Colombia tiene un nombre nuevo para el dolor. Se llama Yulixa Toloza. Una mujer que entró caminando a un supuesto centro estético y fue encontrada muerta. No desaparecida. Muerta. Lo que ocurrió con Yulixa es el resultado directo de años de tolerancia institucional frente a estructuras criminales que operan a plena luz del día, que se lucran de la desesperanza de las mujeres y que cuentan con la complicidad silenciosa de un Estado que llega siempre demasiado tarde.
Las preguntas que rodean este caso son tan graves como perturbadoras. ¿Quién autorizó el funcionamiento de ese lugar? ¿Quién verificó las condiciones sanitarias? ¿Quién controló que las personas que realizaban procedimientos invasivos sobre cuerpos vivos realmente supieran lo que hacían? Hoy, los implicados enfrentan cargos de homicidio agravado y desaparición forzada, con penas que pueden alcanzar los 45 años de cárcel. Eso no es un error médico. Eso es un crimen.
En Colombia, los establecimientos donde se realizan procedimientos estéticos deben ser vigilados y habilitados por las secretarías de Salud departamentales y distritales, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, mientras la Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones de inspección, vigilancia y control. Y, aun así, las llamadas “clínicas de garaje” continúan funcionando con una facilidad que ya no asombra, sino que aterra.
Las cifras más recientes conocidas en 2025 revelan que Colombia alcanzó un récord histórico en procedimientos estéticos. El más reciente informe mundial de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery, presentado en junio de 2025 durante el Congreso Mundial en Singapur, confirmó que en Colombia se realizaron 490.944 procedimientos estéticos durante el último año medido, un crecimiento del 10 % frente al periodo anterior. De ese total, 321.408 fueron cirugías y 169.536 procedimientos no invasivos, lo que significa que en el país se practican cerca de 1.345 intervenciones estéticas diarias. Colombia, además, se consolidó como uno de los principales destinos mundiales de turismo médico estético y ya figura dentro del top 10 global en cirugías plásticas, junto a Brasil, Estados Unidos y México.
Solo en Bogotá, entre enero de 2025 y mayo de 2026, la Secretaría de Salud recibió 282 denuncias relacionadas con procedimientos estéticos irregulares, de las cuales 194 correspondían a establecimientos clandestinos o no habilitados; es decir, cerca del 70 % de los casos. En ese mismo periodo, las autoridades realizaron 563 operativos, 814 visitas de inspección y aplicaron decenas de medidas sanitarias, sin lograr frenar la expansión de estos sitios ilegales.
Las llamadas “clínicas de garaje” y los procedimientos realizados sin habilitación ni personal capacitado dejaron de ser un problema administrativo para convertirse en una tragedia criminal. Cuando una persona realiza procedimientos quirúrgicos sin cumplir los requisitos legales y profesionales, no actúa desde la ignorancia, sino con pleno conocimiento del riesgo que puede causar. Sabe que puede generar lesiones graves o incluso la muerte y, aun así, decide continuar. Desde el punto de vista penal, esa conducta deja de ser simplemente culposa y empieza a adquirir elementos dolosos que agravan de manera radical las consecuencias jurídicas.
Quien improvisa procedimientos invasivos en establecimientos clandestinos, sin formación especializada, sin protocolos y sin condiciones sanitarias mínimas, asume conscientemente un riesgo sobre la vida de otras personas. Y cuando, además, aparecen conductas posteriores como el ocultamiento de información, el traslado irregular de la víctima o la desaparición de evidencias, el escenario jurídico cambia de manera radical y definitiva. Estamos hablando de crimen organizado, de desaparición forzada, de homicidio.
Lo más perturbador es que muchas de estas estructuras funcionan de manera coordinada: son redes donde varias personas participan coordinadamente, con roles definidos, en actividades ilegales sostenidas en el tiempo, lucrándose de la salud y de la vulnerabilidad de quienes confían en ellas. El Estado lo sabe. Y sigue llegando tarde. Sigue reaccionando únicamente cuando la tragedia ya ocurrió y cuando ya hay un cadáver que exige explicaciones.
Muchas mujeres siguen buscando procedimientos a precios imposibles, minimizando los riesgos y confiando su cuerpo y su vida a personas sin formación ni respaldo profesional. La presión estética, la obsesión por la apariencia y la cultura de las redes sociales han alimentado un mercado oscuro donde la ilegalidad se disfraza de oportunidad. Donde la muerte se vende como una ganga. Y eso también es una responsabilidad colectiva que no se puede seguir evadiendo.
El crecimiento acelerado de esta industria permitió la expansión de falsas clínicas, médicos sin especialización y procedimientos clandestinos donde muchas personas terminaron mutiladas, intoxicadas o muertas. Por eso, quienes convierten el cuerpo humano en un negocio desechable deben enfrentar todo el peso de la ley. No puede seguir existiendo impunidad para quienes trataron la vida de sus pacientes como si fuera basura, sin ética, sin humanidad y movidos únicamente por la codicia. Cada víctima representa una historia destruida y una muestra del fracaso de los controles del Estado frente a una industria que, en demasiados casos, perdió cualquier límite moral.