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Las Farc no se quieren suicidar en primavera

Las Farc se oponen al plebiscito porque son conscientes de su impopularidad y saben que en las urnas, los colombianos les pueden presentar las innumerables facturas pendientes en relación con el terrorismo.

Semana.Com
9 de marzo de 2016

La más reciente encuesta bimestral de Gallup señala que 91% de los consultados tienen una imagen desfavorable de las Farc, una constante en casi todos los estudios de opinión durante los últimos años en Colombia, en los cuales solo los venezolanos Maduro y Chávez les han superado en el ranking de mayor rechazo de la gente en el país.

Por eso hay que considerar, con mucha atención, que junto con los complejos temas pendientes en las notas de pie de página que acumula lo  acordado hasta la fecha en La Habana –zonas de reserva campesina (cuánta tierra les darán y bajo qué régimen jurídico), participación en política, las realidades de la justicia transicional en juicios y penas- el plebiscito sea la principal fuente de incertidumbre y de escepticismo acerca de si el proceso llegará a buen término.   

Timochenko e Iván Márquez han dicho que “no es la vía política ni el instrumento jurídico-constitucional adecuado”, que se trata de una medida unilateral del gobierno, que no fue consensuada en la mesa de conversaciones, que es  un mecanismo “muy débil” y  que no tiene fuerza vinculante. El presidente Santos les respondió hace pocos días con una declaración igual de categórica: "Lo que se firme en La Habana lo someteré a plebiscito, les guste o no a las Farc".

Es evidente que el propósito del gobierno de cumplir el compromiso que adquirió con los colombianos de someter el eventual acuerdo a la aprobación popular y garantizar estabilidad y solidez política a lo acordado, choca con el anhelo de las Farc de contar con seguridad jurídica para sus dirigentes y militantes y con espacios firmes para integrarse a la política.  

A la hora de ponerse en los zapatos del otro –ejercicio aconsejable en un proceso como el de La Habana-  es comprensible que las Farc quieran eludir a toda costa el escrutinio y la voluntad de la ciudadanía. Si hubiera que ilustrar la falta de sensibilidad y de inteligencia política que las caracteriza, bastaría recordar la masacre de 11 soldados en abril de 2015 en Buenos Aires Cauca, en pleno proceso de paz. O las recientísimas  jornadas de “pedagogía de la paz” en Conejo, (La Guajira)  a donde se presentaron con 300 hombres uniformados y armados , o la de Buenos Aires (Cauca) a donde los dirigentes llegaron, sin inmutarse, a bordo de un carro que había sido robado a mano armada a un ciudadano, pocos días antes.

Las Farc son conscientes de su impopularidad  y saben que al acudir a la urnas los colombianos les pueden presentar, de un solo golpe, las innumerables facturas pendientes que acumulan en relación con secuestros, atentados, masacres, niños en la guerra, minas antipersona, minería criminal más las relativos a la zozobra  que han ocasionado con las escaladas terroristas, los aplazamientos y las declaraciones desafiantes y afrentosas a lo largo del proceso de paz. Es ilustrativa al respecto la respuesta de Iván Márquez a un reportero de Blu radio: “No nos llama la atención el suicidio en primavera”. 

Por eso se empeñan a fondo en lograr los mejores resultados posibles en lo que obtengan en la mesa de negociación y en presionar la refrendación de los acuerdos  a través de una Asamblea Constituyente, una ruta menos azarosa, cuyos resultados, ni por asomo sonarían a derrota o a claudicación, daría enorme proyección y amplitud a sus propuestas y además les garantizaría presencia y quizás futuro en la política.  “Ellos buscan hacer su revolución a través de una Asamblea y por eso hemos dicho que no es una opción” dijo en su rotunda negativa el Presidente Santos.

Esa es la encrucijada en la que estamos. Sin considerar que la ley que definió el plebiscito está siendo revisada por la Corte Constitucional,  si se respetara la fecha anunciada para la firma de los acuerdos –algo que la propia dirigencia de las Farc da por descartado- habría hasta el 23 de marzo para resolver estos asuntos que definen, ni más ni menos,  la nueva realidad política, económica e institucional del país en el ya muy trillado “escenario del posconflicto”, una tarea de tan inmensa complejidad que podría explicar otro resultado de la mencionada encuesta de Gallup: 80% de los consultados consideran que el 23 de marzo no habrá acuerdo final (únicamente el 17% ve posible que se logre) y  57% creen que las negociaciones de La Habana van por mal camino.

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