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Opinión

  • | 2017/08/30 10:11

    La minería criminal también quiere impunidad

    ELN, Clan del Golfo y demás protagonistas de una actividad ilegal que arrasa territorios y esparce muerte y violencia en Antioquia, se mantienen en pie de lucha contra un decreto que exige acreditar la procedencia lícita del oro.

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En un país como el nuestro, donde resultan cada vez más vagas las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre lo bueno y lo malo, lo tolerable y lo que no, hay delincuentes y criminales que se atreven a realizar paros y protestas. Hacen paros los cultivadores de coca -culpables de la irreparable destrucción de 200.000 hectáreas al año de bosque andino y selva amazónica-, los saqueadores del sistema de salud, los contrabandistas y hasta los grupos armados ilegales, entre muchos otros.

Ahí está otra vez Segovia, más de 40 días de parálisis, con los protagonistas de la minería ilegal y criminal alentando entre bambalinas otro paro prolongado, violento e irracional, como los que desatan cada vez que el Estado genera una respuesta para detener y contrarrestar su acción devastadora sobre el territorio y su escalada de violencia y de muerte para apropiarse de las rentas del oro.

Antioquia es el mayor productor de oro del país. Aportó 23.605 kilos en el año 2015, 43,52 por ciento de la producción nacional y tan solo en el primer trimestre de este año exportó 295 millones de dólares. Hay oro a lo largo y ancho de su territorio hasta el punto de que 80 por ciento del mismo está en solicitud de licencias.

El departamento padece con mayor gravedad que en el resto del país la tragedia de la minería ilegal y criminal. En 2016 Colombia produjo 1,99 millones de onzas troy de oro y solo el 13 por ciento provenían de explotaciones formales. 87 por ciento de la explotación es obra de la delincuencia que ha destruido y sigue arrasando territorios en varios municipios.

Conviven en la explotación grandes empresas, mineros ancestrales de familias dedicadas por generaciones a la extracción, mineros artesanales -barequeros y chatarreros-, que trabajan bajo procesos manuales- y el huracán  incontenible de los que desarrollan la minería ilegal y criminal, que no respetan restricciones ni límites, penetran minas legales, invaden fincas a sangre y fuego, desplazan propietarios y logran llevar hasta lugares de casi imposible acceso las grandes maquinarias de una industria infernal que destruye el territorio y contamina con mercurio, ríos y fuentes de agua.    

La Gobernación divulgó recientemente un estudio que señala que Antioquia es el territorio más contaminado por mercurio en el mundo, y que la minería criminal utiliza entre 100 y 120 toneladas de ese elemento cada año.

La situación más grave se vive en el bajo Cauca donde han arrasado 450.000 hectáreas.  Y es donde resulta más notoria y potente la acción de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, que participan en la minería criminal y al mismo tiempo regulan o se apoderan mediante extorsión y chantaje de rentas de los demás actores.

En el año 2012 el Gobierno se vio casi rendido ante la evidencia de que nada servía para detener esa devastadora fiebre del oro en ese departamento donde en cualquier región es posible encontrar maquinaria de gran tamaño destruyendo territorios y cuyo decomiso era inútil porque ni la Gobernación ni los municipios tienen el ingenio ni los recursos necesarios para llevarlos a otros lugares. Fue entonces cuando surgió la solución de decretar la destrucción in situ de lo hallado. Tres operativos para dinamitar maquinaria desataron un paro minero violento en Antioquia, en el cual se comprobó la contratación por los ilegales de delincuentes y sicarios que generaron desórdenes, caos y destrucción.  

En Remedios y Segovia hay 193 títulos mineros legalmente otorgados, 195 minas clandestinas y unos 500 socavones. El gobierno adelanta en los últimos años con los mineros ancestrales y artesanales un proceso de formalización de su actividad. Ya se han legalizado 36 unidades de producción minera, que benefician a cerca de 2.500 trabajadores.

Durante el último año las autoridades desataron la Operación Creta, la más grande contra la minería ilegal en Antioquia, en la cual participan más de 1.300 efectivos de la Policía y el Ejército y gracias a la cual lograron cerrar o destruir 216 minas ilegales. Es una acción importante pero todavía insuficiente para contener a los miles de ilegales, muchos de los cuales, tras ser desalojados, están dispuestos a todo para recuperar sus corredores ilegales y para meterse de nuevo a las minas.

Pero la razón de fondo del paro actual es que la minería del oro produce alrededor de 4 billones de pesos al año en Antioquia y el pasado 27 de julio empezó a regir el Decreto 1102, que exige a los mineros acreditar la procedencia lícita del metal, mediante certificación de origen, lo cual deja por fuera de la actividad a las compraventas y a todos los actores ilegales que se resisten, con todos los medios a su alcance, a ceder su participación en un negocio donde hay minas que llegan a producir 1.000 millones de pesos al día. En una Colombia en la cual los cultivadores de coca ahora son inimputables y donde se garantiza impunidad a culpables de crímenes de lesa humanidad, dirán que están en su derecho. Y si contratan a los abogados apropiados hasta podrían lograr que se les respete. Con rango constitucional.

@germanmanga

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