Hace tres décadas, Colombia tomó una de las decisiones más acertadas para su desarrollo económico: entender que el turismo no podía seguir creciendo a partir de esfuerzos aislados. La expedición de la Ley 300 de 1996 marcó un antes y un después. No fue simplemente una nueva norma; fue la decisión de convertir el turismo en una política pública con visión de largo plazo.
Treinta años después, los resultados son contundentes. El turismo pasó de ser una actividad incipiente a consolidarse como uno de los principales motores de la economía nacional. Solo en el primer trimestre de 2026 generó USD 3.146 millones en divisas, superando sectores tradicionales como el carbón (USD 1.222 millones) y el café (USD 1.396 millones), y se consolidó como el segundo aportante de divisas de la economía no extractiva del país. Detrás de esas cifras hay miles de empresas, millones de viajeros y cientos de municipios que encontraron en esta industria una oportunidad real de desarrollo.
Nada de esto ocurrió por casualidad. La Ley 300 creó la arquitectura institucional que el sector necesitaba. Dio origen al hoy Viceministerio de Turismo, creó el Fondo de Promoción Turística (hoy Fontur), impulsó la planificación desde las regiones mediante los Planes Sectoriales de Desarrollo Turístico, estableció el Registro Nacional de Turismo, organizó la prestación de los servicios turísticos y creó la contribución parafiscal que durante años ha financiado la promoción, la competitividad y la sostenibilidad del sector.
Más adelante, las reformas introducidas por las leyes 1101 de 2006, 1558 de 2012 y 2068 de 2020 fortalecieron la financiación del turismo, modernizaron la institucionalidad, incorporaron criterios de sostenibilidad, promovieron los destinos turísticos inteligentes, reforzaron la protección de los viajeros, los niños, niñas y adolescentes, y regularon las nuevas dinámicas del mercado, incluidas las plataformas digitales.
Pero el mayor logro de esta evolución normativa va mucho más allá de las instituciones creadas. Tras 30 años de vigencia, el verdadero mérito de la Ley General de Turismo ha sido institucionalizar un sector que históricamente operaba en la dispersión y la informalidad, y garantizar su trascendencia a lo largo de diferentes gobiernos. Además, su evolución normativa permitió descentralizar el desarrollo económico, convirtió al turismo en una herramienta clave para la generación de empleo, lo posicionó como el segundo aportante de divisas de la economía no extractiva y como una de las principales fuentes de desarrollo social para destinos que durante muchos años permanecieron invisibles para Colombia y el mundo.
Precisamente por eso, el aniversario de la Ley 300 no debe convertirse en una conmemoración más. Debe ser una oportunidad para preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para proteger uno de los sectores que más aporta al crecimiento del país.
El turismo vive una paradoja que merece toda nuestra atención. Mientras los indicadores de visitantes internacionales continúan creciendo, las empresas enfrentan una realidad mucho más desafiante. La disminución del precio del dólar, el incremento de los costos operativos, la inflación y la reducción de los márgenes de rentabilidad están afectando el turismo receptivo y emisivo. Las cifras macroeconómicas son alentadoras, pero la sostenibilidad empresarial exige mucho más que buenos resultados estadísticos.
A ello se suman retos que ya no pueden seguir esperando: fortalecer la seguridad turística, combatir la informalidad, recuperar espacios de articulación entre los sectores público y privado que hoy funcionan de manera limitada, mejorar la conectividad e impulsar infraestructura que responda al crecimiento de la demanda. Promover a Colombia en el exterior seguirá siendo fundamental, pero no será suficiente si no garantizamos condiciones de competitividad dentro del país.
Desde Anato hemos propuesto una hoja de ruta para el período 2026-2030 basada en tres prioridades: consolidar el turismo como una verdadera política de Estado, fortalecer la competitividad y la productividad empresarial, y acelerar las inversiones en infraestructura y conectividad. No son aspiraciones gremiales; son condiciones indispensables para que el turismo continúe siendo una herramienta de desarrollo económico y social para Colombia.
Los próximos treinta años no dependerán únicamente de nuevas leyes. Dependerán de la capacidad del país para proteger lo construido, adaptar la regulación a los cambios de la industria y mantener una visión de largo plazo. Porque el turismo ya demostró que no es una actividad complementaria de la economía. Es una industria estratégica que integra regiones, genera oportunidades y proyecta la mejor imagen de Colombia ante el mundo. El desafío ahora es seguir consolidando el rumbo que hace treinta años decidimos emprender.