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Opinión

  • | 2017/06/03 08:00

    Cerco político a la Corte Constitucional

    El pasado fin de semana el gobierno nacional hizo públicos 20 decretos con fuerza de ley, uno de los cuales crea lo que podría llamarse “justicia fast track”, ejerciendo presión sobre la Corte Constitucional para que tome decisiones apresuradas.

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En un acto que envidiaría el difunto “comandante eterno” Hugo Chávez, quien nunca tuvo en sus manos un poder tan grande como el que por cuenta del proceso de paz ahora tiene el presidente de Colombia, en un hecho realmente insólito el gobierno nacional hizo públicos 20 decretos con fuerza de ley que entran a reformar y reglamentar temas que implicarían cambios constitucionales de fondo por la vía del procedimiento ordinario, pero que en ejercicio de facultades extraordinarias, el ejecutivo ahora pretende imponer rompiendo el equilibrio de poderes al pasar  por encima del congreso  y de la misma rama judicial.

Uno de los decretos es el 889 del 27 de mayo,  mediante el cual el presidente de la República “autoriza” a la Corte Constitucional a suspender los términos de los procesos ordinarios de constitucionalidad que cursen ante la Sala Plena, cuando esta considere que así se justifica, para que priorice el control automático, único y posterior de constitucionalidad de los decretos dictados por el propio presidente en desarrollo del proceso de paz con las FARC. Este decreto viene a complementar otro dictado por Juan Manuel Santos en enero de este año (decreto 121 de 2017) mediante el cual acortó los términos dentro de los cuales los magistrados de la Corte Constitucional deberán sustanciar y decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y reformas constitucionales aprobadas vía “fast-track” por el congreso.

En plata fina el gobierno modificó el reglamento interno  de la mismísima Corte Constitucional para que decida “rapidito” si los decretos por él dictados se ajustan o no a la constitución. Estamos entonces frente a un nuevo y exótico “fast-track” judicial, que se suma al “fast-track” legislativo, diseñados ambos para cumplirle a toda velocidad a las FARC, que en contraste sí cuenta con todas las posibilidades para ir a su propio ritmo, haciéndose los de la vista gorda en su compromiso de devolver a los menores que aún están en sus filas,  solicitando prórrogas para desarmarse y para acomodarse por mucho tiempo en las zonas donde están concentradas, en la cuales aún controlan el negocio de la coca. Razón tuvo el valiente alcalde de Medellín Federico Gutierrez Zuluaga, quien sentó su protesta frente a la ventajosa posición de las FARC cuando se negó a asistir a un foro organizado por el expresidente Samper, argumentando que no se sentaría junto a Pastor Alape por considerar, que de hacerlo, compartiría tribuna con el  representante de una guerrilla que quiere hacer política sin haber dejado las armas.

Por el bien de Colombia y por la supervivencia del Estado de Derecho, muchas de las reformas estructurales que ahora están siendo impuestas de afán, tendrán que ser tumbadas por la Corte Constitucional, institución que como nunca antes en su historia es hoy objeto del más encarnizado juego político donde el gobierno y  sus aliados en el congreso están buscando elegir “magistrados a la medida”,  que  garanticen la aprobación de cuanta norma sea necesaria para satisfacer a las FARC.

Los hechos que en esta semana rodearon la elección de la nueva magistrada del alto tribunal generan mucha preocupación,  pues a juzgar por la manera en que el gobierno y sus aliados celebraron como “triunfo político” dicha decisión del congreso,  estamos frente a la mayor concentración de poder en la historia de nuestro país, con una rama ejecutiva que reforma el estado por decreto, un Congreso que lo faculta para ello y una Corte Constitucional obligada a aplicar justicia “fast-track” para legitimar los cambios, a cambio de no ser señalada como “enemiga de la paz”.

*Ex viceministro de justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.   

@ceballosarevalo

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