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Opinión

  • | 2001/04/16 00:00

    El oso polar

    Detrás del oso polar de Rómulo queda, sin embargo, la sensación de que el ministro de Justicia quiere ser el próximo fiscal

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Dos veces, durante la semana pasada, los ministros del despacho se salieron del libreto.

Primero vino el oso polar del Ministro de Justicia. Sin consultarlo previamente con el Presidente, y en momentos en los que el Congreso deberá concentrarse en reformas inaplazables como la laboral, pensional y tributaria, introdujo un elemento de distracción lanzando al agua la propuesta de una reforma constitucional para reducir los poderes de la Fiscalía y para reformar el recién expedido Código de Procedimiento Penal, que está tan nuevo que ni siquiera ha entrado todavía en vigencia.

La propuesta del Ministro traía una moñona de consecuencias inoportunas. 1. En tres meses el país tendrá un nuevo Fiscal sacado de una terna elaborada por el Presidente, lo que no significa, porque la última palabra la tiene la Corte, que termine siendo un Fiscal de bolsillo de Pastrana. El caso Gómez Méndez es un buen ejemplo: elegido de una terna elaborada por Ernesto Samper, no se le ha despelucado un solo pelo de su independencia cuando le ha tocado tomar decisiones que afecten a los funcionarios o amigos de Samper. Pero también está claro que su sucesor no será un enemigo del gobierno Pastrana. Luego, ¿qué sentido práctico y político tiene ‘jalarle’ el tapete de esa manera al sucesor de Alfonso Gómez, a quien por cuenta de la propuesta de Rómulo podría corresponderle manejar una Fiscalía más parecida a una oficina de instrucción criminal?

2. Pero con el anuncio de su proyecto el actual Ministro de Justicia quedó, además, aliado con la oposición al gobierno, que ya está notificada de que no habrá un Fiscal de origen liberal. Irónicamente, la oposición ha anunciado que toma las banderas de Rómulo y que sigue adelante con el proyecto.

3. Pero lo más insólito de todo es que Rómulo estuviera pidiendo facultades para reformar un Código de Procedimiento Penal (presentado por el actual Fiscal. ¿Será eso lo que le chocó?) que el propio Ministro, en nombre del gobierno, revisó, estudió y al que le hizo valiosos e innumerables aportes.

4. La propuesta Rómulo de que la Fiscalía pase del sistema inquisitivo al acusatorio fue una posibilidad que ya había sido analizada y rechazada por la Constituyente del 91, que no consideró que este pudiera ser un sistema apropiado para un país latinoamericano.

El primero de los riesgos es el de que bajo este nuevo modelo el organismo realmente se politice. Esa Fiscalía que quieren el Ministro de Justicia, el Procurador y otros ilustres juristas nacionales sería un organismo adscrito no al Poder Judicial, como es ahora, sino al Poder Ejecutivo, y el Fiscal sería un funcionario elegido por el Presidente o por el Ministro de Justicia. Es decir, que los fiscales serían realmente funcionarios de bolsillo de los gobiernos de turno. ¿Qué tal ese esquema bajo el proceso 8.000?

En el sistema acusatorio, los fiscales no pueden decretar la detención de una persona; las pruebas que practican no tienen validez y hay que repetirlas en el juicio y sólo pueden decretar allanamientos con previa autorización judicial. ¿Esa es la justicia rápida y efectiva que queremos?

Pero, además, el sistema acusatorio requiere el establecimiento de los jurados de conciencia. ¿Está el país en condiciones de garantizar la independencia y seguridad de los ciudadanos que los integren?

Detrás del oso polar de Rómulo queda, sin embargo, la sensación de que el Ministro de Justicia quiere ser el próximo Fiscal y todo el ruido de la semana pasada tenía por objeto promocionarse como candidato. Y aunque el diario El Tiempo le ha pedido la renuncia, conociendo el almendrón lo más probable es que por ahora, y por cuenta de ese editorial, Rómulo se quede. No sólo como Ministro sino como candidato a Fiscal.

La otra falta de coordinación de la semana pasada se puso en evidencia cuando el Ministro de Trabajo salió a desautorizar la propuesta de su homólogo de Hacienda, asegurando que el reajuste propuesto por Juan Manuel Santos de 2,5 por ciento para los trabajadores del Estado “es ilegal”.

¿Qué presentación tiene que un ministro acuse a otro a través de los medios de comunicación de estar planteando cosas ilegales? ¿Para qué sirven los consejos de ministros? ¿En este gobierno hay consejo de ministros? ¿El Presidente preside ese consejo de ministros? ¿Y las conclusiones que allí se obtienen no son las que oficialmente deben ser presentadas a nombre del actual gobierno?

Ministros que hacen ruedas de prensa para anunciar reformas inconsultas e inoportunas que luego tienen que ser velozmente retiradas; y ministros que se acusan públicamente de estar haciendo propuestas ilegales a los trabajadores colombianos no contribuyen a la imagen compacta, coherente y disciplinada, en manos de un Presidente que manda, que debería proyectar el gobierno que nos ha tocado en turno a los colombianos.

Entretanto... ¿No les parece que el ministro Guillermo Fernández de Soto está cogiendo una inequívoca cara de candidato único del Partido Conservador?
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