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Opinión

  • | 2017/03/04 09:33

    El primer campanazo de los "gringos"

    Por primera vez un informe oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos vincula directamente el crecimiento de cultivos de coca con el proceso de paz con las FARC.

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El jueves 2 de marzo, la “Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Fortalecimiento de la Ley” del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hizo público el informe sobre “la estrategia internacional de control de narcóticos”, con corte a 31 de diciembre de 2016. (Vea el informe aquí)

El informe no podría ser más duro con respecto a Colombia. Según el Departamento de Estado, sin incluir las nuevas cifras correspondientes al año 2016 que serán publicadas en los próximos días, las cuales con seguridad serán aún más alarmantes, el país aumentó los cultivos de coca en 42 % entre el 2014 y el 2015, y llegó a 159.000 hectáreas, lo que lo consolida como el mayor proveedor de cocaína en Estados Unidos.

En este contexto el gobierno de Estados Unidos hace una clara mención a las FARC como la “organización de tráfico de drogas más grande de Colombia”, y por primera vez, de manera oficial, Washington evidencia una relación directa entre el proceso de paz con las FARC y el aumento de la coca en el país.

Textualmente el informe afirma que “las FARC instaron a los cocaleros a plantar más coca, motivándolos por la creencia de que la inversión y los subsidios del gobierno colombiano en el postconflicto se concentrarán en las regiones con mayor cantidad de coca”. Continúa el informe señalando que “el gobierno colombiano redujo las operaciones de erradicación en áreas controladas por las FARC, para reducir el riesgo de conflicto armado a medida que las partes negociaban un acuerdo de paz definitivo.”

En este contexto, me permito citarme en una de mis columnas en la revista Semana (Con coca no hay paraíso), cuando me preguntaba cómo hará el gobierno colombiano para explicar a Estados Unidos ¿cómo es eso del narcotráfico como delito conexo con los delitos políticos?

La duda crece después de leer el informe al que vengo refiriéndome. Si bien a nivel diplomático la Casa Blanca sigue afirmando que apoya el proceso de paz con las FARC, el hecho de categorizarlas como las mayores narcotraficantes del país y como las causantes del incremento récord de cultivos de coca, habiendo aprovechado para ello el propio proceso de paz, hará muy difícil implementar dos de los acuerdos firmados: 1.El tratamiento del narcotráfico como delito conexo con el delito político y 2. La no extradición de miembros de las FARC, incluso aun cuando hayan incurrido en el delito de narcotráfico.

La próxima solicitud de extradición de un miembro de las FARC por parte de Estados Unidos, necesariamente se hará en el contexto de considerar que, no obstante existe un proceso de paz con esa organización, su estatus y el de sus miembros, excepto prueba en contrario, seguirá siendo el de “narcotraficantes”, lo cual crea una verdadera crisis en la implementación de los acuerdos, pues sin importar los blindajes que el Congreso apruebe fast track para proteger a las FARC del gobierno de Trump, a nivel internacional podrán ser perseguidos como autores de un delito que es considerado “transnacional”.

En este escenario surge para el gobierno nacional la necesidad de replantearse si la conexidad del narcotráfico con el delito político será viable y sostenible en el tiempo y si es realista mantener el compromiso de que no se extraditará a los miembros de las Farc que están, o hayan estado, en el narcotráfico.

No se puede tapar el sol con un dedo, el primer amnistiado de las FARC al que se le demuestren vínculos con el narcotráfico será siempre perseguido por la justicia norteamericana. Sólo las nuevas generaciones del partido político que surja de las FARC podrán hacer política mirando a los ojos a cada uno de los colombianos. Insistir en que los comandantes y militantes que han promovido, tolerado, o “alcahueteado” el narcotráfico sean perdonados para poder hacer política sólo contribuirá a que esa organización nunca sea una verdadera opción para los electores, especialmente en el actual contexto de lucha frontal contra la corrupción. O acaso ¿no es el narcotráfico una de las mayores expresiones de la corrupción, aun en el contexto de un proceso de paz?

*Ex viceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.
@ceballosarevalo

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