Cuentas y cuentos sobre vendedores ambulantes

El tema de los vendedores ambulantes es uno de esos en los que escasean las cuentas y abundan los cuentos. Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuántos vendedores trabajan en las calles ni cómo manejar semejante fenómeno social, todo el mundo parece tener una opinión autorizada al respecto, basada con frecuencia en uno de los tantos mitos que existen sobre el asunto. De ahí que el debate sobre los ambulantes se haya convertido en un diálogo de sordos y en el dolor de cabeza de los alcaldes de las grandes ciudades, especialmente Bogotá. Para desempantanar la discusión y buscar soluciones conviene, por tanto, comenzar por hacer las cuentas y deshacer los cuentos.

Empecemos con las cuentas. ¿Cuántos vendedores ambulantes hay en Bogotá? Aquí comienza la confusión, porque no existen cifras confiables sobre una población que por naturaleza es difícil de censar y que no ha sido estudiada con rigor. Un informe reciente de la Alcaldía reconoce lo tentativo de los datos: mientras que la Alcaldía "conoce de 22.000" ambulantes, "la cifra hasta ahora aceptada (del BID) es de 105.000", "pero podría tratarse de 70.000." A falta del censo que la Alcaldía ha propuesto, éstas y otras cuentas -como las del estudio de la Contraloría Distrital que pronosticó que para el año 2.010 habría 260.000 ambulantes- son sólo aproximaciones y a duras penas sirven para hacer diagnósticos y políticas certeras.

Pero estas no son las únicas cuentas relevantes. Las cifras que están en la raíz del problema son las del desempleo y las del empleo informal: ¿a alguien le sorprende encontrar vendedores en cada esquina cuando, según el estudio de la Contraloría, el 58% de los habitantes de Bogotá trabaja en la economía informal y el 16% está sin empleo? De hecho, el sector informal -y no los empresarios favorecidos con leyes laborales flexibles y generosas exenciones al impuesto a la renta- se ha convertido en el mayor creador de empleo: de cada 100 nuevos puestos de trabajo, 62 son informales. Aunque le pese a quienes reclaman mano dura y desalojos mientras compran tarjetas de celular en los semáforos, estamos ante un fenómeno social y económico de inmensas proporciones y no ante un simple problema de policía que puede eliminarse a punta de redadas y decomisos. No hay sociedad que aguante semejantes niveles de desempleo y subempleo sin la válvula de escape del rebusque.

Una última cuenta antes de pasar a los cuentos. De hecho, si se miran las cifras sobre quiénes invaden el espacio público, ya entramos en el terreno de los cuenta-cuentos. Porque resulta que, según cifras reportadas por "El Tiempo", los vendedores ambulantes ocupan sólo una octava parte de los 2.4 millones de metros cuadrados de espacio público invadido ilegalmente por particulares en Bogotá. El resto es ocupado por construcciones piratas, y por los carros particulares y los espacios ilegalmente enrejados por los "ciudadanos de bien" para convertir vías y parques públicos en conjuntos cerrados.

Con esto entramos a los cuentos que buscan disimular la doble moral de quienes se rasgan las vestiduras por el espacio público, entre ellos los empresarios y comerciantes formales que señalan con dedo acusador la competencia desleal de los informales que no pagan arriendo, impuestos ni prestaciones laborales. Pero, ¿qué venden los ambulantes? No sólo CDs piratas o cigarrillos de contrabando distribuidos por las mafias, sino también -y en escala masiva- mercancías producidas por las mismas empresas acusadoras, desde helados y dulces hasta periódicos, tarjetas de celular y lotería. ¿Cuál de esas empresas les paga salarios o prestaciones a los ambulantes por este servicio ideal de distribución de sus productos, que llega a cada esquina y funciona horas extras y domingos? De allí la ironía del reciente editorial de "El Tiempo" que pedía acciones para "desvertebrar las organizaciones que suministran los productos" a los ambulantes -incluyendo, imagino, los miles que venden el periódico todas las mañanas. Es el mismo doble estándar de quienes compramos el periódico, o los cigarrillos, o los dulces, o el perro caliente, o el televisor en San Andresito. Las soluciones al problema de los vendedores ambulantes, por tanto, son responsabilidad no sólo del Alcalde sino del empresariado y el comercio formales y de los ciudadanos que nos beneficiamos de la informalidad.

Pero tal vez el cuento más influyente sobre la economía informal es el que ha echado con tanto éxito el economista peruano Hernando de Soto, de visita esta semana en Colombia, desde la publicación de su libro "El Otro Sendero" a mediados de los años ochenta. Según de Soto, las ventas informales no proliferan por el desempleo o la pobreza, sino por la excesiva regulación estatal de la economía, que los informales -esos héroes del empresariado popular- se ven forzados a evadir para construir una economía ilegal que opera como un verdadero mercado libre. La recomendación del economista peruano es obvia: si se desregula la economía y disminuye el tamaño del Estado, la informalidad dismimuye y la economía crece. Se necesitaron quince años de desastre neoliberal para mostrar que, como era previsible, la desregulación de la economía recetada por de Soto provocó el aumento tanto del desempleo como de la informalidad a lo largo y ancho de América Latina.

Hechas las cuentas y superados los cuentos, la solución al problema comienza por hacer lo opuesto a lo aconsejado por de Soto, es decir, por regular el uso del espacio público y las ventas callejeras. La venta ambulante puede animar o degradar el espacio público, dependiendo de cómo se regule. La idea de un espacio público sin ventas ambulantes no sólo es aburridísima (¿qué sería del "septimazo" dominical sin los colores y olores de los puestos ambulantes?), sino también irreal. Ambulantes hay hasta en las calles más exclusivas del mundo: los vendedores africanos de carteras Louis Vuitton chiviadas ya prácticamente son parte del paisaje de la Quinta Avenida de Nueva York o los Campos Elíseos, y Las Ramblas de Barcelona no son sino un hermoso corredor de quioscos callejeros. Pero tampoco se trata de volver al modelo del despelote y la criminalidad rampante del antiguo San Victorino en Bogotá o del legendario Tepito en Ciudad de México.

La Alcaldía de Garzón va por buen camino, construyendo sobre las bases de lo logrado por las dos administraciones anteriores, pero distinguiendo entre la persecución de los peces gordos del contrabando y la piratería, y la concertación con los miles de vendedores que se rebuscan el diario en las calles. Bajo Mockus y Peñalosa se iniciaron experimentos valiosos que vale la pena profundizar, como los programas de reubicación en zonas comerciales viables, apoyados por la empresa privada y acompañados de créditos blandos y capacitación para los ambulantes beneficiados, quienes a cambio se formalizan y pagan un módico arriendo. Si el tan anunciado Plan Maestro de Espacio Público añade ideas de la Alcaldía actual como la construcción y regulación de casetas y la conservación de las más de 500 calles y plazas que fueron despejadas en años anteriores, tendríamos por fin un espacio público donde tanto pobres como ricos ejerzan su derecho a trabajar y vivir en paz.

* Investigador de DJS