Justicia por su propia mano: ¡No!, aún cuando reine la anarquía

Solo viendo los noticieros que reportan el estado de indefensión en el que se encuentran los usuarios de Transmilenio en Bogotá, me “hierve la sangre” y me pasa por la mente la reacción que hubiese tenido si estuviera en ese momento, cuando un ladrón roba el celular a una joven en la última silla de este medio de transporte masivo, ¿cómo será el sentimiento de los que padecieron “en vivo y en directo” esa escena? Hasta un médico cirujano sacó su bisturí con el que salva vidas humanas, para tratar de repeler el ataque y la huida del ladrón.

El estado de indefensión se configura cuando las circunstancias de una persona la imposibilitan para satisfacer una necesidad (su seguridad) por causa de una actuación desarrollada por un gorrón particular (cleptómano), en este caso, que le hurta los bienes a los desarmados ciudadanos.

La anarquía reinante en materia de seguridad en el Distrito Capital es absoluta, porque no solo se comprueba en Transmilenio, también en la Avenida El Dorado frente al cementerio Central, donde le roban el espejo del carro en un abrir y cerrar  de ojos, o en la décima, o en la Jiménez, o en Ciudad Salitre, o mejor; en toda la capital.

Entre estos elementos fluye un círculo vicioso desde la negación de un hecho notorio y público, la falta de intervención inmediata de las autoridades de policía y la blanda o nula aplicación de la justicia, pues los jueces en la mayoría de los casos, no cuentan con una denuncia mediante la cual deben impulsar un proceso penal tendiente a una condena y su posterior sanción.

Ante una situación confusa del cumplimiento de nuestros deberes y de la reclamación de nuestros derechos, en la que los ciudadanos afectados deben interponer las denuncias penales para obligar al Estado a investigar y castigar al delincuente, y como consecuencia, perfilar políticas públicas de seguridad y convivencia que satisfagan la urgente necesidad de protección de los ciudadanos y sus bienes, y en la que también tenemos el derecho de reclamar una reparación integral; nos quedamos pasivos.

Cada ciudadano afectado por un hurto, por un daño en su vehículo ocasionado por un hueco en la vía, y en general, por la acción u omisión de las autoridades públicas, puede demandar al Estado, en este caso al Distrito, para que responda patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. Así nos otorga ese derecho a ser reparados por la inactividad de quienes son pagados por nosotros y que permiten los daños que se nos causan, tanto la Constitución Política como las normas administrativas. El Estado, una vez condenado a pagar un daño, tiene la obligación de repetir contra el servidor público que lo generó.

El Estado también responde cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos.

Exhorto a todos los ciudadanos afectados por la falta de seguridad a reclamar la reparación material y moral de los daños que Transmilenio les causa por la ineficiencia en la protección de los usuarios del sistema. No importa el valor de su celular, lo que interesa es el precedente judicial que se sienta, el que a futuro le servirá a todos los bogotanos.

Pero también oriento a las personas de bien, como el valiente médico cirujano de Transmilenio, para que no ejerzan, muy a pesar del hervor,la justicia por su propia mano, porque se debe conservar, al momento del acto, el grado de conciencia y lucidez para percibirse que se está cometiendo una conducta punible, y que la ira o el intenso dolor tan solo son atenuantes de una sanción, más no eximente de responsabilidad.

Esa ira o intenso dolor, debemos transformarla en ciudadanos activos que ejercen sus deberes y reclaman sus derechos.

(*) Abogado Constitucionalista.