JEP: la certidumbre de la verdad

Es doloroso superar un conflicto interno de más de 50 años, pero, por muy doloroso que parezca, es necesario saber la verdad sobre lo ocurrido para que la guerra no vuelva, para que no se repita.

Como muchos asuntos de este país, la guerra fue otra peste que no importó, en cambio si la padecieron millones de campesinos que soportaron durante  décadas la muerte y el azote que derivó en cientos de miles de muertos.

Salir de ese dolor de la guerra implica, entonces, asumir la responsabilidad de tomar la decisión de capotear la verdad como sociedad, y la mejor herramienta es La Justicia Especial Para la Paz (JEP). Un mecanismo que dará luces para zanjar pacíficamente las controversias y, al mismo tiempo, despejar las sombras que aún perviven y que no han dejado que el país, victimizado, perdone.

La JEP es la certidumbre de la verdad que desde las cofradías del poder se pretende erosionar en oposición a las víctimas que son más de ocho millones y que buscan que esa verdad, y nada más que la verdad, sea el memorial que le dará significado a su  propia tragedia.

Empero, no sólo las víctimas depositan sus esperanzas en ese mecanismo excepcional, apelar a la JEP es un escenario al que muchas personas vinculadas al conflicto armado piensan acogerse y, si cumplen con los requisitos, sin duda lo harán. Cómo no hacerlo si ello les representa escapar  a la cárcel; cómo no hacerlo si con su declaración ayudan al esclarecimiento de estos infames hechos que produjeron la guerra. El 80 por ciento de los condenados por razones del conflicto saben que si no abrazan los principios de la JEP ello les implicaría pasar el resto de sus vidas entre cuatro paredes y alejados de sus familias. Saben, por ejemplo, que el Acuerdo Final establece “…decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno (…) que supongan graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones a los derechos humanos”. Pero saben, además, que  evitarían en el futuro que la Corte Penal Internacional y el Estado colombiano los persiga por el resto de su existencia. También saben que esta es una alternativa que no pueden despilfarrar.

Es cierto, en toda Justicia Transicional, como ocurrió con Justicia y Paz, hay un grado de impunidad, pero es el precio que se paga por recomponer pacíficamente un país. Por recomponer su verdad. 

Ahora, es evidente que se equivocan quienes imaginan esta Justicia Transicional como un tribunal de segunda instancia para revisar sus condenas. Eso no es posible, todos los condenados –Militares, Policías, guerrilleros y civiles, incluidos los exfuncionarios- tendrán que decir la verdad y cumplir con las exigencias que impone la JEP so pena de pagar 20 o más años de cárcel.

Colombia ha tenido por años una justicia sesgada, controlada por los poderes establecidos, que dicho sea de paso son el origen de su grave crisis. Crisis que taladró la confianza del ciudadano de a pie al punto en que ya no cree en sus tribunales y menos en sus propios jueces. Esta  justicia obsoleta no es la indicada, como es obvio, para asumir la responsabilidad de superar el conflicto.

En mi opinión, la JEP será el principio del fin de la justicia bajo el dominio del poder político y económico, que a su antojo pone y quita magistrados, que neutraliza y estigmatiza a los jueces que imparten justicia con equidad. La JEP, sin duda, acabará con el mito de la “justicia pa´los de ruana”, porque al tribunal de paz tendrán que ir muchos encopetados. De los resultados de la JEP se debe derivar, necesariamente, una reforma estructural del aparato judicial que ya no da espera. En este proceso hay que incluir, sin objeciones, a La Fiscalía, utilizada, en muchos casos, como instrumento de control político y  protección de privilegios.   

@jairotevi