De los avales y de otros desafueros de la oposición

La democracia es más que el ejercicio del poder por las mayorías. Más allá de la legitimidad de origen, la democracia requiere del respeto de los derechos de las minorías y del adecuado control del gobierno por parte de las otras ramas del poder público. El sistema de frenos y contrapesos es vital y siempre debe ser ejercido desde una lógica institucional.

La oposición política, en cambio, por definición se debe hacer desde una perspectiva de partido e ideológica. No es sólo porque es lo que se espera de ella, sino porque de otra manera sería inútil tanto para la tarea del examen permanente de la acción gubernativa como para la generación de alternativas futuras de gobierno.

La oposición, pues, no es sólo un derecho, sino un deber en la democracia. En consecuencia, los ejecutivos de turno deben proteger de interferencias indebidas el ejercicio de ese derecho. A los dirigentes de la oposición se les debe asegurar la vida tanto como su derecho a expresar sus opiniones, por vehementes y duras que ellas sean. El ejercicio dialéctico combativo, la confrontación política, son parte de las sociedades democráticas maduras.

La oposición, sin embargo, tiene límites y se debe ejercer con responsabilidad. La primera obligación debe ser la de renunciar a la violencia como instrumento político. La "combinación de las formas de lucha" es la negación misma de la democracia. Formas más sutiles de violencia, como las manifestaciones adornadas de vandalismo, saqueos y enfrentamiento con la fuerza pública, también deben ser desechadas. Por eso no habla bien que algunos dirigentes del Polo hayan salido a exculpar a los energúmenos que se "manifestaron" contra Bush y hayan preferido acusar a la Policía. No deja de ser curioso, además, que los mismos que se han negado a aceptar que en materia penal las responsabilidades son individuales y que no es debido generalizar ni establecer responsabilidades colectivas, decidan aceptar ese argumento porque ahora sí parece convenirles. La coherencia es fundamental para la credibilidad política.

Tampoco es parte del ejercicio democrático señalar a los contradictores como delincuentes. Piedad Córdoba, que con razón se quejó de los desafueros del lenguaje presidencial, se ha sumado al coro de los que han decidido calificar al Presidente de "paramilitar". Es decir, de asesino y mafioso. Si tiene pruebas, debe llevarlas a la Comisión de Acusaciones del Congreso, a quien corresponde investigar a los jefes de Estado. Si no, incurre en los delitos de injuria y calumnia.

La senadora debe también explicar otras cosas. Dice ella que no sabía que el foro al que asistía en tierra azteca había sido convocado por las Farc y el Eln, entre otros. Es por lo menos curioso que una parlamentaria tan curtida no se tome siquiera el trabajo de examinar quién la invita al exterior o de ordenar a su equipo que lo haga. Me pregunto si pagó ella por su viaje o si el mismo terminó siendo financiado con el dinero que esos criminales nos han robado a los colombianos.

La oposición tampoco puede ser a cualquier costo y debe anteponer los intereses nacionales a las mezquindades de la coyuntura política y a las ambiciones personales. Por eso será siempre reprochable pedir, como lo hizo Piedad Córdoba, que otros gobiernos rompan relaciones con Colombia. O que se nos aplique la Carta Democrática de la OEA, como solicitó Gustavo Petro. El daño de semejantes declaraciones, por hacerlas en el exterior y por venir de quienes vienen, es inmenso. Mucho trabajo ha costado reconstruir la confianza internacional en el país, para venir con tamañas irresponsabilidades.

En fin, resultó ingenua la Congresista. Como cándida fue cuando dio su aval a la candidatura única de Trino Luna a la gobernación de Magdalena. El caso, por cierto, tipifica bien la doble moral de algunos dirigentes de la oposición: critican al Presidente por recibir en la coalición de gobierno a algunos parlamentarios que ahora son imputados por vínculos con el paramilitarismo, pero olvidan a conveniencia que varios de ellos eran de su partido cuando ocurrieron los delitos de los que son señalados. ¿Habrá que recordarles que "avalar" es "responder por la conducta de otra persona, especialmente en materia política"?