¡Falta Grandeza!

Parecen haber perdido la chaveta buena parte de los líderes nacionales. Si seguimos sus consejos, la tormenta política por el vínculo de parlamentarios con grupos armados ilegales pasará a convertirse en una verdadera crisis institucional. En un par de semanas han disparado desde todos los ángulos y con munición pesada. Basta ver lo dicho:

El Polo predica asamblea constituyente, el ex presidente Samper propone un referendo para revocar el Congreso, SEMANA sugiere adelantar las elecciones y perdonar penalmente a los políticos responsables, Lucho Garzón lanza los pájaros negros de un posible golpe de Estado, Antanas Mockus pide la renuncia del Presidente y, de remate, Luis Carlos Restrepo decide meterse en los predios del Ministerio del Interior y abogar por la disolución de los partidos.

En las propuestas hay un poco de todo: unos quieren pescar en río revuelto; estos ven la oportunidad para ganar protagonismo; aquellos desean minar la gobernabilidad de Uribe o, si fuera posible, tumbarlo; los de más acá, en cambio, responden al deseo de alejar al Presidente de los vicios horrendos que han contaminado a los partidos de la coalición. Concedo que algunos, los menos, creen de buena fe que sus propuestas contribuyen a la superación del problema que nos aqueja.

Hay que repetirlo: el meollo es la vinculación de políticos con grupos armados ilegales. Conocemos ahora de la para-política y se empieza a saber de la farcopolítica y la elenopolítica. Con uno u otro signo político, lo cierto es que, por coincidencia ideológica o simpatía, o con el mero afán de aupar sus aspiraciones electorales, hubo quienes no tuvieron reparo en vincularse con los violentos.

Es ese cáncer que nos invadió, silencioso y progresivo, el que debemos atacar. Por eso he sostenido que la crisis institucional era la de antaño, con miles de violentos en armas, decenas de políticos apoyándolos y la justicia ciega, muda y sorda y siempre inoperante. Lo de ahora, con desmovilización y desarme, los nombres de los involucrados en la opinión pública, y la Corte y la Fiscalía, por fin, aplicadas en su tarea, es la salida. Por doloroso que sea el tratamiento, amputaciones incluidas, empieza a dar resultado. Estamos saliendo de la enfermedad.

Ese es el camino en el que debemos insistir: la administración de justicia en su tarea y alejada de la conspiración política, el gobierno concentrado en la suya y absteniéndose de interferir la función de los jueces, el Congreso en el estudio de las reformas legales que impidan que se repitan los mismos vicios del pasado. En otras palabras, hay que permitir que las instituciones hagan lo que les correponde. Hay que dejar que las cosas fluyan.

No ayudan, en cambio, ninguno de los planteamientos y ninguna de las propuestas reseñadas. Primero, porque no aportan, ni siquiera accidentalmente, a la solución del problema. Después, porque todas contribuyen a convertir la crisis política en una institucional. Todas generan zozobra, incertidumbre.

La constituyente es un salto al vacío. Sabemos cómo empiezan y nunca cómo terminan. A juzgar por lo que ocurrió en Venezuela, Ecuador y Bolivia, en general los resultados son mucho peores que la situación previa. Mientras deliberan los constituyentes, la inseguridad jurídica reina. Y la economía va al congelador. Inversión de primera. Además, ¿no se da cuenta el Polo de que en una constituyente se resuelven todos las dificultades legales y electorales que hoy tienen quienes impulsan la segunda reelección de Uribe?

La revocatoria y la elección anticipada no garantizan que el nuevo Congreso no repita los males de su antecesor. Para rematar, castigan a los parlamentarios que no están metidos en líos. Los otros, los emproblemados, son los que ya están fuera del Congreso.

La renuncia del Presidente no sólo no soluciona la para-política sino que nos sume en el caos. Con un mandatario con más del 80 por ciento de popularidad es, además, abiertamente peligroso, si se percibe forzada. Existe el riesgo de un levantamiento popular. O, ahí sí, de uno militar, con apoyo del pueblo.

La impunidad de los culpables tampoco es el mensaje adecuado, si de lo que se trata es de desestimular y sancionar a quienes deshonran la dignidad parlamentaria y traicionan el mandato de sus electores.

Y tampoco ayuda disolver los partidos, fundamentales en la democracia, cuando se trata de depurarlos y fortalecerlos. Los gobiernos no son de hombres, por buenos que sean, sino de equipos y partidos.

Así que, por Dios, a tomar aire, a serenarse, a ver más allá de la coyuntura, a pensar en el país y no en los intereses personales. Necesitamos grandeza y visión de patria. ¡Basta de irresponsabilidades!