de él y cuáles son los requisitos que debe llenar un ciudadano para lograr este status. Lamentablemente en nuestro país, este censo no se ha hecho, razón por la cual los recursos que se asignan la mayoría de las veces se esfuman en los bolsillos de los avivaos o instituciones fantasmas. 

Otro aspecto fundamental que no se ha hecho, y se requiere con urgencia, es levantar  la memoria de tierras. Se están presentando en los casos de restitución que quien va a reclamar no posee los títulos de donde lo despojaron los paramilitares o la guerrilla. 

Sobre este punto la USAID, tiene los recursos para iniciar el programa, pero todo indica que en el Incoder,  que es a quién corresponde este trabajo, anda manga por hombro y no se ha podido hacer la convocatoria. 

Continuamos insistiendo que el Estado debe responder por lo que el campesino produzca. Para lograr este objetivo, se hace indispensable el fortalecimiento de las cadenas productivas y las alianzas estratégicas. Pero sobre todo entregar su manejo a personas altamente calificadas, en los actuales momentos tal cual funcionan, no le están prestando ningún beneficio al pequeño y mediano productor que es dónde están, las principales fallas del Sector Agropecuario y el origen de los paros y reyertas campesinas. 

urielos@telmex.net.co