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Opinión

  • | 2017/08/25 22:58

    Gas en el Pacífico

    Uno de los proyectos de inversión más interesantes anunciados para el Valle del Cauca es el de la construcción de una planta de regasificación en Buenaventura. Sus atractivos son múltiples.

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Desde el punto de vista del sistema nacional de gas natural, representaría la introducción de un nuevo punto de entrada de este hidrocarburo, en la “cola” de la red actual, lo cual le incorporaría mayor robustez, confiabilidad y flexibilidad a la misma. Además, generaría un nuevo competidor para Ecopetrol (impedido de participar en el proyecto), que ejerce un dañino poder monopólico sobre el abastecimiento de gas en el país.

Para el Valle y Buenaventura, los beneficios serían aún mayores. Aparte de generar una fuente “local” de abastecimiento de este combustible, de dotar al puerto de la posibilidad de un servicio de gas eficiente (hoy se lleva comprimido en carrotanque), y de los empleos e impuestos que conllevaría, permite soñar con nuevos negocios y oportunidades vinculadas a la cadena de los hidrocarburos, prácticamente inexistente en nuestra región. Desde ya se plantea la posibilidad de una usina de generación eléctrica al lado de la de regasificación; pero se puede también pensar en industrias transformadoras de ese gas y en otras de manufactura intensiva en energía.  

El quid, como en todo proyecto, está en los costos y su financiación. En este caso, se incluyen la planta con su muelle y facilidades conexas, el gasoducto que conectaría a Buenaventura y Yumbo (lo más importante, con o sin planta) y, eventualmente, los ajustes al gasoducto Mariquita-Yumbo para que pueda llevar gas al interior del país. Las inversiones podrían alcanzar los USD 850 millones con una planta de 400 millones de pies cúbicos por día de capacidad (40 por ciento de la demanda nacional). Sin embargo, la ‘bidireccionalidad’ del gasoducto troncal se pudiera dejar para más adelante, y se podría pensar en soluciones iniciales más económicas como una unidad flotante de almacenamiento y regasificación.

El punto que ha generado más discordia en torno a la planta es el de quién o quiénes deben asumir su costo. En el caso de la planta de Cartagena, el costo lo asumen las termoeléctricas instaladas en el Caribe. Esto tiene mucho sentido, pues una particularidad del mercado de gas nacional es que (hasta ahora) solo se ha presentado escasez de gas en épocas de Niño, pues en esos momentos el parque térmico debe compensar las restricciones en materia hídrica. Por ende, en el Caribe, la planta la pagan sus directos beneficiarios.

En el caso del Pacífico, la situación es más compleja. De una parte, se requieren más inversiones, pues no existe infraestructura de transporte. Además, el parque térmico del interior es bastante más limitado, con lo cual difícilmente podría absorber por si solo la cuantiosa inversión requerida. Cargarle la planta y la infraestructura conexa, vía regulación, a la demanda del interior redundaría en un aumento del costo del gas para hogares y empresas. Poner al regulador, que no al mercado, a qué decida si los costos compensan o no los beneficios y quiénes los deben asumir no es lo óptimo.

Dentro de esta disyuntiva, surge una posible solución que responde no a la discrecionalidad del regulador sino a las fuerzas del mercado. TGI, empresa del Grupo de Energía de Bogotá y operadora del sistema de transporte de gas del interior, preocupada por la rápida declinación del campo de Cusiana, el mayor del país, propone asumir a riesgo la construcción de la planta. Esta es una alternativa, sea o no con TGI, que todos debemos respaldar.

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