Dijo hace pocos días el presidente electo: “Vamos aquí (en Medellín) a tener, y es un anuncio muy importante, la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en la lucha contra el crimen y el narcotráfico”. Saltan a la vista varias cuestiones:
La primera es que, en la versión oficial de esa alianza, el Escudo de las Américas se concibe como un mero espacio de coordinación de políticas en materia de seguridad hemisférica, entre unos cuantos países vecinos y los Estados Unidos. Brasil y México, los más grandes de la región, no participan en ese grupo, indicio de diferencias profundas con quien ahora se atribuye poderes omnímodos. En eso consiste el “corolario Trump”.
Lo que ahora anuncia nuestro nuevo gobernante tiene un calado mayor que el anunciado por Trump y Rubio. Se trata de crear una entidad multilateral (sí, una más) cuya sede “principal” sería Medellín. El término usado es “convenio”, expresión que, en el contexto del anuncio, equivale a “tratado”. Esto significa que tendría que ser aprobado por los congresos de ambos países. Puede ser un proceso que tome años…
La segunda cuestión relevante es que el Escudo sería el mecanismo para darle alcance internacional a la política de Seguridad Nacional establecida por los Estados Unidos en noviembre pasado. Se pretende así que las conveniencias definidas por los Estados Unidos sean —también— las de América Latina. Como por “arte de birlibirloque”, MAGA es bueno para todos. Hagan de cuenta que equivale al bálsamo de Fierabrás que utilizaba don Quijote.
Y esta es la tercera. En ambos documentos se estipula que el gran enemigo es el “narcoterrorismo”, no meramente el “narcotráfico”. Son conceptos muy diferentes. Este refiere al tráfico o comercialización de narcóticos; aquel establece una identidad inescindible entre tráfico de drogas prohibidas y acciones terroristas. Nuestro presidente electo sin duda percibe que no puede validar la tesis del narcoterrorismo que a nosotros mismos resultaría aplicable. Por eso evita usar el término.
Como muchas veces sucede, las diferencias semánticas tienen implicaciones profundas. En efecto:
Los narcoterroristas son actores en una guerra internacional contra los Estados Unidos y, como en cualquiera otra, pueden ser dados de baja en su condición de combatientes, no importa dónde estén actuando, y sin que se requiera autorización del país desde el cual proviene la amenaza o acción terrorista. Las acciones defensivas de los Estados Unidos contra esos ataques pueden suceder en alta mar, en el mar territorial o en la superficie continental de cualquiera de los países productores de narcóticos. Es lo que está sucediendo.
En tanto combatientes en una guerra, los narcoterroristas carecen de los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la libertad; derrotar al enemigo es la esencia de las guerras (salvo que sean de almohadas). Su única protección es la que proviene del Derecho Internacional Humanitario.
Si han sido vencidos —y solo entonces— es menester respetar sus vidas y proveerles agua y alimentos; si flotan en el mar en condición de náufragos, deben ser rescatados. ¿Lo han sido? Según Trump, “simplemente vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país”, lo cual parece significar que “simplemente” esas personas carecen de derechos. Que no son humanos.
La llamada “extracción” de Maduro no fue, desde la perspectiva estadounidense, una guerra internacional contra Venezuela para destituir a un tirano. Se trató de una guerra, igualmente internacional, pero no contra ese Estado. Lo fue contra una banda “narcoterrorista” y su supuesto líder. Por no tratarse de una guerra entre naciones, la Administración Trump sostiene que podía actuar sin pedir autorización al Congreso, una posición muy discutible.
Al margen de ese debate jurídico, lo cierto es que esa “extracción” puede servir de precedente para agilizar otros casos de personas que se hallan procesadas en Estados Unidos. “Pedirlas en extradición es lento e inseguro, presidente; seamos eficientes”, puede ser el consejo que reciba el presidente al final de su juego sabatino de golf.
Nos queda una cuestión de fondo. ¿Cuál fue el proceso que condujo a que la política contra las drogas haya dejado de ser un tema policial —perseguir a unos delincuentes—, y de salud pública —tratar a unos adictos— para convertirse en una guerra internacional en sentido estricto?
En 2001, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas calificó como actos terroristas los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono; sostuvo, además, que ellos fueron financiados por traficantes de drogas. A partir de ambas afirmaciones, dio a entender que las acciones militares de los Estados Unidos en contra de Afganistán —albergue de Al Qaeda, autor de esos atentados— estaban justificadas en ejercicio del derecho de defensa previsto en la Carta de Naciones Unidas. Ambas afirmaciones son correctas: los ataques fueron terroristas; los recursos financieros y logísticos fueron provistos por mercaderes de estupefacientes.
Faltaba, sin embargo, un elemento fundamental para que Estados Unidos pudiese declarar la guerra a Afganistán: que no existían pruebas suficientes para imputar responsabilidad al Estado afgano. Sin embargo, en la resolución 1373/01, el Consejo de Seguridad dio a entender que los Estados Unidos podían actuar militarmente en el territorio de ese país sin declaratoria de guerra. Los efectos jurídicos y políticos de esta postura son enormes: antes teníamos dos modalidades de conflictos armados: las guerras entre Estados y los conflictos internos. Ahora tenemos tres, incluyendo las guerras internacionales contra el terrorismo, en virtud de las cuales los países atacados pueden actuar, con grados amplios de libertad, fuera de su propio territorio.
Aunque referido a una situación particular, el precedente de Afganistán fue utilizado para afirmar que la introducción de drogas ilícitas a los Estados Unidos es —necesariamente— una actividad terrorista. Esa es una afirmación falsa: no se registran ataques terroristas en los Estados Unidos realizados por extranjeros que introducen cocaína a ese país. Por ese motivo, a Colombia, y a otros países cocaleros, les pueden caer del cielo muchas desgracias o meros drones. No exagero: en realidad, constituye terrorismo lo que considere como tal alguno de los matones del barrio.
Todo esto lo digo para señalar que el presidente de la Espriella tendrá que superar obstáculos complejos antes de que en “la ciudad de la eterna primavera” se establezca la sede principal del Escudo de las Américas.
Briznas poéticas. Las palabras de Horacio Benavides son tan sutiles que se parecen al silencio:
Déjame oírte
cuando no dices nada
tu boca canta
lo que calla
Tu cuerpo desnudo
narra lo invisible
Déjame tocarte
Sin tocarte.