El “embeleco” de las armas

El desarme es uno de los primeros y a la vez más complicados pasos tras el fin de un conflicto armado. Como lo demuestran estudios comparativos desarrollados por la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, el proceso es altamente desigual y nunca completamente satisfactorio. En algunos casos, la relación desmovilizado/armas entregadas es extremadamente baja (0.26 en Liberia), mientras que en otros es casi equivalente (0.93 en El Salvador). Las razones son muchas para discutir en este espacio, aunque podemos mencionar algunas: desconfianza en el éxito del proceso y el cumplimiento de los acuerdos, la seguridad de los antiguos combatientes y esquemas de desmovilización y reconciliación deficientes.

La reciente declaración de Andrés París en La Habana, en el sentido de que las FARC no harán entrega de armas, se suma a una larga serie de controversias en torno al proceso de paz. París señaló su preferencia por un modelo de posconflicto como el de Irlanda del Norte, en donde “las partes no entregaron las armas”. La referencia al proceso en Irlanda del Norte es completamente equivocada. Los acuerdos de Viernes Santo contenían disposiciones sobre el desarme (Decommissioning), entendido como la entrega o “eliminación verificada” de las armas por parte de todos los grupos armados (allá llamados paramilitares). En el punto 7 del Acuerdo “Todos los participantes…reafirman su compromiso con el desarme total de todas las organizaciones paramilitares” y se comprometen a trabajar para lograr esta meta en un periodo de dos años. Para acompañar el proceso se estableció la Comisión Internacional Independiente para el Desarme en agosto de 1997, y en junio de 1998 se publicó un Plan de Desarme.  

El incumplimiento de las metas se convirtió en un serio obstáculo a la construcción de paz. Los unionistas consideraban que el desarme era esencial para la construcción de confianza en el posconflicto e insistían en que de otra manera no era posible compartir el gobierno con los republicanos. La falta de progreso llevó a la renuncia de Trimble como primer ministro en 2001 y afectó también el proceso de “devolución” de poderes al restituirse temporalmente el “gobierno directo”.

Pese a fluctuaciones y dificultades, los primeros pasos hacia el desarme se dieron en abril de 1998 con la entrega de algunas armas por parte del LVF. Por su lado, el IRA adelantó el proceso en varias fases, a partir de octubre de 2001. Tras declarar en julio de 2005 “el fin de la guerra” y comprometerse a entregar el resto de las armas, el proceso culminó en septiembre de 2006 con el anuncio de la Comisión de que el IRA había completado el proceso de desarme. En febrero de 2010 hubo actos de desarme por parte del OIRA y el INLA. En 2010 se anunció el desarme del UDA en una base militar británica.

Es, pues, a todas luces incorrecto afirmar que en Irlanda del Norte los grupos armados no entregaron las armas. La ambigua declaración sobre su “silenciamiento” –compatible con la no entrega de las mismas– le hace un flaco favor al proceso de paz. Nada diferente del desarme, en el sentido amplio en que aquí hemos utilizado el término, favorece el proceso. Ello, por supuesto, permite explorar diferentes cursos de acción (entrega a una comisión internacional, destrucción verificada, etc.) que eviten, como señalaba la Comisión en Irlanda del Norte, crear la sensación de vencedores y vencidos. Este punto es importante en Colombia, donde pese a los desarrollos de la última década, el conflicto está lejos de resolverse mediante una victoria militar.

Por otro lado, el desarme deberá estar acompañado de garantías de seguridad que permitan la transición a la actividad política por canales institucionales. La existencia de sectores interesados en sabotear el proceso y de actores armados diferentes a las guerrillas, al igual que la historia de asesinatos y persecución de quienes han depuesto las armas y de sectores ideológicamente afines a ellos hacen de las garantías de seguridad una condición indispensable para consolidar una paz duradera.

*Director, Departamento de Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Javeriana.