Fiscal general y CIDH

Mediante comunicado de prensa del 13 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo seguir de cerca el proceso de selección del fiscal general de la nación: sostienen que la falta de designación en propiedad podría debilitar el sistema de justicia.

Advirtió que la Corte Suprema de Justicia estaba programada para concluir el proceso de elección el 7 de diciembre de 2023, sin éxito, dejando a la institución en la interinidad a partir de 12 de febrero. Dio cuenta de las movilizaciones sociales de la semana anterior, pacíficas, según las autoridades, aunque se registraron agresiones a periodistas; sin embargo, otras versiones llegaron a calificarlas de asedio y amenaza a la independencia de la Justicia.

Al final, “alienta” a la Corte Suprema de Justicia a cumplir su deber constitucional a la mayor brevedad posible. Así mismo, “insta” al Gobierno a garantizar las condiciones para que la elección se realice sin interferencias, bajo el precepto de imparcialidad. Finalmente, hace un llamado a todos a priorizar las instituciones democráticas.

Se comparten con la Comisión las reflexiones acerca del cumplimiento de los deberes constitucionales con las garantías de imparcialidad y autonomía, así como la inconveniencia de la interinidad en el cargo de fiscal general. Se podría decir que es un diplomático llamado de atención a la Corte Suprema de Justicia y al Gobierno Petro para que colaboren armónicamente en esta coyuntura, preservando mutuamente independencia y autonomía.

No obstante lo anterior, no deja de extrañar que el órgano consultivo internacional, encargado de promover la observancia de los derechos humanos y la consolidación de la democracia, dentro del respeto al principio de no intervención, paradójicamente, interfiere en los asuntos internos del Estado colombiano.

Se debe señalar que el cronograma de la Corte Suprema de Justicia (Acuerdo 2114 de 2023) indica que la elección del Fiscal tendrá lugar a partir del 7 de diciembre, no que se elegirá la persona en esa fecha. Los magistrados tienen derecho a votar en blanco, mientras que el Gobierno no tiene un derecho en cuanto a la elección de una de las personas de la terna presentada. No se trata de una prerrogativa gubernamental, como tampoco de un funcionario subalterno del Ejecutivo, como equivocadamente sostuvo el presidente hace unos meses.

Así mismo, el mencionado cronograma establece que quedó agotada la posibilidad de modificar o reemplazar la terna de candidatas. Entonces, una de ellas será fiscal general.

La eficacia de la Constitución, en buena medida, se debe al cumplimiento de los periodos y a la alternancia de los funcionarios que dirigen y componen los órganos del poder público, evitando o minimizando las interinidades o figuras ad-hoc, por razones políticas o no claramente justificadas.

Lo cierto es que el país está dividido y polarizado. Las declaraciones e incitaciones del presidente contribuyen a profundizar las diferencias. Ahora bien, el contexto de posible violación a los topes financieros de la campaña electoral y las investigaciones que adelanta la Fiscalía contra familiares y allegados al presidente indicarían intereses personales inaceptables en la elección.

Se equivocan quienes confunden ‘golpe blando’ con controles propios del Estado de derecho, así mismo quienes ejercen controles con propósitos partidistas o electorales.

En suma, la CIDH no debe interferir en asuntos internos de Colombia; la Corte Suprema de Justicia debe elegir prontamente al Fiscal General; el presidente no debe presionar la elección, más bien, en los procesos correspondientes, explicar la financiación de su campaña, y sus parientes y allegados explicar sus conductas; los funcionarios de órganos de control deben sustraerse de intereses partidistas; en fin, debemos permitir los pesos y contrapesos propios de la democracia.

Cita de la semana: “Hoy la corrupción y los sistemas que se emplean para elevarse en la actividad pública, los mantienen postergados. Pero son la gran reserva de la nación. En un momento determinado, aparecerán como grandes varones que orientarán el destino colombiano”. - Política y Corrupción (2000), Otto Morales Benítez.