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Opinión

  • | 1995/02/20 00:00

    EL PENDULO

    Colombia pasa siempre de un extremo a otro: por el mismo delito, hoy se pide el indulto y mañana la pena de muerte.

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A HORA RESULTA QUE HAY QUE VOLver a la extradición. Vivir para ver: ayer el cuento era que la gran maravilla consistía en perdonarles todo a los narcotraficantes a cambio de que se entregaran a la justicia, así el pago a cambio fuera una corta temporada en una cárcel de máxima (?) seguridad. No hay que tener ningún afán. Es cuestión de esperar, porque la opinión pública colombiana, de la mano de muchos de sus dirigentes, pasa de un extremo a otro del espectro de las emociones ante los temas más delicados del país.
Cuando se asesina a un dirigente importante, como Rodrigo Lara o Luis Carlos Galán, el país se enardece y pide a gritos la extradición. Pero cuando se mata a tres candidatos de un solo golpe y se fumigan con dinamita las principales ciudades del país, el clamor es por la eliminación de la extradición y por qué no, el perdón de los pecados. Es el efecto del péndulo, tan frecuente como peligroso. Entre otras cosas, porque ha sido justamente ese vaivén nacional el que ha impedido que se tomen decisiones estructurales en el tema neurálgico para la convivencia entre los colombianos: la justicia.
La historia reciente de Colombia en dos temas como el del narcotráfico y la guerrilla son ilustrativos de esa vida con movimiento de hamaca. El gobierno de Virgilio Barco le declaró la guerra al narcotráfico porque mataron a Luis Carlos Galán (o al revés, depende de cómo se mire) y la opinión pública se endureció y cerró filas en torno a la extradición. El embarque de colombianos a Estados Unidos se volvió una escena común, razón por la cual arreció el terrorismo.
César Gaviria llegó con una postura recia, apoyado por una opinión pública exigente en esa materia. Gaviria diseñó entonces la política de sometimiento, con la promesa de no extradición a cambio de la entrega de los delincuentes. Simultáneamente el país se ablandó ante el terrorismo y la Constituyente eliminó la extradición. Tras la fuga de Pablo Escobar se endureció Gaviria hasta el final de su mandato. Mientras esto ocurría, el fiscal De Greiff se ablandó y llevó hasta el extremo la rebaja de las penas para los narcos.
Las condenas para los delincuentes se volvieron tan ridículas que el país empezó a protestar por ese grado de complacencia con los hampones. Estos, a su vez, se envalentonaron de nuevo y urdieron un plan para matar al personaje más endurecido, el fiscal Alfonso Valdivieso, quien como respuesta pronunció la palabra mágica: extradición. Ahora se está caldeando de nuevo el ambiente y, a juzgar por el ruido del coro que aplaude esa medida, no sería raro que estuviéramos abocados a cometer la torpeza de reimplantarla, para ubicarnos de nuevo en el año 1982 y volver a andar el mismo camino.
En el caso de la guerrilla ha pasado algo similar en los últimos tiempos, específicamente en lo relacionado con el delito insignia de la Coordinadora Nacional Guerrillera, que es el secuestro. Después de un larguísimo período de permisividad, durante el cual se llegó a hablar incluso de calificar el secuestro como delito político, el Congreso apoyó la iniciativa de País Libre de hacer una ley dura y radical contra los secuestradores. Con mucha dificultad la norma se expidió, pero una vez sancionada a mucha gente empezó a parecerle demasiado dura y la Corte volvió añicos el esfuerzo y la ley se redujo a nada.
Como resultado obvio de lo anterior, el secuestro retomó su carrera con ímpetus renovados, hasta llegar al cuadro macabro que presentaron la gente de País Libre y los propios funcionarios del gobierno, ambientado con la insólita grabación de la conversación del guerrillero con la madre de un secuestrado, que es un ejemplo nítido de la bajeza a la que puede llegar el ser humano. Ahora, como reacción, se empieza hablar inclusive de pena de muerte para los secuestradores, en lo que puede ser la reanudación del círculo vicioso.
Una vez más estamos como al principio. El gobierno acaba de ordenar la creación de dos comisiones: una que va a analizar la blandura de la política de sometimiento, y otra que va a discutir qué hacer para conseguir las armas necesarias para combatir el secuestro. -
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