Un tema menor

Y es que cuando el doctor De la Calle y el resto de negociadores tuvieron la oportunidad de detenerse en el asunto del reclutamiento de niños y niñas durante los diálogos de paz, fijar un cronograma claro y exigir unos compromisos ciertos por parte de la guerrilla, prefirieron dejar las cosas como estaban para no incomodar demasiado, conformarse con un protocolo básico de devolución de los menores y dejar enmarcado el asunto en simples "medidas de construcción de confianza" sin poder vinculante y sin exigibilidad de por medio. No abordaron el tema de los niños con seriedad en el primer acuerdo y habiendo tenido la oportunidad de corregir el rumbo y por solicitud expresa de algunos representantes de las victimas, tampoco introdujeron cambios en ese sentido en el acuerdo renegociado. 

Aceptaron sin chistar la absurda condición de las Farc de retirar de todo el procedimiento al ICBF que desde 1999 hasta mediados de 2016 había atendido con éxito a unos 5.969 menores de edad víctimas de reclutamiento ilícito, para entregarle semejante responsabilidad a entidades internacionales que no tienen ni idea de este tema específico como la UNICEF. 

En buena hora, la directora del ICBF, Cristina Plazas, resolvió quitarse la venda de la boca y aunque al gobierno no le debe alegrar mucho, exigió hace unas semanas la entrega de todos los niños incluidos los de 15 a 18 años que también quedaron alegremente olvidados y dejados a su suerte en lo ‘pactado‘ entre el gobierno y las Farc. 

Por todo esto me parece de un oportunismo político subido que ahora salgan De la Calle y Jaramillo a rasgarse las vestiduras cuando lo cierto es que el de los menores siempre fue más bien un tema ‘menor‘.

La guerrilla, como en tantos otros aspectos, ganó en el del reclutamiento de los niños y ahora seguirá tomándole del pelo al país no solo en la nueva fecha estipulada para entregarlos sino en la magnitud del fenómeno que intentarán minimizar a toda costa para no verse tan comprometidos en uno de los crímenes que más repudia la comunidad internacional.

Lo paradójico es que son los asesores jurídicos contratados por esa misma comunidad internacional los que le han recomendado a las Farc bajarle el volumen a esta discusión y confundir concentración con entrega de menores para no darle demasiada importancia a lo segundo y terminar quedando todavía más en evidencia frente a un delito sistemático que cometieron por orden expresa de los máximos responsables de esa organización. 

Sería bueno que la Fiscalía nos recordara las cifras que reposan en su poder sobre reclutamiento de menores: casi 12 mil niños han estado en las filas guerrilleras desde 1979 hasta 2015 y el mismo ente investigador ha mencionado que entre quienes más han incurrido en la orden y ejecución de esta práctica se encuentran los miembros del secretariado y estado mayor conjunto de las Farc, "Iván Marquez", "Pastor Alape", "Pablo Catatumbo" y "Mauricio Jaramillo". Es obvio que por eso las Farc nunca quisieron comprometerse con este tema y lograron disimularlo al extremo de reducirlo a un gesto de buena voluntad; a una medida de construcción de confianza. 

Lo que no puede ser obvio ni parecernos normal es que el gobierno haya aceptado que se le restara importancia y ahora a punta de discursos improvisados, con tono firme impostado, venga a decirnos tardíamente que para ellos el asunto era fundamental.

Solo queda esperar a que llegue febrero. Creer, por última vez, que cuando todos los guerrilleros estén concentrados, las Farc devolverán por lo menos a algunos de esos menores que aunque habituados a cargar el fusil y a pesar de que parezcan otros matones más, son en realidad las peores víctimas del conflicto. 

Solo resta que con un poco de dignidad, el pueblo colombiano haga lo que el gobierno no fue capaz: pedirles cuentas a los dirigentes de las Farc por estos delitos que no solo están estipulados en el Estatuto de Roma o en el derecho internacional humanitario sino en el muro de la historia de las más horrendas infamias de la humanidad. 

Twitter @JoseMAcevedo