Homofobia e Instituciones: Realismo trágico

Vivimos indignados. Por la incompetencia de nuestra clase política corrupta, por el pájaro que le habló al presidente vecino, por el gol que botó el futbolista de moda. Pero la indignación se acaba cuando el político ofrece un puesto [sobre el que probablemente habrá que pagar tributo], cuando la empresa estatal del país vecino paga 3 veces más por el producto que le vendemos o cuando el muchacho de peinado europeo [que supone que su peinado lo vuelve europeo] hace templarse la malla.

El asunto del matrimonio entre parejas del mismo sexo mantuvo a nuestros pensadores locales muy indignados durante esta semana. Las calles se inundaron de ciudadanos iracundos que buscan que el Estado colombiano reconozca el derecho al matrimonio de la población homosexual. En esas mismas calles estaban los iracundos ciudadanos que se oponen también a la posibilidad de tener matrimonios de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersex (LGTBI).

Mientras tanto, en el Congreso se escuchaban argumentos débiles y radicales a favor y en contra de esta iniciativa legislativa. Por un lado la valerosa y conmovedora posición de una madre de familia que apoya a su hijo en su búsqueda por acceder a un seguro de vida de su antiguo excompañero y que dotó a los honorables y no tan honorables asistentes de argumentos emocionales, en los que dejó claro que la condición sexual no impide acceder a la educación superior en Colombia ni el mundo. Por otra parte un exquisito profesor, especialista en oratoria camandulera y con dificultades para pronunciar los estudios que avalaban su preocupación por la “enfermedad homosexual” y el cumplimiento de los preceptos de la Iglesia Católica.

Lamentablemente ninguna de las intervenciones resultó contundente, aunque sirvieron para alentar a las turbas enardecidas. Para 2010, países como como Colombia,  no reconocen el derecho al matrimonio pero sí ofrecen garantías civiles, como el cobro de la pensión de jubilación en caso de viudez. En la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe no existen grandes iniciativas legales ni sociales para equiparar derechos entre personas de todas las tendencias sexuales. También existen otros países con posiciones a favor de esta lucha social, a los que suponemos parecernos, que enfrentan debates públicos igual de complejos y violentos como Francia y Estados Unidos.

La situación de vulneración de los Derechos Humanos de este grupo social [LGTTB, LGTB, LGTBI] sigue presentando dificultades, pese a que la Corte Constitucional ha desarrollado amplia jurisprudencia, principalmente en materia de derechos de las parejas del mismo sexo, la discriminación en razón a la orientación sexual y a la identidad de género. El asunto más preocupante para algunos representantes de esta comunidad, es que los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia, son irrespetados y no existen garantías para el ejercicio de sus derechos, en tanto las autoridades judiciales y administrativas aplican las leyes sin tener en cuenta las particularidades de esta población.

Dada esta situación es importante reconocer que el asunto es mucho más complejo de lo que se ve o se siente. Está claro que el Doctor Ordóñez, Armandito y Roy van a las mismas fiestas a bailar porro y practicar sus pases. También está claro que cada uno responde a sus electores, financiadores o contrapartes. En medio de las rechiflas se dice que es el colmo que Colombia no apoye el matrimonio homosexual porque somos un país canalla y medieval. Lo cual es cierto al tener en cuenta que las cifras sobre la concentración de la tierra, las prácticas políticas y la estructura económica así lo demuestran.

También se dice que somos un país atrasado y camandulero que no va para ningún lado porque más del 80% de la población se ubica dentro del catolicismo o alguna de sus vertientes. Y no es que seamos malos o brutos, sino que tenemos un sistema de valores propio, en el que poco existen los matices y en el que no todos tenemos acceso a información que nos permita comprender que es el matrimonio igualitario, un transgenerista o un intersex.

Pretendemos hacer revoluciones ruidosas mientras en el campo bolean machete, motosierra y miniuzi sin tener en cuenta las particularidades propias de la población diversa [el principio de la igualdad se materializa en que todos somos vulnerables a la violencia]. Así nos enfrascamos en discusiones semánticas y filosóficas en las que es difícil perderse porque mientras se defienden a los homosexuales se ponen en duda o se malinterpretan las prácticas de los indígenas o los afrocolombianos.

La Constitución del 91 está llena de buenas intenciones que no han logrado materializarse. El acceso  democrático de todos los grupos políticos a la democracia colombiana y los hechos ocurridos con la Unión Patriótica o el Derecho a la Consulta Previa y el avance de proyectos agroindustriales o minero-energéticos así lo demuestran; hacer las leyes, como conseguir plata rápido, es lo menos difícil en Colombia.

La discusión seguirá en el aire. Con el matrimonio entre personas del mismo sexo no se garantizará que la sociedad colombiana acepte y legitime la adopción de niños, entendiendo esto como el siguiente propósito en la lucha por la igualdad de derechos. Primero habrá que lograr que los polis, los jueces y tod@s comprendamos el eje de la discusión central sobre los homosexuales en Colombia. Y esa es, en gran parte, la más importante responsabilidad de sus abanderados y representantes.

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Panta rei

El ministro Rengifo anunció recientemente, que se espera lograr un avance positivo en las regiones del país, como consecuencia del incremento para 2012 de los recursos provenientes de las regalías del sector de hidrocarburos y minería (10,54 billones). A pesar de esto, no se conoce todavía un informe que permita conocer la actual situación en materia de fortalecimiento institucional y articulación de las diversas entidades locales, nacionales y regionales que harán posible que la locomotora minero-energética ande con responsabilidad ambiental, eficiencia fiscal y alta capacidad de la administración pública colombiana.