Desacuerdo sobre lo fundamental

Álvaro Gómez Hurtado tenía como principal propuesta política, un acuerdo nacional sobre lo fundamental. En apariencia, se trataba de una tesis de Perogrullo, pues en la democracia el triunfo político conlleva un mandato mayoritario. Pero en realidad el planteamiento de Gómez obedece a una concepción profunda de la política, porque el consenso de una sociedad sobre sus principales asuntos, no sólo es un requisito para la convivencia armónica y el desarrollo sostenido. También es una aspiración esquiva para una nación de instituciones frágiles como la nuestra, y adicta a una ilegalidad que no respeta los acuerdos sociales.

En la superficie, Colombia parecería estar avanzando hacia una época de mayor consenso social. La obstinación nacional para someter a la guerrilla y el apoyo abrumador al Presidente, serían el hilo conductor de una mayor unidad de propósito, que en términos políticos podría interpretarse como un desplazamiento de la opinión pública hacia la derecha, y un reacomodo partidista con calado popular.

Sin embargo, esa lectura de la coyuntura histórica actual es engañosa, pues el consenso en realidad se limita a la búsqueda de mejoras en seguridad, para garantizar un crecimiento económico suficiente. Porque los desacuerdos sobre cómo resolver los principales problemas nacionales no sólo no están resolviéndose, sino que se agudizan, pues los intereses particulares y las necesidades de las mayorías se contraponen cada vez más.

Esas diferencias se dan en buena parte de los temas nacionales. Una mayoría de colombianos está de acuerdo con la necesidad de implementar una política económica que ayude a frenar la desigualdad, que además de negativa para el crecimiento económico, es un factor estimulante del conflicto armado. Sin embargo, el empresariado aboga por una reducción de sus impuestos, y por el incremento de la carga tributaria de los sectores medio y bajo.

Los ciudadanos que no obtienen beneficios directos del clientelismo político, que son la enorme mayoría, coinciden en la necesidad de enfrentar la corrupción y la politiquería. Pero la clase política, antes que recular, está envalentonada exigiendo mayor legitimidad y participación en el ámbito estatal. Desde los campesinos que siembran coca, hasta los afectados por la violencia del narcotráfico, pasando por los colombianos que sufren los rigores de una sociedad narcotizada, están a favor de replantear el modelo actual de lucha contra el narcotráfico, que no produce buenos resultados y es injusto con Colombia. Sin embargo, para Estados Unidos es políticamente conveniente mantener la política antidrogas actual.

Los objetivos de la política económica de un país con 30 por ciento de sus habitantes en la miseria y 50 por ciento en la pobreza, la corrupción en una nación asolada como pocas por la ilegalidad, y el factor más instigador de violencia, son algunas de las preocupaciones que a pesar de ser centrales para la vida colombiana, carecen de consenso sobre la manera adecuada para enfrentarlas. A estos temas habría que agregar otros sensibles como el problema paramilitar, el libre comercio, la concentración de poder presidencial, o el intercambio humanitario, entre otros.

La principal función de la política es generar consensos que permitan a las sociedades resolver civilizadamente sus diferencias y dificultades. Sin embargo, eso no ocurre actualmente en Colombia. Frente a los principales retos nacionales, el gobierno del presidente Uribe no sólo no está labrando consensos, sino que está tomando partido con los sectores minoritarios.

¿Qué explica que un gobierno se aparte de la voluntad de las mayorías frente a temas centrales de la agenda pública y logre mantener su apoyo popular? La primera explicación sería que los sectores minoritarios fueron decisivos para que Álvaro Uribe esté actualmente en el poder. Gran parte de los políticos, los empresarios, Estados Unidos, la Iglesia, los medios de comunicación, los militares, son la verdadera coalición uribista, y por ende el gobierno tiende a identificarse con sus puntos de vista, al menos en los aspectos más críticos para éstos. Lo que explica por qué esa situación no desencanta a las mayorías uribistas, es que los temas de seguridad y de crecimiento económico han sido señalados como la meta de la sociedad colombiana, y por tanto eclipsan a las demás preocupaciones de los ciudadanos. A esto se suma la habilidad política del Presidente, que ha sido determinante para generar, hasta ahora, un clima de aparente unidad en medio de la polarización.

Pero la explicación para la fragmentación de esta sociedad, y lo más importante, para el hecho de que ello no se manifieste pacífica y legalmente, es el sistema clientelista, que en ausencia de verdaderas instituciones, es a la vez el sustento y el tapón del sistema político colombiano. Porque la función del clientelismo es sustituir artificialmente la democracia, reemplazando las mayorías por clientelas que aunque reducidas en número, son determinantes por su insuperable capacidad electoral, obtenida mediante poder económico, armado y político, mitad legal y mitad ilegal. Lo que hace al clientelismo tan intocable en Colombia, es que funciona como vehículo no solamente de la clase política, sino también de los grandes intereses minoritarios, incluidos los ilegales. Lo que explica por qué está creciendo tanto, es que ahora puede disimularse detrás de la popularidad del Presidente, y aprovechar todo el nuevo arsenal de herramientas asistencialistas del gobierno, que con buenas intenciones populistas, pretende aumentar las masas clientelizadas, casi tanto como el Presidente venezolano.

Es una verdad incontrovertible de la política, que quien triunfa lo hace en representación de un sector de la sociedad. Pero también es un pilar de la democracia, que el gobernante debe representar los intereses de la mayoría. Por eso, cuando una sociedad logra conjugar ambas condiciones, alcanza altos índices de cohesión social que puede invertir en crecimiento económico y mejoramiento social. Mientras en Colombia no lleguemos a un escaso acuerdo sobre lo esencial, que incluya siquiera parcialmente el interés de las mayorías, no valdrán siete millones de votos para resolver la principal problemática nacional –la ilegalidad, que es el caldo de cultivo del clientelismo y la semilla de la violencia, y fruto de la ausencia de verdaderos esfuerzos por superar nuestro enorme desacuerdo sobre lo fundamental–.