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Opinión

  • | 2007/06/07 00:00

    Funerales en Asia… ¿fiestas en Colombia?

    Un alto funcionario de Japón se suicido por la presión de verse acorralado por una serie de hechos corruptos. También ocurrió que un chino que pertenecía al Gobierno fue expulsado de su partido por apropiarse de dineros públicos. ¿Qué ocurre en esos casos en Colombia?

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Por: Gina Romero R.
Directora de Proyectos
Corporación Ocasa


El último lunes de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 62 años quién se colgó de una puerta de su apartamento. Era nada más y nada menos que Toshikatsu Matsuoka, Ministro de Agricultura, Bosques y Pesca de Japón. Su secretario, quien lo había echado de menos en una reunión a la cual el mismo Matsuoka había convocado, fue a buscarlo a su apartamento y no encontró más que la escabrosa escena y una nota cuyo contenido aún nadie conoce.

No habría mucho de qué sorprenderse si asumimos que los suicidios son más bien comunes en la isla nipona, la cual cuenta con uno de los índices más altos de inmolaciones del mundo. Desde 1998 cada año más de treinta mil personas se quitan la vida, según datos de la policía.

Sin embargo, este caso causa un mayor impacto, y hasta sorpresa, al conocer que la probable causa del suicidio sea la fuerte presión a la que Matsuoka se vio sometido en los últimos días tras verse acorralado por una serie de hechos corruptos. De hecho, en las horas de la tarde del día en que decidió quitarse la vida tenía que responder a una comisión parlamentaria que lo había citado para hablar de las irregularidades de que se le acusaban.

La verdad es que el difunto no era una pera en dulce. A su haber tenía el cobro de facturas de electricidad por más de ciento setenta mil euros, a pesar de que en las residencias oficiales donde vivía los servicios públicos son asumidos directamente por el Estado; la no declaración de la donación a su campaña electoral de un poco más de seis mil euros recibida de un grupo de empresarios quienes, coincidencialmente, ganaron licitaciones públicas para la construcción de carreteras en zonas de protección natural; pagos directos por parte de más de 14 constructoras y una empresa maderera que participaron en diversos procesos de contratación asociados a su dependencia; la compra de botellas de agua de medio litro por más de cuarenta dólares; entre otros.

Una investigación tipo CSI se preguntaría sobre los móviles del presunto suicidio, más allá de el supuesto estado de ansiedad en que se encontraba el pobre (¿?) hombre. Es importante mencionar que es probable que el escándalo de corrupción al que estaba expuesto el gobierno por causa de las gracias de Matsuoka, entre otros, afecte las aspiraciones del Partido Liberal Democrático –PLD- en las próximas elecciones a la cámara alta de la Dieta (parlamento nipón) que se llevarán a cabo el próximo mes de julio. Sin embargo, si descartamos la conspiración (conocemos bien los colombianos que cuando un actor ilegal empieza a hablar –llámese corrupto, homicida, narcotraficante, o todas las anteriores - se lleva delante la honra de más de uno), qué nos queda. ¿Le habrá pesado la conciencia a Matsuoka? ¿Habrá temido el castigo social, judicial y penal al que hubiese sido sometido?

Otro caso de gran interés, y similar en algunas de sus características, se presentó esa misma semana en otro coloso asiático, China. El ex director de la agencia nacional de reglamentación de medicamentos y productos alimenticios, Zheng Xiaoyu, quien ocupó el cargo de 1998 a 2005, fue condenado a muerte por una corte en Pekín bajo el cargo de aceptación de sobornos, léase, por corrupto.

El señor Xiaoyu, cuyo cargo podría asemejarse al de un ministro en Colombia está metido en un lío monumental que tiene alcances internacionales. Entre otros, se le acusa de haber recibido más de seiscientos mil euros por emitir licencias a medicamentos (antibióticos en su mayoría) producidos por empresas farmacéuticas que no cumplían los estándares mínimos de calidad. Es muy probable que el uso de algunos de estos antibióticos haya causado la muerte a más de 10 ciudadanos chinos el año pasado.

Esto se descubre mientras que China trata de zafarse del grave escándalo internacional en el que se han visto envueltas empresas chinas de alimentos para gatos y perros que habrían estado contaminados causando la muerte a varias mascotas en estados unidos; así mismo, dentríficos y medicamentos contra la tos producidos en China han sido retirados del mercado por contener rastros de un anticongelante que le habrían costado la vida a más de cien personas en Panamá.

El señor Xiaoyu había ya recibido un castigo al ser expulsado de las filas de su partido, el Comunista, a principios de este año. Pero no era suficiente para la legislación china, que es bastante fuerte en estos temas. En el año 2000, por ejemplo, un vicegobernador y el vicepresidente del Congreso Nacional Popular fueron también sentenciados a pena de muerte por corrupción. Sentencias que fueron ejecutadas sin chistar.

Ahora bien, volvamos al país del sagrado corazón y encontremos las semejanzas. A parte de que el poder haya enceguecido a funcionarios públicos de alto rango quienes tomaron los bienes públicos como su caja menor (y mayor), no encontramos similitud alguna. Acá, no sólo los funcionarios corruptos no tienen conciencia (y, de paso, ni moral, ni vergüenza), sino que la legislación es lo suficientemente laxa como para que año tras año sanguijuelas de diferentes colores y con variados acentos desangren el país sin que les pase nada.

No estoy pidiendo la muerte a los corruptos (por mano propia, privada o pública), ni más faltaba. Traigo a colación los casos de Japón y China para abrir el debate sobre la forma en que Colombia lucha contra la corrupción. Es impresionante ver como personas con graves acusaciones por la comisión de hechos corruptos, apoyo a paramilitares, entre otros, siguen campantes en el ruedo político, recolectando votos y poder, sin sanciones ejemplarizantes por parte de sus partidos, cuando estos existen y no son simplemente coaliciones oportunistas pegadas con babas. Por otro lado, la rebaja de penas por cientos de minucias, preclusión de los cargos imputados, entre otros, impide que personas públicas en altas posiciones sean realmente castigadas por sus faltas.

Sería maravilloso que los colombianos, sobre todos aquellos que detentan la administración de lo público, temieran a la justicia y a sus propias conciencias. Sin embargo, esas dos no dependen de nosotros. En donde si podemos actuar es en la sanción social. De cara a estas nuevas elecciones, no premiemos a quienes nos han robado, en nuestra cara. Si hay algo que matar en este caso es la vida política de quienes no se merecen administrar el tesoro sagrado de todos nosotros, lo público, Colombia.

Nota: con información de EFE, Reuters, BBC, El Mundo y El País.


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